Sondeos petrolíferos, políticos y el patio de Monipodio

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José Antonio Roca.
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De un tiempo a esta parte, la clase política se ha convertido en un serio problema para el normal desenvolvimiento de la actividad económica en nuestro país. La crisis financiera es un ejemplo paradigmático de la intrusión de los partidos políticos, cuya capacidad de gestión se ha demostrado nula, cuando no catastrófica. Por ello, cada vez que los políticos sacan los pies del tiesto y se ponen a organizar la cosa económica, hay que echarse a temblar. Y en esas estamos a cuenta de la autorización de los sondeos exploratorios de petróleo  frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

José Antonio RocaLa autorización del Ministerio de Industria concedida a Repsol para llevar a cabo los sondeos petrolíferos ha provocado una intensa campaña de protesta política en Canarias. En ella participan muchas instituciones isleñas, desde el Gobierno autónomo hasta los cabildos y Ayuntamientos; pero quien la personaliza es el presidente autonómico, Paulino Rivero, miembro de Coalición Canaria. Rivero está difundiendo la idea de que el Gobierno español trata a las islas como si fueran una colonia y que el ministro de Industria, José Manuel Soria, está conchabado con la compañía a cambio de compensaciones económicas, y éstas son afirmaciones peligrosas, por falsas y demagógicas.

Desde una perspectiva administrativa y técnica, los sondeos aprobados no tienen por qué suponer un daño medioambiental o turístico en las aguas canarias. Las pruebas se harán a una distancia –a 60 kilómetros de la costa- y fuera de la zona marítima propuesta para protección medioambiental. Hay que dar por descontado, además, que el Gobierno obligará a Repsol a cumplir con los requisitos idóneos de protección ambiental; y que ambos rendirán cuentas, desde sus respectivas responsabilidades, si se diera el caso, improbable por otra parte, de que se produjeran impactos ecológicos indeseados.

Pero, más allá de estas cautelas, convertir una exploración petrolífera en un conflicto político carece de justificación. España es un país con una dependencia energética que supera el 70% de lo que consume y el Gobierno, ya sea del PP o de cualquier otra formación política, tiene la obligación de inventariar los recursos disponibles. Siempre que, hay que insistir en ello, se respeten los recursos naturales y las fuentes de riqueza de la zona, como viene ocurriendo desde hace muchos años en las costas de los cinco continentes.

Los precedentes de exploración no justifican la alarma social que amplifica ahora Rivero, condimentada con amenazas cuando no con burdas mentiras. Por que ya se sabe que, como mantenía Goebbels en sus prácticas propagandísticas, “una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad”. Y Rivero miente, y lo sabe. No ya porque su programa político fuera favorable a las prospecciones petrolíferas, como esgrimía el titular de Industria hace unos días, sino porque en España se han realizado ya más de 250 sondeos petrolíferos sin problemas de contaminación; y si se pasa a la fase de explotación, serán obligados nuevos permisos y avales. Hay plataformas de extracción próximas a otras zonas turísticas, como la costa Dorada tarraconense, sin que por ellas se haya resentido la llegada de visitantes.

El problema en realidad no es de orden medioambiental, sino político. Incluso sin considerar la probable urgencia de Paulino Rivero en mostrar sus cualidades para ser el candidato a la presidencia de Canarias en las próximas elecciones autonómicas, es evidente que la irrupción de equipos de sondeo puede levantar expectativas y temores, que se podrían haber disipado con un diálogo previo. Pero probablemente ese no era el talante del presidente canario en las numerosas entrevistas mantenidas tanto con el ministro de Industria y rival político en el archipiélago, José Manuel Soria, como con el presidente de Repsol, Antonio Brufau.

Al contrario. En lugar de negociar garantías medioambientales y asegurar que los beneficios económicos revertirán en las islas, Rivero ha preferido politizar la cuestión y de la peor manera posible, convirtiendo el debate en una especie de patio de Monipodio cervantino, en el que la amenaza, la mentira y la difamación entre los representantes políticos se ha convertido en moneda de curso legal. Es lo que hay, y con eso, por desgracia, tienen que lidiar los empresarios del sector energético español. Y es una pena, porque los recursos energéticos generan riqueza y puestos de trabajo y no problemas medioambientales como quiere hacer creer Rivero a la población canaria en plena pretemporada electoral.

Lo dicho, los políticos, cuanto más lejos de la gestión energética, mejor. Se deberían limitar a diseñar unas reglas del juego que faciliten el normal desenvolvimiento de la actividad económica en libertad y a poner los mecanismos de control necesarios para que no se cometan abusos. Y a partir de ahí, que sea el mercado el que actúe, porque encontrar petróleo no es una tragedia, como dice Rivero, sino todo lo contrario, el petróleo puede ser la tabla de salvación para una economía sumida en una profunda crisis como es el caso de la española y, en mayor medida, la canaria. Lo que hace falta es más sentido común y menos política.

José Antonio Roca es editor de El Periódico de la Energía

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