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El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado instar al gobierno autonómico a exigir la titularidad y gestión públicas de las infraestructuras de distribución eléctrica, ahora en propiedad de la eléctrica Endesa, así como establecer un nuevo IVA reducido para el precio del gas y la electricidad domésticos.

Las Cortes hacen esta petición en una proposición no de ley, presentada por IU, en la que manifiestan su preocupación por el “desorbitado aumento del precio de la energía eléctrica y el encarecimiento de los costes en España”.

La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Podemos, PAR, CHA e IU, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP.

Estos dos grupos han rehusado votar a favor precisamente por ese punto de la iniciativa en el que se defiende que la electricidad es un servicio público esencial que debería estar sujeto a titularidad pública.

De hecho, desde Ciudadanos el diputado Javier Martínez ha censurado que la portavoz de IU, Patricia Luquin, haya intentado “colar de tapadillo” su ideología cuando lo que hay que hacer es “liberalizar el sector de verdad” y buscar las interconexiones internacionales del mercado eléctrico, así como propiciar el autoconsumo.

Así, las Cortes piden al gobierno que defienda los intereses de las familias, consumidores y usuarios de energía eléctrica e implemente cuantas medidas sean necesarias para ayudar a las familias con necesidades afectadas por el aumento del precio de la energía.

El Parlamento aragonés exige también el cambio del marco legislativo para que la producción, distribución y comercialización de la electricidad estén al servicio de la ciudadanía y posean un carácter social, incluyendo mecanismos que primen el ahorro y penalicen el consumo ineficiente y garantizando que las tarifas no sean objeto de mercado.

Finalmente, se exige al gobierno del Estado la elaboración de un nuevo Plan Energético Nacional que apueste por las energías renovables y reduzca el precio de la energía eléctrica y al de Aragón que actualice el Plan Energético de Aragón 2013-2020, al haber quedado obsoleto e incumplible.

Luquin ha aceptado introducir una enmienda del PSOE para exigir también al Estado que lleve a cabo un auditoría independiente sobre los costes integrados en la tarifa energética para conocer realmente cuánto cuesta producir energía eléctrica.

Luquin ha enfatizado que en esta “gran estafa” cinco empresas controlan el 90 por ciento del mercado, obteniendo cantidades “ingentes” de beneficios que ha calificado de “pornográficos, escandalosos y obscenos” y que incrementan en un 46 % la factura.

“El sector eléctrico no es un negocio, es un servicio público y habrá que empezar a abordar la capacidad de recuperarlo desde lo público”, ha precisado.

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