La nueva orden ministerial por la que se amplía el plazo de renovación de licencias de las plantas nucleares entró en vigor el pasado martes, pese a que aún no haya aparecido publicada en el Boletín Oficial del Estado, han informado a EFE fuentes del Ministerio de Energía.
La reforma permite que las empresas de las centrales cuenten con más tiempo para decidir sobre la renovación de licencia.
De este modo, con su entrada en vigor el pasado martes, el operador de la central extremeña de Almaraz, cuya fecha límite para solicitar la renovación para seguir operando más allá de 2020 expiraba el 8 de junio, dispondrá de una ampliación de plazo para tomar esta decisión.
La normativa vigente hasta el pasado martes marcaba que las plantas nucleares deben iniciar los trámites de renovación de licencias tres años antes de que expiren, mientras que la nueva regulación les permitirá retrasar esa solicitud hasta dos meses después de la aprobación del Plan Integral de Energía y Clima.
El Plan de Energía y Clima, en el que el Gobierno tiene que revelar su apuesta energética para reducir emisiones y cumplir con el Acuerdo de París, debe estar listo a comienzos de 2018, según los plazos dados a España por la Unión Europea.
Fuentes de Energía han indicado que la nueva orden ministerial en la que se amplía el plazo de renovación de licencias fue notificada al Boletín Oficial del Estado el pasado lunes, y al día siguiente de este acto, es decir el pasado martes, entró en vigor, a pesar de que todavía no haya aparecido publicada en el citado boletín,
La nueva normativa impulsada por el Gobierno, y avalada por la mayoría del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado 31 de mayo, también desvincula el envío de la documentación necesaria para evaluar una solicitud de renovación de licencia de la presentación de la misma.
El plazo para que el CSN evalúe la documentación de una central que podría solicitar renovación de licencia seguirá siendo desde tres años antes de la potencial renovación.
Esto último podría implicar que los técnicos de este organismo regulador lleven a cabo los trabajos de evaluación de esa documentación y que, finalmente, el operador de la central opte por no pedir la autorización.
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