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El 21 de diciembre se recordará no por ser el comienzo de la estación invernal sino por ser el día en el que se prohibirá cortar la luz a los consumidores en situación de pobreza extrema. PPPSOE se han puesto de acuerdo para aprobar un Real Decreto Ley que modificará la parte de la Ley del Sector Eléctrico que señala quién paga el bono social de la tarifa, en concreto el artículo 52, y que obligará a evitar el corte de suministro a los hogares vulnerables.

En este acuerdo de mínimos han tenido que ceder ambas formaciones, ya que el PSOE quería que se extendiese la obligación de financiarlo a empresas generadoras y distribuidoras, además de a todas las comercializadoras, pero ha aceptado a cambio de acelerar la prohibición de los cortes de luz.

Se espera que se apruebe este Real Decreto Ley en el próximo Consejo de Ministros o el siguiente, antes de finalizar el año, y se llevaría a las Cámaras para su convalidación a finales de enero. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha optado por tramitarlo como RDL y no como Proyecto de Ley al conseguir el acuerdo con el PSOE y por tanto no necesitar de las enmiendas de Ciudadanos y Podemos.

Por ello, Ciudadanos ha aprovechado para confirmar su apoyo (innecesario) después de admitir que, una vez más, el Gobierno no le ha incluido en la negociación, y Podemos lo ha criticado pero se ha congratulado de marcar calendario: “Llega tarde y mal, pero nunca hubiese llegado sin Podemos”.

La nueva normativa incluye un nuevo concepto, el de “suministro esencial por razón de exclusión social”, en el que no solo englobará a las familias vulnerables sino servicios públicos esenciales en general.

Coincide en el día con la convocatoria de una movilización de más de 25 movimientos sociales, plataformas ciudadanas, sindicatos y la formación política Unidos Podemos para protestar contra la pobreza energética. Además, la Plataforma convocante, ‘No más cortes de luz’, pide que se celebre un ‘apagón’ eléctrico para acompañar las demandas entre las 19 y las 20 horas.

Y es que este drama ha conseguido una visibilidad política récord, en tan solo un mes, cuando una anciana a la que le cortaron la luz por no poder pagarla, murió en el incendio provocado por la vela que le alumbraba.

Pero la pobreza energética no es algo nuevo. Según un análisis elaborado por kelisto.es, con datos de 2015, más de 4,9 millones de personas la sufren en España, un millón más que en 2013, debido al incremento de los precios de la energía y el descenso de los ingresos de las familias, y desde 2008, el número de personas en pobreza energética ha crecido un 80%. Esto significa que durante el invierno miles de hogares no podrán calentar sus viviendas de forma adecuada.

Pese al aumento de familias vulnerables, para esta web, las medidas puestas en marcha para paliar la situación y proteger a los consumidores más vulnerables han resultado ineficaces.

En España, la pobreza energética afecta al 10,6% de la población, mientras que países vecinos como Francia, con un 5,5%, Reino Unido, con un 7,8% o Alemania, con un 4,1%, presentan tasas inferiores, a pesar de que su climatología durante los meses de invierno es más adversa.

Y es que durante los meses más fríos del año la demanda energética se incrementa en torno a un 40%, con el consiguiente aumento de las facturas. Esto provoca que durante el invierno muchas familias no puedan hacer frente a sus recibos energéticos o tengan que prescindir de calentar la casa para reducir el gasto.

Ahora la medida necesitará de un complejo desarrollo reglamentario y será el Gobierno quien defina qué es un pobre energético, cómo se soluciona el mecanismo para las facturas impagadas y el diseño del nuevo bono social. El acuerdo solo es el primer paso para un proceso que llevará su tiempo.

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