PP y PSOE acuerdan que las comunidades autónomas puedan aumentar la protección del bono social

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El PP y el PSOE se han comprometido con la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) a permitir que las comunidades autónomas puedan aumentar los supuestos y el alcance de la protección de los consumidores vulnerables en materia de pobreza energética en el marco de la reforma del bono social.

Así lo ha anunciado la portavoz de APE, Maria Campuzano, tras haberse reunido en el Congreso con el portavoz de Energía del PP, Guillermo Mariscal, y la del PSOE, Pilar Lucio, a quienes ha presentado las alegaciones de la organización al proyecto de real decreto que regula el bono social, define el concepto de consumidor vulnerable y la paralización de los cortes de suministro, acordado entre ambas formaciones el pasado mes de diciembre.

Campuzano ha explicado que ambos grupos parlamentarios se han comprometido a que la reforma del bono social no vaya en perjuicio de que otras legislaciones autonómicas puedan ser “más ambiciosas” en la protección de los consumidores vulnerables.

De esta forma, ambas formaciones estarían dispuestas a incluir una disposición adicional y otra final propuestas por APE en la que se establece que la norma asegura una garantía mínima de protección pero “no implicará la prohibición de que los entes autonómicos puedan aumentar los supuestos y el alcance de la protección a los consumidores vulnerables en materia de pobreza energética”.

También establece que se aplicaría de manera “supletoria” cuando no se haya aprobado una normativa autonómica al respecto.

Asimismo, Campuzano ha explicado que han pedido al PSOE, que se ha comprometido a incluir todas las alegaciones de APE en las que presentarán los socialistas, una mayor implicación para que ejerza una “mayor presión” sobre el PP, ya que ambas formaciones fueron las que pactaron la reforma del bono social.

Por su parte, el PP solo se ha comprometido al punto referido a que las CCAA puedan ir más allá de la ley del bono social en la protección de consumidores vulnerables, y responderán al resto de peticiones la próxima semana.

La portavoz de APE ha criticado que el proyecto de real decreto “no responde a las situaciones de pobreza energética actuales”, ya que la definición de vulnerabilidad contempla criterios de renta que “dejan a la mayoría de la población fuera”.

En esta línea, ha alertado de que las medidas solo se circunscriben a los consumidores del mercado regulado, cuando hay 14 millones de usuarios en el mercado libre, más de la mitad del total, que “no estarán protegidos ni tendrán descuentos (del 25% al 40%) ni protección”.

Por ello, APE pide que se amplíe al mercado libre o que el paso al mercado regulado sea “automático”, así como incluir el principio de precaución en la norma.

También reclaman una legislación sobre pobreza energética que aborde las situaciones de vulnerabilidad en el caso del pago de las facturas de gas y agua.

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