La nueva Ley de Energías Renovables, que fue aprobada por la Cámara de Diputados por amplia mayoría, propone lograr que un 8% de la matriz nacional de la energía eléctrica sea aportada en 2017 por fuentes renovables, y alcanzar el 20 % en el 2025.
“Nuestro país requiere expandir su horizonte en lo que al uso de fuentes de energía se refiere, siendo necesario avanzar en la diversificación y en el establecimiento de las condiciones favorables para incrementar los emprendimientos que hagan esto posible”, aseguró el diputado nacional Juan Mario Pais.
Asimismo, Pais destacó la sanción de la iniciativa impulsada en la Cámara alta por el senador Marcelo Guinle, que fomenta el uso de fuentes renovables de energía destinadas a la producción de energía eléctrica.
Pais defendió la norma e indicó que será fundamental para avanzar en el uso de fuentes que disminuyan la dependencia en los combustibles de origen fósiles, predominantes en la actualidad.
Al respecto, explicó que a Télam que la ley “fue trabajada desde los ámbitos académicos, científicos y especializados del Poder Ejecutivo nacional, y estipula una serie de medidas para incentivar proyectos que desarrollen el uso de fuentes renovables de energía, sean beneficios fiscales y acceso a créditos tanto del sector público como privado, brindando garantías que faciliten la inversión y el crecimiento de este sector tan importante para la economía argentina”.
Recordó que con la dependencia en los combustibles para la generación de energía, el país ha ido incrementando las importaciones, destinando divisas para mantener los niveles de producción, y resaltó: “Sin dudas estamos queriendo lograr el autoabastecimiento energético adoptando una decisión política que permita instalar a las fuentes renovables, a través de un esfuerzo no sólo estatal sino de toda la ciudadanía en beneficio de la economía nacional”.
Entre los aspectos destacados de la nueva ley -conocida en el sector como ‘la Ley Guinle’ por su impulsor el chubutense senador por el FPV- figura la conformación de un fondo fiduciario (Foder) para respaldar el financiamiento de proyectos de inversión, para el que se destinaría el 50% del ahorro en combustibles líquidos generado por la sustitución con energías renovables y cargos específicos a la demanda.
Otro punto central lo constituye la obligación con penalidad a los grandes usuarios de energía eléctrica, en especial lo que tienen un consumo igual o superior a 300 kW (kilovatios) para el cumplimiento individual de la metas de consumo de energías renovables que fija la ley.
Por la nueva ley se obliga a quienes consuman 300 kWh o más a abastecer sus consumos eléctricos con generación que utilice fuentes de energía renovable (1% a partir de la entrada en vigencia de la ley, incrementándolo en 1% cada 6 meses hasta alcanzar el 8%). Además, amplía la definición de Fuentes de Energías Renovables al biodiésel y a los residuos sólidos urbanos.
La ley aprobada anoche por 178 votos positivos, 8 negativos y 4 abstenciones y con la única objeción del representante del Socialismo, tiene su origen en el proyecto presentado por el senador Guinle para modificar la Ley 26.190, que propone ampliar las políticas que favorecen la inversión en energías renovables a través de la promoción de líneas de crédito, el otorgamiento de beneficios impositivos (en lugar de feed in tariffs).
El proyecto de Guinle fue ingresado por el Senado en abril del año pasado, donde obtuvo voto favorable en diciembre y fue convertido en ley anoche con la aprobación de la Cámara de Diputados, sin modificación alguna al proyecto presentado por el legislador chubutense.
La Ley que ahora deberá ser reglamentada para entrar en vigencia propone además, para acumular fondos para el Foder, un recupero de capital e intereses de la financiación otorgada, y el aporte de dividendos o utilidades percibidas por titularidad de acciones o participaciones en proyectos o ingresos por sus ventas.
La medida apunta a que se contraten volúmenes de energía directamente en el mercado, ya sea con generadores de energías renovables independientes, a través de comercializadores, o por medio de la ejecución de proyectos propios.
Propicia también un mecanismo de promoción fiscal que incluye la Amortización acelerada del impuesto a las Ganancias, a lo que se suma la Devolución anticipada del Impuesto al Valor Agregado (IVA); exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta; Certificado Fiscal por el 20 % del componente nacional siempre que se integre un mínimo del 30%; exención del impuesto sobre la distribución de dividendos (10%) ante la reinversión de utilidades.
La nueva ley incluye además la exención de los derechos de importación para bienes de capital y equipos hasta 2017; la no aplicación de tributos específicos, regalías nacionales, provinciales y municipales durante el régimen de fomento; traslado de posibles aumentos fiscales a los precios de los contratos; y dar prioridad de acceso al financiamiento público (Foder) a proyectos con mayor integración de componente nacional.
xavier martinez
01/10/2015