El acuerdo alcanzado entre Podemos e Izquierda Unida por el cual concurrirán unidas en una misma candidatura en las próximas elecciones del 26J afectaría de lleno a los intereses del sector eléctrico, sobre todo el de las grandes compañías que dominan el mercado, Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa.
Este martes las dos formaciones presentaron un documento con sus 50 pasos para gobernar juntos y precisamente (no es casualidad), su política energética está situada en el primer punto del documento.
En él dan a conocer el Plan Nacional de Transición Energética, una medida de Podemos a la que Izquierda Unida se suma sin problemas ya que ambas formaciones piensan muy parecido en esta materia.
“El desarrollo de este Plan tiene como objetivo la modernización económica, la eficiencia empresarial y un sistema energético totalmente descarbonizado para 2050, en consonancia con el acuerdo climático de París. Debe ir encaminado a mejorar la eficiencia energética de nuestro modelo productivo y de consumo, y a reducir su consumo global de energía, reducir el coste del factor energía para empresas y hogares, disminuir las emisiones de CO2 así como la factura importadora de combustibles fósiles”, asegura el documento.
Según ambas formaciones este plan debe ir acompañado además de otros dos planes:
1) Plan Nacional de Ahorro Energético: orientado a la mejora de la eficiencia energética y a la reducción de consumo energético en edificios, pero también en el transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. La columna vertebral de este plan será la rehabilitación energética de viviendas y edificios de la Administración, que debería permitir recolocar parte de las personas paradas que vienen del sector de la construcción.
2) Plan Nacional de Energías Renovables: centrado en tecnologías como la solar fotovoltaica y térmica, eólica, geotérmica, pequeña hidroeléctrica y biomasa de baja emisión. Este plan debe incluir todos los eslabones en la cadena de investigación, desarrollo, fabricación e instalación.
Pero para llevar a cabo el Plan Nacional de Transición Energética es necesaria una reforma en la que se incluyan una serie de medidas que afectan directamente a los ingresos de las grandes compañías eléctricas. Estas son las que piensan llevar a cabo si finalmente forman un gobierno tras el 26J:
● Una auditoría de la deuda acumulada por el déficit de tarifa y una auditoría de costes de todo el sistema (además, se reclamará ante la Justicia la cantidad cobrada en exceso por las eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia).
● El establecimiento de controles efectivos para impedir prácticas oligopólicas y específicamente la integración vertical. (En este punto faltaría explicar un poco más cómo quiere realizar estos controles, si reforzando la CNMC o qué).
● La modificación del marco regulatorio y del mercado eléctrico de modo que todas las fuentes de generación de electricidad reciban una retribución basada en los costes reales de producción. (Esta medida sí afectaría de lleno a los intereses de las eléctricas ya que los denominados winfall profits desaparecerían y buena parte de sus ingresos).
● La aprobación de una legislación del autoconsumo de modo que a) la energía autoconsumida instantáneamente quede libre de cualquier tipo de imposición, b) la energía vertida al sistema eléctrico sea justamente retribuida por la empresa comercializadora, c) los trámites administrativos sean ágiles, d) se permitan instalaciones compartidas. (Aquí no ha cambiado nada respecto a la postura de antes de ambas formaciones)
● Adopción de medidas para la reducción del precio de la energía para la industria (especialmente las electrointensivas) en consonancia con los 3 principios de la transición energética defendida (renovables, ahorro y eficiencia, cogeneración) y de transparencia tarifaria (auditoría de costes). (Aquí faltaría concretar qué tipos de medidas quieren tomar, aunque por lo visto en los últimos cuatro meses, pretenden cambiar el sistema de interrumpibilidad eléctrica con alguna rebaja fiscal o a través de una reducción de peajes, por lo que conllevaría una caída de los ingresos del sistema).
● La sustitución progresiva del uso de energías fósiles por energías renovables, garantizando en todo caso una transición justa de los empleos hacia nuevos sectores no contaminantes. (Este punto es uno de los que está dando más quebraderos de cabeza a la formación morada ya que no se han puesto de acuerdo en qué hacer con el carbón. En estos últimos cuatro meses han aprobado iniciativas que apoyan a la minería y otras que no lo hacen. Lo que no se ha visto por ningún lado es un plan de reindustrialización para la minería. Aquí IU lo tiene muy claro y siempre ha mostrado su apoyo al carbón).
● El cierre definitivo de la central nuclear de Santa María de Garoña y la no extensión de los permisos de operación para el resto de centrales nucleares en funcionamiento, de modo que todas ellas estén cerradas en 2024. (En este punto están totalmente de acuerdo, pero para poder llevarlo a cabo tendrán que demostrar con qué se va a sustituir. En principio, quieren con renovables, pero no hay que olvidarse de que han de tener estas un respaldo. Solo quedan ocho años para esto, el tiempo corre en su contra)
● La recuperación por parte del Estado de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones a empresas privadas caduquen. (Ataque directo a las grandes eléctricas propietarias de las centrales. El problema es que los contratos de estas concesiones se desconocen)
● Se prohibirá el uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking) y de las prospecciones de hidrocarburos en el litoral. (Ambas formaciones apuestan más por otras vías para reducir las importaciones de crudo).
Otro de los grandes puntos del documento es el dedicado para contrarrestar la pobreza energética. “Establecimiento de una tarifa por tramos sociales para combatir los cortes de agua y la pobreza energética que afecta a 1,4 millones de hogares. Un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado cuya tarifa se fijará en función de la renta. El mínimo vital de suministro de agua es 60 litros al día según la Organización Mundial de la Salud. Creación de un bono con una tarifa gratuita para todas aquellas personas que no tengan ingresos y otra súper reducida para las que se encuentren en situación de pobreza y/o exclusión social”. (¿Quién va a costear estos gastos? Esta respuesta es lo que le falta a la medida. Vía presupuestos o cómo).
Asimismo, ambas formaciones quieren impulsar la “aprobación de una Ley de Cambio Climático orientada a la consecución de los objetivos del Acuerdo de Paris del Clima que transversalmente regule de forma previsible, coherente y estable todas las políticas involucradas. Esta ley incorporará objetivos ambiciosos para 2030 con una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 55% como mínimo, una generación con energías renovables al menos del 45% y del 40% de reducción en el consumo de energía respecto a 1990. El Plan de Transición Energética contemplado en el apartado de “democracia económica” debería garantizar que en 2050 el 100% del consumo energético proceda de fuentes renovables. Impulsar una fiscalidad verde que desincentive los consumos más contaminantes. Se introducirán igualmente los criterios de adaptación y mitigación al cambio climático en todas las políticas de forma transversal, con acciones para aumentar la resiliencia de las ciudades y los ecosistemas. Potenciar una política forestal de repoblación con especies autóctonas y el desarrollo del efecto sumidero. Se derogará con carácter inmediato la Ley 11/2014 y el RD 183/2015 que modifican la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, de forma que se restituyan los pilares rectores de precaución y prevención, y el principio de que “quien contamina paga” y que contaminar no sea rentable”.
Teniendo en cuenta los anteriores programas que presentaron las formaciones al 20D, se podría decir que IU se ha subido al carro de Podemos y da el visto bueno a las propuestas energéticas de la formación que lidera Pablo Iglesias.
Por ejemplo, la nacionalización de alguna de las grandes eléctricas del país, una medida que lleva IU-Unidad Popular, ni se menciona en el documento.
En definitiva, estas son las medidas que afectarían a la política energética de un posible Gobierno de izquierdas. El cambio de modelo sería sustancioso. La unión de ambas formaciones podría llevarles a ser la segunda fuerza, por delante del PSOE y en caso de que no hubiese votos suficientes entre PP y Ciudadanos, el sector eléctrico sufriría un vuelco importante. Veremos qué pasará.
Un análisis de Ramón Roca, director del Periódico de la Energía.
0 comentarios
Pues a mi me parece de los más acertado el primer punto: Plan Nacional de Ahorro Energético.
Para una subparte del cual, sector eléctrico viviendas, la mejor medida estaba incluida en el programa de IU para el 20D: tarifas por tramos.
https://jorpow.com/2015/12/16/analisis-y-valoracion-de-los-programas-electorales-en-el-ambito-energetico/