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La coalición Alianza por el Clima, que reúne a más de 400 organizaciones de la sociedad civil preocupadas y activas en la lucha contra el cambio climático en España, ha señalado a El Periódico de la Energía que Medio Ambiente y su Oficina de Cambio Climático aún no se ha puesto en contacto con ellos, pese a que su jefa, Valvanera Ulargui, se comprometiera semanas atrás.

Ulargui anunció entonces que el Gobierno organizaría una serie de mesas participativas en mayo para consensuar los esfuerzos que deben hacer los diferentes sectores (energía, industria, agricultura, transporte y ciudades) con todos los agentes interesados, y posteriormente las llevará a consultas con los grupos políticos para que el anteproyecto llegue al Congreso con “el consenso de todos los grupos”.

Sin embargo, a esas reuniones no están convocados ningunos de los portavoces de Alianza por el Clima, donde se incluyen grupos ecologistas, sindicatos, consumidores, plataformas ciudadanas y movimientos sociales, como nos han podido confirmar y por eso piden ser “voz y parte” en la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se debe preparar no solo para cumplir con los Acuerdos de París sino con las directivas de la Unión Europea, que exige a España tener al menos el borrador antes del 1 de enero de 2018.

Mientras esperan esa llamada, la coalición ha presentado un paquete de medidas para esa ley donde han participado centenares de organizaciones ecologistas, sindicales, de cooperación al desarrollo, de acción rural, de agricultores, vecinales, católicas y de consumidores de todo el país.

“Estas medidas son complementarias al documento de propuestas que se presentaron en diciembre pasado, son medidas de mitigación y de adaptación en todos los ámbitos, porque es necesario tener políticas transversales”, ha dicho Mar Asunción, portavoz de la Alianza por el Clima y de WWF, “y como hemos hecho el esfuerzo de hacer un documento muy completo de cara a esta ley, queremos ser agentes clave en el proceso de elaboración de la misma”.

Asunción ha asegurado que les consta que la Secretaría de Estado de Medio Ambiente se ha reunido ya con las empresas para abordar la futura ley, mientras que “las organizaciones de la sociedad civil no han sido convocadas ni invitadas como ponentes a las jornadas que se están organizando sobre esta norma, y no tenemos conocimiento del proceso participativo pese a que hemos llamado a la Oficina de Cambio Climático sin obtener respuesta”.

Las Propuestas para una ley de Cambio Climático y Transición Energética incluyen un bloque con herramientas económicas, fiscales y financieras para el cambio climático, y medidas de mitigación y de adaptación en numerosos sectores, entre los que se encuentra el energético y el de transporte y movilidad.

Entre las primeras medidas, las de mitigación, para el sector energético, se incluye un Plan de Fomento de las Energías Renovables, incentivando especialmente la generación distribuida y modificando la regulación sobre autoconsumo. También se pide una auditoría de costes de los costes energéticos y un marco de transición justa que asegure un empleo de calidad. Para ello, se potenciará únicamente las inversiones en renovables y en ahorro y eficiencia energética.

En el caso de adaptación, tanto para el sector energético como para el industrial, se propone promover la suficiente cobertura eléctrica con fuentes renovables que no dependan tanto del agua, así como el incremento de los programas de ahorro y eficiencia energética, así como las medidas de refuerzo y protección en las instalaciones e infraestructuras ante eventos meteorológicos adversos.

Entre las otras medidas que se incluyen están la de mejorar la evaluación de los efectos de los escenarios climáticos respecto de los anteriores riesgos, mejorar la eficiencia de las turbinas hidroeléctricas que pemita producir más energía con menos caudal y asegurar criterios de sostenibilidad en la producción de biocombustibles y biomasa.

Para el sector del transporte y la movilidad, proponen una ley de movilidad que tenga por objetivo la planificación de una movilidad sostenible (desplazamientos a pie, en bici y en transporte colectivo, sobre todo), y un desarrollo de la red ferroviaria, para que de esa manera, se limite el aumento de la capacidad de las infraestructuras aéreas o de carreteras.

También señalan la necesidad de hacer esfuerzos adicionales para la electrificación del parque automovilístico y de modificar la normativa vigente sobre tráfico para incluir criterios ambientales.

Y en general, para todos los ámbitos sectoriales, piden políticas de reducción de gases efectivas en todos los sectores alegando que cuanto más esfuerzo se haga en este área menos habrá que dedicar a adaptación.

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