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El Ministerio de Energía, a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha contratado a una firma británica para la realización de un estudio y análisis de los costes de integración de nueva potencia renovable al sistema eléctrico español en función del grado de interconexión con Europa.

El pasado 6 de junio, el Gobierno invitó a seis compañías para que realizasen una oferta para adjudicarse este trabajo. Estas son: Bain & Company, DNV GL, Ecofys, Frontier Economics, FTI Cnsulting y Pöyry Management Consulting UK.

De estas seis firmas, solo presentaron oferta dos: DNV GL y Pöyry. Finalmente, la consultora de origen finés Pöyry, a través de su filial de consultoría británica, se adjudicó el contrato el pasado 17 de julio por 326.700 euros. FTI Consulting se ha excusado alegando un posible conflicto de intereses, mientras que Bain & Company se ha excusado al no tener disponibles los recursos técnicos adecuados en las fechas propuestas. No se ha recibido respuesta de Ecofys ni de Frontier.

El Ministerio de Energía no ha respondido a la petición de este diario de cuáles son las causas de pedir este informe y que no lo hayan hecho desde el propio IDAE o el Ministerio.

Pero lo que sí se sabe es la intención del Gobierno de no hacer más renovables e incluso incumplir el objetivo de renovables del 27% para 2030 si no se consigue aumentar la capacidad de interconexión eléctrica con Francia.

El Ministerio de Energía así se lo hizo saber a la Comisión Europea en su respuesta a la nueva directiva de renovables que tiene que ser aprobada en Bruselas.

El Gobierno asegura que “el objetivo debe mantenerse en el 27% y no debe haber objetivos nacionales vinculantes”. Existe ahora una propuesta para alcanzar un mayor objetivo pero el Gobierno da la sensación de que no quiere hacer muchas más renovables. Y encima quiere que el objetivo no sea vinculante, así no tendrá la obligación de cumplirlo.

Basa su argumento en que España necesita tener más interconexiones si quiere más renovables en el mix eléctrico. “Para establecer las contribuciones nacionales, los Estados miembros tendrán que considerar su nivel de interconexión y su trayectoria de acuerdo con los planes de energía y clima. Un país con pocas interconexiones como España no puede comprometerse a alcanzar un nivel de renovables igual que un país con interconexiones”, aseveró el Ministerio en el comunicado a Bruselas.

Esta fue la manera de presionar de Álvaro Nadal en la reunión del Consejo de Energía de la UE. Pedir más interconexiones si se quiere hacer más renovables. Algo que no obtuvo mucho éxito. El silencio de Francia ante esa propuesta dejó en evidencia al ministro Nadal.

Justo el proceso para adjudicar este informe se inició el 6 de junio, unos días después de que Rajoy anunciara a bombo y platillo la segunda subasta de renovables del año y que este Gobierno apoyaba a las renovables.

Unos 15 días después fue cuando el Ministerio de Energía envió el documento contra la directiva de renovables.

Es de suponer que este informe de Pöyry por el que se pagan 300.000 euros se enviará a Bruselas para que conozcan los datos y así poder presionar a la Comisión Europea.

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