El ministro de Industria, José Manuel Soria, reiteró el viernes que el Estado no saldrá al rescate de Abengoa y criticó duramente la gestión de la compañía, que se ha visto obligada a pedir preconcurso de acreedores ante las dificultades para financiar su actividad.
"Desde del punto de vista financiero no han tenido una inversión acertada, se han endeudado mucho, están muy apalancados y al final los costes financieros de ese endeudamiento han sido muy superiores a los flujos de caja, a los ingresos, que se estaban generado y eso es lo que ha llevado a esta situación", dijo el ministro en entrevista con la emisora Onda Cero.
"Ha tenido (...) una política financiera que yo creo que ha sido profundamente desacertada, creo que han hecho muy buena ingeniería técnica pero muy desacertada ingeniería financiera", añadió.
Asimismo, Soria cargó contra las indemnizaciones recibidas recientemente por directivos de una empresa que en la última década multiplicó su tamaño a costa de disparar su endeudamiento, cuenta la agencia Reuters.
"Nos parece implanteable el hecho de que la dirección de la empresa deje a la empresa en la situación que la ha dejado en un preconcurso y se repartan unos 25 millones de euros en finiquito para toda la dirección", señaló.
Según las cuentas a septiembre, Felipe Benjumea (representante de una de las familias fundadoras y principal accionista) recibió una indemnización de 11,5 millones de euros tras dejar la presidencia del grupo en octubre forzado por la banca acreedora. El ex consejero delegado Manuel Sánchez salió del grupo en mayo con una compensación de 4,5 millones de euros (más 3,3 millones de euros que dependen del cumplimiento de objetivos este año).
El pasado 27 de noviembre, anunciado ya el preconcurso, el siguiente consejero delegado, Santiago Seage, también abandonó su puesto en Abengoa para centrarse en la gestión de la filial estadounidense Abengoa Yield, aunque no es público si cobrará algún tipo de indemnización.
Soria dejó claro que el Estado español -que tiene una exposición en Abengoa de 415 millones de euros a través de las entidades públicas Cofides, Cesce y el ICO- no puede salvar la empresa andaluza inyectando capital ya que contravendría la normativa europea.
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