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La Organización Mundial de la Salud recomienda que la concentración anual de NO2 no debe superar los 20 μg/m. Y precisamente es uno de los contaminantes atmosféricos que deben controlar y limitar las centrales térmicas de carbón o cualquier GIC (grandes instalaciones de combustión).

Pero no se hace en ninguna central térmica de carbón. Según el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), un despacho de abogados sin ánimo de lucro en defensa del medio ambiente, “hay muchísimas centrales, casi todas, que superan sus límites de emisiones de NOX2, pero también de partículas, una contaminación que afectan directamente a la salud de las personas y también al medio ambiente”, señalan desde la organización, “pero quienes tienen que controlar que se cumplan los límites establecidos por la Unión Europea son las comunidades autónomas y éstas no lo están haciendo”.

Por eso interpusieron un recurso en el Tribunal de Justicia de Asturias, denunciando la actualización del permiso de funcionamiento de la central térmica de Soto de Ribera (de EDP) otorgado en 2015 por vulnerar, entre otras normas, la Directiva de Emisiones Industriales. Y ahora la Justicia les ha dado la razón.

“La decisión del TSJ de Asturias es un aviso para otras Comunidades Autónomas que también han actualizado los permisos de sus centrales de carbón incumpliendo con lo establecido por la Directiva”, explica la directora del IIDMA, Ana Barreira, “la exención del Plan Nacional Transitorio aprobado por el Gobierno en noviembre de 2016 no puede servir de excusa: estas instalaciones deberían cumplir al menos con los valores límites de emisión establecidos en la Directiva de Grandes Instalaciones de Combustión (2001), anterior a la Directiva, algo que la mayoría de las centrales de carbón tampoco está cumpliendo”.

Según su último informe, ‘Los Efectos de la Salud de las centrales de carbón en España’, “se estima que las emisiones de NO2 procedentes del carbón causaron alrededor de 107 muertes prematuras en toda España en el año 2014. Asimismo, dichas emisiones fueron responsables de 180 casos de bronquitis aguda en niños asmáticos de entre 5 y 14 años. La mayoría de estos casos se han producido en territorios con un mayor número de CTs de carbón próximas entre sí o en territorios vecinos. Así, Asturias fue la Comunidad Autónoma más afectada, donde 9,4 de cada 1.000 niños asmáticos presentaron síntomas de bronquitis, seguida por Cantabria (4,5 de cada 1.000), Castilla y León (2,7 de cada 1.000) y País Vasco (2 de cada 1.000)”.

En el caso de las partículas, el estudio señala que la mayoría de las defunciones atribuibles al carbón, en concreto 586 de las 709, están relacionadas con el PM2,5.

En la actualidad, España cuenta con 15 centrales térmicas de carbón que vierten su electricidad a la red eléctrica, más la de la Pereda (50 MW) que no lo hace. De ellas, la mayoría está localizada en el norte de la península, en las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León y Galicia. El resto en Andalucía, Aragón e Islas Baleares.

La Unión Europea regula las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) desde 2010 con la Directiva 2010/75/UE. Las grandes instalaciones de combustión, entre las que se encuentran las CTs, son las principales emisoras de sustancias contaminantes a la atmósfera. Con el fin de reducir la contaminación causada por estas emisiones, cada Comunidad Autónoma establece unos valores límites de emisión que se incorporan a la Autorización Ambiental Integrada de cada instalación, y es ahí donde se produce el desajuste.

“La normativa española establece los nuevos techos de emisión por central y por empresa, más ambiciosos que los de años anteriores como es lo lógico, pero los gobiernos autonómicos están actualizando los permisos que se habían dado en 2015 con los límites de 2008”, explica Barreira, “y prácticamente todas las centrales térmicas están inclumpiendo la normativa europea”.

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En el caso concreto de la central térmica de Soto de Ribera es que además se ubica en una zona de especial conservación incluida en la Red Natura 2000 y vierte sus aguas residuales al río Nalón, lo que perjudica especies tan sensibles a la contaminación como el salmón, pero eso deberá acabar. “La sentencia obliga al Gobierno de Asturias a modificar la actualización de la autorización ambiental integrada de Soto de Ribera para incluir los valores límite de emisión más restrictivos que recoge la actual Directiva de Emisiones Industriales” advierte la letrada.

“Nuestra salud y el cumplimiento de las leyes debe estar por encima de los intereses de las empresas propietarias de las centrales de carbón en España. Las Administraciones Públicas deben ser más diligentes en el cumplimiento de las leyes y en ningún caso pueden autorizar a las centrales de carbón españolas a operar incumpliendo la normativa europea”, concluyen los abogados de esta organización jurídica.

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