Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Después de conocer los resultados de la investigación elaborada por el MIT y la Universidad de Harvard sobre el almacén subterráneo de gas Castor y de ser revelado un documento interno del Ministerio de Energía en el programa de “Salvados” de Jordi Évole, las reacciones políticas no se han hecho esperar.

El grupo Unidos Podemos ha anunciado que solicitará en el Congreso de los Diputados, conjuntamente con Compromís, una Comisión de Investigación sobre el proceso Castor. “Vamos a pedir que se investigue todo, desde su declaración de urgencia, pasando por la ejecución, la adjudicación, la indemnización, todo”, ha explicado a este diario Josep Vendrell, diputado de En Comú Podem y portavoz de Energía del grupo confederal, “es otra nueva estafa monumental a añadir a la del sector financiero, del sector eléctrico, de las autopistas, que tiene siempre el mismo guion y los mismos protagonistas, y que los costes del desaguisado van a costa de la ciudadanía”.

La Comisión de Investigación se podría poner en marcha en cuanto se debata en el Pleno y si se aprueba por la mayoría de los diputados. En ella se investigarían todas las decisiones políticas desde el inicio del proceso.

“Si inicialmente se dijo que esa infraestructura no era necesaria ¿quién convenció al gobierno en 2008 de lo contrario? Fue un fatal error de cálculo”, ha añadido Vendrell, “otro error fue el tipo de contrato y de concesión, hecha a medida para ACS, la empresa que se ha lucrado con este desaguisado, pero también fue un error que el RD 855/2008, de 16 de mayo, incluyera una cláusula que decía que ‘se compensará a la empresa concesionaria por el valor neto contable’ aun cuando hubiese tomado decisiones con negligencia o dolo, un acuerdo poco habitual”.

También sería objeto de estudio la indemnización porque el RD también dice que ‘la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones’ y “por tanto, no se debería haber pagado los 1.350 millones de euros a ACS”, ha advertido el diputado.

Pero, ¿quiénes serán los llamados para que expliquen sus decisiones políticas? “Comenzaría por Josep Piqué, ministro de Industria y Energía durante el Gobierno de Aznar, por incorporar Castor en la planificación energética, después con José Montilla, ministro de Industria en el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que lo declaró de categoría A y urgente, también Joan Clos, su sucesor, que dio continuidad y las bases del acuerdo, y Miguel Sebastián, el último ministro socialista que aprobó el RD 855/2008 y lo adjudicó a ACS”, enumera Vendrell, “pero después habría que llamar a Jose Manuel Soria, porque fue quien continuó con el proceso hasta 2013, y por último al actual ministro, a Álvaro Nadal, porque debe saberse cómo se está gestionando la infraestructura y qué decide hacer con ella”.

También se contaría con la información ofrecida por las organizaciones sociales creadas para defender los derechos de los municipios afectados como el Observatorio del Ebro, la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia o Associació d’Afectats i Afectades per la Plataforma Castor, así como la comparecencia de expertos en contratación pública, los responsables de ACS y su filial ESCAL UGS, y la de responsables del BEI (Banco Europeo de Inversiones) que aprobó y financió toda la infraestructura.

“Es muy fuerte lo que ha pasado y que no se sepa por qué se hizo, por qué hubo esos sobreprecios, por qué se contrató y subcontrató a la misma empresa, y cómo al final pagamos entre todos esa millonada”, concluye el portavoz de Unidos Podemos, “pero después de señalar a los responsables políticos, las investigaciones realizadas pueden derivarse a la fiscalía y a los tribunales”.

Esta Comisión de Investigación sería paralela, por tanto, a los procesos judiciales que están abiertos los de los Juzgados de Vinaroz (Castellón), donde hay 18 imputados por un posible delito de delitos de prevaricación medioambiental, o la denuncia presentada en Bruselas por la patronat Cecot, el Centre Metal·lúrgic y el Consejo Intertextil Español contra la millonaria indemnización del Estado a ACS, o los dos procesos abiertos en el Supremo y el Constitucional.

Artículos relacionados:

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail

Dejar respuesta

20 + 10 =