Podemos acusa a las comercializadoras eléctricas de inflar los recibos de la luz

El grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha registrado una proposición no de ley para que el Pleno del Congreso debata sobre la necesidad de que la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia (CNMC) incoe una investigación sobre irregularidades en la facturación de la energía eléctrica.

En la iniciativa, recogida por Europa Press, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea denuncia que España presenta uno de los precios más elevados de los países de su entorno, ya que la electricidad para sus hogares es la cuarta más cara de toda Europa, según datos de Eurostat.

En este sentido, señala que el incremento desde el segundo semestre de 2013 hasta la segunda mitad de 2014 ha sido del 4,1%, frente a un incremento del 2,9% en el conjunto de la Unión Europea y del 2,7% en la zona euro, debido a factores como el déficit de tarifa, los elevados costes de distribución o las prácticas "oligopólicas" de las eléctricas, entre otros.

Respecto a las deficiencias de facturación de los peajes de acceso, el real decreto de 2011 por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, estipula que los peajes de transporte y distribución serán aprobados por el Gobierno en la forma que reglamentariamente se determine y tendrán el carácter de máximos.

Por ello, según Unidos Podemos son importes "únicos y aprobados por el Gobierno, no por las comercializadoras, las cuales estarían gravando por encima de esos máximos y por tanto incurriendo en una ilegalidad".

Además, agrega que "de ningún modo las empresas comercializadoras deberían añadir ningún coste adicional a lo establecido anteriormente por el Gobierno".

SENTENCIAS JUDICIALES

En este mismo sentido se han pronunciado las instancias judiciales, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictaminó en sentencia de mayo de 2012 que no cabía estimar recurso contencioso-administrativo de una empresa comercializadora a una resolución de la sección de Atención a las Personas Usuarias de la Dirección General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalitat.

Explicitaba que la facturación del término de potencia es un coste regulado de tal forma que su aplicación, o no aplicación, "no depende de lo que puedan acordar las partes contratantes, sino que es de aplicación obligatoria".

Igualmente, la citada resolución añade que la aplicación y traslado a la facturación de las modificaciones de la cuantía de este coste regulado tampoco puede ser objeto de acuerdos contractuales sino que las sucesivas variaciones deben trasladarse a la facturación de la totalidad de los clientes eléctricos, incluidos en el mercado libre, puesto que se trata de unos porcentajes fijados reglamentariamente.

EXCESO DE FACTURACIÓN

Respecto a las deficiencias de facturación relacionadas con el uso de maxímetro, estas vienen de nuevo por un "exceso de facturación", apunta Unidos Podemos en su iniciativa. Según reguló el real decreto de 2001, el control de la potencia demandada se realizará mediante la instalación de los correspondientes aparatos de medida que registrarán la potencia cuarto horaria máxima demandada en cada período tarifario, punta, llano o valle del período de facturación.

Existiendo ya el instrumento de control de la potencia máxima y, por lo tanto la potencia a facturar, las comercializadoras estarían facturando de igual modo el 100% de la potencia contratada, incurriendo en un "incumplimiento claro" de la normativa legal.

De igual forma, el grupo parlamentario de Unidos Podemos recuerda que un reciente estudio de Facua-Consumidores en Acción ha descubierto que las ofertas de las compañías pueden llegar a encarecer el recibo de la luz hasta un 26,2% y que si el usuario tiene derecho al bono social, el incremento de la tarifa puede dispararse hasta el 68,2%.

Por ello, pide que la CNMC investigue también las "posibles trampas" que algunas de las empresas comercializadoras de energía eléctrica estarían empleando para hacer creer que sus ofertas son más ventajosas que el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), cuando "en realidad en todos los casos analizados los recibos del usuario medio lejos de abaratarse se habrían visto encarecidos".