Rentabilidad (ir)razonable para las renovables

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Pablo Toral
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Alertaba Ortega y Gasset de cómo a veces “el río abre un cauce y luego el cauce esclaviza al río”. El déficit de tarifa se ha convertido en ese cauce que somete, hasta esclavizar, al  sistema eléctrico. La Ley del Sector Eléctrico culpa al déficit de tarifa de haber “impedido garantizar un marco regulatorio estable, necesario para el correcto desarrollo de una actividad como la eléctrica muy intensiva en inversión”. Bajo esta condicionante circunstancia, acaban de publicarse en el BOE el temido R.D. 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, que junto con su Orden IET/1045/2014, por la que se aprueban los parámetros retributivos, aprobada por el Ministerio de Industria, marcarán, presumiblemente, la retribución de estas fuentes de energía durante los próximos años. Digo “temido” por la repercusión económica negativa que va a tener sobre estas empresas; y digo “presumiblemente” porque el sector energético se ha convertido en una maraña donde cambios y parches ya son parte de sus señas de identidad. Tras rumores, que han durado casi un año, las empresas conocen ya el quantum del recorte de las retribuciones que antes percibían. Este largo calvario empezó con  gran virulencia en julio del 2013 con el RDL 9/2013. Mientras, la declaración de concursos por empresas energéticas ha crecido de modo exponencial.

Pablo Toral

Centrándonos en el RD y  en la Orden, que ostenta el récord de tener 1.761 páginas, extensión desconocida en el BOE, se puede decir que  nacen con polémica por dos razones principales: primero, porque el art. 15  del RD deja abierta la brecha a más cambios, con períodos regulatorios de duración de 6 años; y segundo, porque la aplicación con efectos retroactivos del primer período regulatorio a partir de la entrada en vigor del RDL 9/2013, se trata de una retroactividad impropia que roza esa frontera tan frágil que va del riesgo regulatorio a la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador.  El modo en que se está implantado el  método de rentabilidad razonable resulta sólo razonable en su nomen iuris. Es grotesco confrontar los desequilibrios que este nuevo marco legal  está propiciando con los principios sobre los que se ha de asentar todo Ordenamiento Jurídico de una sociedad democrática avanzada. Principios  como buena fe, confianza legítima o  principios de buena regulaciónreconocidos por la Ley de Economía Sostenible,e, incluso, principios de la Carta de la Energía ratificada por España,están quedando desvirtuados y en entredicho.

Cada vez más voces autorizadas expresan que está pendiente la auténtica reforma energética (suprimir de la factura eléctrica los costes políticos y tributos, mejorar las interconexiones y corregir las asimetrías del mercado mayorista, más el caballo de batalla de reducir nuestra dependencia energética).  El grave problema es que la incertidumbre en torno a  la reforma eléctrica no para de crecer: la Comisión Europea amonestó a España por no cumplir la cuota de renovables;el Consejo de Estado también mostró sus  temores. A nivel empresarial, empresas como la estatal de los Emiratos, Masdar, se han dirigido contra España en el CIADI por el recorte a las primas renovables. A ello hay que sumarle la batalla legal abierta por Nextera y la de otros grupos y fondos (Isolux, Rreef, Antin Eiser o InfraRed) que ya han iniciado sus arbitrajes frente a España ante organismos internacionales. Muchos inversores aún no habían acudido al CIADI en espera de haber examinado la Orden, para reclamar un daño económicamente efectivo. España  tiene ya el vergonzoso honor de ser el país más demandado bajo la Carta de la Energía. Voces autorizadas  cuestionan qué puede ocurrir si España es condenada en los arbitrajes de las renovables. El Gobierno, dice estar “tranquilo” ante el aluvión de demandas por el recorte a las renovables por no ser discriminatorio, ya que está impactando “igual para  nacionales y extranjeros”.  Probablemente así no vayamos a ninguna parte. De momento, la rentabilidad  (ir)razonable está propiciando  que la inversión extranjera, que vino atraída a España bajo unas leyes concretas, se vea forzada a huir y empresas españolas redirijan sus inversiones al exterior en detrimento de la península ibérica. El déficit de tarifa y la reforma eléctrica  pueden llegar ser algo más que un arañazo a la Marca España. Esperemos que el cauce no termine por doblegar al río hasta dejarlo seco.

Pablo Toral Oropesa es asociado en en el bufete Cremades & Calvo-Sotelo

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