La Unión Europea vive un capítulo peligroso para sus intereses como mercado único de la energía. Uno de sus principales miembros, Italia, ha notificado su salida del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). Fuentes comunitarias han confirmado a este diario que el pasado mes de enero las autoridades italianas pidieron su salida de este tratado. El artículo 47 de la Carta dice que no será hasta el transcurso de un año cuando se haga oficial la salida del miembro que lo solicite.
Aunque el Gobierno de Matteo Renzi no lo ha hecho oficial, se rumorea sobre la verdadera causa de esta decisión que tiene consecuencias trágicas para el desarrollo de la Unión de la Energía. Es la primera vez que un Estado Miembro de la UE decide, por su cuenta y riesgo, salirse de un tratado de esta índole.
La Carta Europea de la Energía, de diciembre de 1991, que es un compromiso político entre Este-Oeste para la cooperación relativa a la energía, sin obligación legal, fue firmada por 52 Estados y por las Comunidades Europeas. Propuesta por primera vez por el entonces Primer Ministro holandés Sr. Lubbers, durante el Consejo Europeo celebrado en Dublín en junio de 1990, la Carta Europea de la Energía fue concebida inicialmente como un medio para ampliar las relaciones complementarias en asuntos energéticos entre la Unión de las Repúblicas Soviéticas, los países de Europa Central y del Este, y el Oeste.
Solamente después de 3 años de negociaciones, en diciembre de 1994, se otorgó a la Carta Europea de la Energía una forma de obligatoriedad legal en el Tratado sobre la Carta de la Energía, el que desde entonces ha sido firmado por 49 Estados y por las Comunidades Europeas. Italia fue uno de los estados que firmó en el año 1994 el tratado.
El TCE era el primer acuerdo económico que unía a todas las repúblicas de la ex-URSS, los países de Europa central y del Este, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, los otros países europeos de la OCDE, Japón y Australia.
Su función principal es establecer y mejorar el marco jurídico para la cooperación en los asuntos energéticos fijados por la Carta Europea de la Energía. Además, el TCE es el primer acuerdo vinculante de protección multilateral de la inversión; el primer acuerdo multilateral que abarca tanto la protección de la inversión como el comercio; la primera aplicación de reglas de tránsito a las redes de energía y el primer tratado multilateral que establece como regla general la solución vinculante de las controversias internacionales.
Por ejemplo, todas las demandas que se interponen en el Ciadi o en otros tribunales de arbitraje se basan en la normativa de la Carta de la Energía. Se interponen porque un Estado Miembro se ha saltado lo firmado y acordado. En este caso, la protección de las inversiones extranjeras. En el Ciadi ya hay 12 demandas contra España por este motivo tras el hachazo a las renovables.
La verdadera causa
Se desconocen los motivos por los cuales Italia ha decidido presentar su 'dimisión' de este tratado. Algunas voces indican que Italia ha emprendido una batalla contra los gastos de representación en distintos organismos internacionales. Por ejemplo, la cuota anual por ser miembro del Tratado de la Carta de la Energía son uno 370.000 euros al año.
Lo que no tienen en cuenta es que salirse de un tratado de esta índole conlleva problemas económicos porque los inversores extranjeros no se fiarán a la hora de meter su dinero en Italia.
Otra de las causas con las que se rumorea por Bruselas es que Italia ha decidido salirse del tratado porque así no tiene que enfrentarse a grandes demandas como le ha ocurrido a España por hacer recortes a las subvenciones de las renovables. Pero este motivo se cae también por su propio peso.
Según el tratado, los inversores extranjeros tendrán 20 años a partir de hacerse efectiva la salida del Estado Miembro de la Carata de la Energía para poder demandar a este país ante los tribunales que crea oportunos. En este caso, solo hace falta haber invertido antes de 2016.
Los inversores que decidan apostar por Italia en materia energética dejarán de estar respaldado por este tratado y tendrían que conseguir un acuerdo bilateral con el Gobierno italiano si pretenden tener una mínima seguridad jurídica.
El caso es que el hecho de que Italia se vaya del tratado pone patas arriba el proyecto de la Unión de la Energía que pretende llevar a cabo la Administración Juncker.
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