Portugal combate la pobreza energética con tarifas sociales automáticas

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Antonio Costa.
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Portugal combate la pobreza energética con una tarifa social que se aplica de forma automática a las familias con rentas más bajas, para aliviar la carga que les supone pagar las facturas de luz y gas en el país con los precios de la electricidad más altos de toda Europa.

Mientras que en España el Gobierno quiere redefinir el concepto de consumidor vulnerable y rediseñar el bono social de la electricidad, el Ejecutivo portugués alteró sus tarifas sociales para la luz y el gas en junio, cuando estableció que esos descuentos se aplicarían de forma automática a los beneficiarios, sin necesidad de solicitarlos.

Con esta medida, que entró en vigor ya en julio, el Gobierno del socialista António Costa buscaba ampliar el número de beneficiarios de estas tarifas, aplicadas desde 2010 para la electricidad y desde 2011 para el gas, pero que alcanzaban a un número de consumidores muy inferior al esperado.

El anterior Gobierno, de signo conservador, ya alteró los criterios iniciales para ampliar el acceso, pero los números seguían siendo bajos porque era necesario solicitar el descuento a la compañía, lo que fue subsanado este año por el actual Ejecutivo.

“De acuerdo con la Dirección General de Energía, tenemos más de 690.000 familias que ya se benefician de la tarifa social de la electricidad. Antes del cambio no llegaban a 100.000”, explicó a Efe Natalia Nunes, responsable del gabinete de apoyo al endeudamiento de Deco, la principal asociación de consumidores de Portugal.

La cifra actual supone más del 10 % de los clientes domésticos de Portugal.

En el caso del gas se ha pasado de unos 15.000 beneficiarios a 31.000, números mucho más bajos que en el mercado de la electricidad porque en Portugal el acceso al gas natural es muy reducido.

“Sólo en las grandes ciudades como Lisboa, Oporto y poco más existe acceso al gas natural. Todavía tenemos muchos consumidores que utilizan la bombona de gas. O los propios edificios y las urbanizaciones son abastecidas por gas propano”, señaló Nunes.

Las tarifas suponen un descuento del 33,8 % respecto a los precios de referencia del mercado regulado en el caso de la luz y del 31,2 % en el del gas.

Ambas se aplican a los clientes “económicamente vulnerables”, con unos ingresos anuales inferiores a los 5.808 euros para un agregado familiar de un individuo, es decir, alguien que recibe menos del salario mínimo, que en Portugal está en 530 euros mensuales.

El límite se incrementa en tramos del 50 % por cada miembro adicional que no percibe ningún ingreso, ya que si dos personas de la familia tienen ingresos, aunque sean inferiores al tope establecido, no pueden beneficiarse de la medida, un detalle que a ojos de Deco debe ser mejorado.

“Estas son las restricciones de la ley. La aplicación automática es muy positiva, pero la ley necesita algunos cambios para que se aplique de forma efectiva a todas las personas en situación de dificultad”, consideró la responsable de la asociación.

La tarifa social también se aplica a los consumidores que reciben ciertas prestaciones sociales, como el complemento solidario para ancianos, el ingreso social de inserción o el subsidio social de desempleo, aunque en estos casos la factura debe estar a nombre del beneficiario de la prestación.

Portugal, que todavía siente los efectos de una crisis que le mantuvo tres años bajo el rescate financiero de la troika, es el país europeo con el precio más alto de la electricidad y del gas en función del poder de compra, según datos de Eurostat.

Para algunas familias, estos precios suponen dedicar más del 10 % de sus ingresos mensuales a la factura de la luz, según Deco.

“Estamos ante una situación de pobreza energética cuando se dedica más del 10% de los ingresos a la electricidad. Se ha iniciado el debate sobre este tema, pero tendrá que continuar en el futuro para que todos los consumidores tengan acceso de verdad a la electricidad a precios que consigan pagar”, defendió Natalia Nunes.

Por el momento, ya ha sido anunciado que los precios de la electricidad subirán un 1,2 % en 2017, la menor subida de los últimos diez años y por debajo de la inflación prevista.

En la práctica, la subida supondrá un aumento de 0,57 euros para una factura media mensual de 46,7 euros, según la Entidad Reguladora de los Servicios Energéticos lusa.

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