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En ese entorno, el sector de la industria y los mercados eléctricos está a las puertas de una radical transformación de un modelo de negocio que ha permanecido inalterado en lo sustancial desde finales del siglo XIX, si bien al comienzo del XXI ya registró una importante convulsión, ideológica y práctica, con la liberalización y la introducción de una competencia sui generis.

Esta transformación tiene tres grupos de inductores clave a escala mundial, con pequeños matices locales:

Sociales y políticos, relacionados con la lucha contra el cambio climático, en el que su papel, a través de la descarbonización del suministro, es crítico.

Económicos, donde prima la seguridad del suministro energético, la competitividad de costes y la sostenibilidad.

Tecnológicos, con una formidable irrupción de las energías renovables competitivas y la difusión del almacenamiento energético en formas todavía algunas por consolidar.

Digitales, provocando la disrupción de una cadena de valor basada hoy en la gestión centralizada de activos y en el futuro en los servicios al cliente/consumidor final y a comunidades de estos de distintos volúmenes.

La foto del final de este cambio nos permite vislumbrar un suministro eléctrico más descentralizado —con una importante participación de los autoconsumidores—, flexible, democrático y teóricamente eficiente. El papel de las distribuidoras cambia, de gestores de redes a facilitadores de servicios. Y en los modelos de negocio perderá importancia la gestión de activos en favor de una visión customer-centric.

Dado que la planificación de este largo camino —cuya meta se fija de momento en torno al 2050—, su gestión y la velocidad de transición requerirán una gran dosis de liderazgo, visión innovadora, así como la   creación de consensos políticos amplios para superar las resistencias previsibles —no en vano comprometerá a varias generaciones—, en principio se echa mucho de menos, por parte al menos de nuestro Gobierno, una búsqueda exhaustiva y larga en el tiempo de debate y puesta en común de puntos de vista y empeños respecto a lo que puede ser esta formidable oportunidad de desarrollo económico, social, y tecnológico, así como de consolidación democrática, para nuestro país.

Surja como surja al final ese modelo, creemos que sería idóneo, para tratar de atender desde el comienzo esos inductores y entender los condicionantes de partida propios de la España actual en materia energética, el considerar establecer como esenciales ciertos elementos, con bloques de asuntos de alcance temporal y ámbito distinto, como pueden ser:

  • El construir por parte del Estado una narrativa duradera de liderazgo y emprendizaje sobre lo que es esta empresa de la Transición Energética, lo que pretende conseguir y el vector de transformación que supone en sectores próximos a la energía transversales —transporte, edificación, etc. —. En esa narrativa sería deseable que el Estado, en ausencia de mejores opciones, se atribuyese el esencial papel de estratega y garante de un orden económico y social justo al respecto que, a escala europea, utilizando esta Transición como puerta de acceso, ponga en el centro de todas sus preocupaciones el bien común y el empoderamiento del ciudadano español y europeo en todo lo que afecta a su energía. En esta construcción del puzle o panorama energético de los próximos treinta y tantos años parece aconsejable que la narrativa se consolide por igual en un bloque sólido de aliados europeos y que permita tomar decisiones de cierta volatilidad en el corto plazo o localmente pero que su patrón paneuropeo favorezca los intereses globales de beneficio y valor en el largo para todos.
  • Dado el largo recorrido de los objetivos de la Transición Energética, habrá que llevar a cabo muchas actuaciones con diverso calado moral, social, económico y técnico, por lo que es primordial establecer un sistema de gobernanza, seguimiento, información y participación, democrático y de consenso, a través del cual se faciliten datos, interpretaciones, análisis y planificación de opciones y propuestas de actuación sobre las que la sociedad civil, académica y de intereses, en un plano de igualdad, puedan sugerir alternativas y mejoras.
  • Que se considere al sistema eléctrico y su red de transporte y distribución como un elemento esencial del bien común, como el aire que respiramos, el agua o el sistema de carreteras y otras redes, y de desarrollo humano y cohesión social. Un bien al que como hasta ahora cualquiera puede acceder para obtener trabajo físico, confort, seguridad y otras cosas, pero al que en el futuro inmediato también se pueda aportar, o compartir esa energía de una forma justa y equitativa y no sea un lugar en el que él, o los pocos que lo controlen, se lleven todos los beneficios. Dado que el futuro no se puede predecir, pero si de un análisis de lo ocurrido deducir posibles desarrollos potenciales, en ese papel de estratega, arbitro o garante del interés general, es esencial que el Estado escuche y analice los diversos experimentos de pensamiento y simulaciones acerca de los futuros sistemas de energía con ausencia de carbono con el fin de forjarse una visión, adaptarla a las nuevas evidencias, y decidir los parámetros esenciales de cómo puede producirse una transición energética a lo largo del tiempo y dónde se encuentran los mayores desafíos técnicos, económicos y morales de tal transición.

No parece lógico que el dogma se interponga en el camino: la reacción del mundo ante el cambio climático debe ser duradera desde el punto de vista político, económico y moral durante generaciones. El limitarse innecesariamente por opciones tecnológicas o pretender que las soluciones más baratas y fáciles que aconsejan los mercados en el corto plazo son las idóneas no es en última instancia útil para combatir el desafío del cambio climático. De un Estado moderno y democrático se espera que consensue intereses y aliados, pero también que intervenga firmemente para salvaguardar el interés general de los ciudadanos, la justicia social y el orden económico en última estancia.

La energía en general y la eléctrica en particular es uno de los desafíos arquetipo de la construcción y desarrollo de Europa. Las fuerzas de los mercados internacionales que conlleva, los intereses divergentes de los estados miembros, las visiones políticas en conflicto —cuando no contradictorias— y las restricciones físicas que imponen las infraestructuras actuales, hacen que su atractivo para abordar la Transición a escala europea en común sea colosal, a la vez que su implementación práctica difícil, pero ni mucho menos es imposible, y si nos llena a todos de esperanza.

José Luis de la Fuente O’Connor es Profesor Titular de la Universidad Politécnica de Madrid y Benito Vera, socio en Inveniam Group.

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