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Este martes el Boletín Oficial del Estado ha publicado una Orden del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, firmada por el propio ministro de Industria, José Manuel Soria, por la que se determina el traspaso de los clientes de Euroenergía de Levante, SL, a un comercializador de referencia y las condiciones de suministro a dichos clientes y de la sanción accesoria impuesta por Resolución de 16 de julio de 2015, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Según la orden, esta comercializadora, afincada en Valencia, ha estafado al mercado eléctrico un total de 36,3 millones de euros. “La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha puesto de manifiesto que la empresa Euroenergía de Levante S.L desatendió el 28 de julio de 2015 una obligación de pago de una liquidación causando pérdidas a los sujetos acreedores por importe de 900.000 euros y, en los mismos términos, el 27 de agosto de 2015 por importe de 1.425.018,45 euros. Además, el Operador del Sistema (Red Eléctrica) indica que esta empresa tiene un déficit de garantías de 34 millones de euros”. En total, 36,3 millones que debe al sistema eléctrico.

Este agujero dentro del mercado se ha realizado con el consentimiento del Ministerio de Industria y de la CNMC, que han tardado casi tres años en parar los pies a esta compañía que se ha aprovechado de las bondades del mercado y de las lagunas jurídicas para perpetrar una estafa en toda regla en el mercado eléctrico. Y encima se va prácticamente de rositas. La sanción impuesta es ridícula comparada con la cantidad estafada: solo 150.000 euros de multa y un año sin poder comercializar electricidad con la consecuente pérdida de los clientes que se destinan a una comercializadora de referencia, es decir, a una de las cinco grandes compañías del sector.

Así se produce la estafa

Con fecha 4 de abril de 2013, Euroenergía de Levante, S.L., comunicó el inicio de la actividad de comercialización, así como la correspondiente declaración responsable. Como todas las comercializadoras tuvo que poner por delante unas garantías por si hubiese problemas a la hora de adquirir la electricidad en el mercado.

Inmediatamente, la compañía anuncia a sus potenciales clientes descuentos del 20%. Y comienza a conseguir una cartera de clientes importante. Miles de personas se suman a la comercializadora. Los descuentos merecen la pena.

Cuando la compañía cree que ya posee una cartera suficiente de clientes inicia sus maniobras para llevar a cabo la estafa al mercado. Lo normal es que las comercializadoras acudan al mercado diario para adquirir la electricidad.


La sanción impuesta es ridícula con la cantidad estafada: solo 150.000 euros de multa y un año sin poder comercializar electricidad


 

En este caso, la empresa sancionada decide no ir. Renuncia por sistema comprar la electricidad para sus clientes en el mercado diario. Entonces, ¿cómo adquiere la electricidad? Al poseer una cartera de clientes importante, el mercado conoce toda la electricidad medida en sus contadores. Y toda esa electricidad va destinada a lo que se conoce por desvío. Y se le asigna el precio de desvío. ¿Qué sucede? Que no puede pagarlo. Sus garantías, como cualquier otra comercializadora, alcanzan como máximo el 5% del consumo de sus clientes. Y tiene que responder por el 100% de los mismos. No puede y no lo paga. Pero tiene la electricidad. Las bondades del mercado, que en este caso peca de ser demasiado garantista.

La normativa dice que para cubrir lo que una empresa no paga en el desvío, la deuda la tienen que pagar entre las compañías comercializadoras que han acudido al desvío e incluso algunas compañías de generación que no han vendido su electricidad en el mercado diario.

Al final, estas compañías que pagan la deuda trasladan al consumidor lo que pagan por estos desfases del mercado y aquí nadie se entera. La tarifa eléctrica es tan compleja que se le puede inyectar cualquier partida que entre tantos millones de usuarios nadie se entera. Pero al final se cubre el agujero que deja de pagar esta empresa.

Informe de Red Eléctrica

Como decíamos, esta compañía inició su andadura como comercializadora en abril de 2013. Inmediatamente, y ante el hecho de que iba siempre al desvío y no acudía al mercado diario, el operador del sistema, Red Eléctrica, se percató de que la compañía se había quedado ya sin garantías en pocas semanas.

Ante las continuas advertencias, la comercializadora hacía oídos sordos y mantenía su modus operandi. Se queda sin las garantías en pocas semanas. A los tres meses, en julio de 2013, Red Eléctrica toma cartas en el asunto y comunica los hechos a la CNMC y al Ministerio de Industria para que actúen.

Son los dos organismos que se encargan de tomar decisiones ante este tipo de actuaciones. El operador no puede hacer nada. Solo comunicarlo. Lo hace en julio de 2013.

Un año más tarde

“Con fecha 19 de marzo de 2014 y, en virtud de la competencia legalmente atribuida, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acordó la incoación de un procedimiento sancionador contra Euroenergía de Levante, S.L. por la comisión de una infracción grave consistente en la presunta falta de adquisición de la energía necesaria para la realización de sus actividades de suministro”, explica la orden publicada este martes. Casi un año después, la CNMC acuerda la incoación de un expediente sancionador. ¿Por qué tarda tanto tiempo?

A todo esto, la comercializadora seguía actuando de la misma forma, y mes tras mes, fue cargando al mercado toda la electricidad. Y sin poner un euro más.  El agujero iba in crescendo. Millones de euros que ponían otras compañías. Y todo seguía igual.

Fuentes del mercado aseguran que varias compañía se pusieron en contacto tanto con el Ministerio de Industria, como con la CNMC y Red Eléctrica, para pedir explicaciones sobre lo sucedido. Preguntaban si se podía hacer algo, e intentaban presionar para cambiar la normativa ya que perjudicaba a terceros (incluso a los consumidores) que tenían que tapar el agujero.

José Manuel Soria y Alberto Nadal, son los máximos responsables del Ministerio de Industria. FOTO: Minetur.
José Manuel Soria y Alberto Nadal, son los máximos responsables del Ministerio de Industria. FOTO: Minetur.

El inicio de la investigación por parte de la CNMC se inicia en marzo de 2014. Pues hete aquí que hasta el 16 de julio de 2015, es decir 16 meses después, no resuelve el caso. La CNMC “declara a Euroenergía de Levante, S.L. responsable de la comisión de una infracción grave, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65.28 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, como consecuencia de su incumplimiento de la obligación de adquisición de la energía necesaria para el suministro a los clientes. Asimismo, impone una sanción consistente en el pago de una multa de 150.000 euros y una sanción accesoria consistente en la inhabilitación para el desarrollo de la actividad de comercialización de energía eléctrica durante el período de un año”.

Llega la sanción 

Dos años y tres meses después de iniciar su andadura como comercializadora, la CNMC decide aplicar la sanción. Durante todo este tiempo, la compañía ha continuado haciendo de las suyas en el mercado, y la estafa ha ido en aumento todos los días.

Además,  “la sanción de inhabilitación para el ejercicio de la actividad de comercialización impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia conlleva aparejada, necesariamente, la transferencia de clientes de Euroenergía de Levante, S.L. a un comercializador de referencia”, explica la orden.

Es aquí cuando aparece el Ministerio de Industria, que es el encargado de tomar la decisión final sobre el traspaso de clientes.

Con fecha 16 de diciembre de 2015 (cinco meses después de conocerse la sanción) la Dirección General de Política Energética y Minas que dirige María Teresa Baquedano acordó iniciar el procedimiento por el que se traspasan los clientes de Euroenergía de Levante S.L. a un comercializador de referencia, confiriendo trámite de audiencia a la propia compañía, a Red Eléctrica, a los comercializadores de referencia y a los distribuidores, y solicitando informe a la CNMC.

Medidas cautelares

Dentro de las alegaciones, ante esta sanción, y a sabiendas que debía decenas de millones de euros al sistema, la compañía decide recurrir la decisión de la CNMC y acude a la Audiencia Nacional para pedir medidas cautelares. Sigue ganando tiempo. Se suspende la sanción hasta que se decida la justicia.

El Ministerio mientras tanto pide a la CNMC que informe sobre el recurso y de paso haga un informe sobre el traspaso de los clientes de la comercializadora sancionada a una de referencia. Pasan los días y hasta el pasado 25 de febrero no tuvo conocimiento el Ministerio de que la Audiencia Nacional había desestimado el recurso de la comercializadora en un auto fechado el 21 de enero. Tarda más de un mes en comunicarse una decisión judicial. De traca. Aun así, la empresa ante el auto de la Audiencia Nacional decide imponer un recurso de alzada. Pero finalmente no se lleva a consideración.


Si se comparase con lo que sucede con otros actores del mercado, este caso sonrojaría a cualquiera. Por ejemplo, si un consumidor deja de pagar un solo recibo de la luz


 

Ahora llega la orden del Ministerio, casi tres años después de iniciar su andadura la comercializadora sancionada, por la que va a trasladar los clientes a otra comercializadora de referencia.

“Lo más probable es que estos clientes ya no estén en esta empresa comercializadora y estén con otra compañía que se haya puesto en marcha mientras duraba este largo proceso sancionador”, explican fuentes del mercado.

Si esto fuera así, la sanción del Gobierno y de la CNMC serían papel mojado porque la comercializadora podría haber cambiado de nombre, conseguido traspasar a todos los clientes o buena parte de ellos, y continuar creando un agujero en el sistema eléctrico.

¿Cuánto se ha embolsado la compañía?

Según la orden, la empresa debe 36,3 millones de euros. Que no los va a pagar. La empresa está muerta, abandonada. Como si no existiera. Pero esa cantidad no es la que se ha embolsado la empresa.

Para que los clientes de la comercializadora no viesen cortado el suministro eléctrico, la compañía abonaba todos los peajes. Así, la distribuidora mantenía el suministro sin problema.

Lo que no hacía la empresa sancionada era pagar el IVA por la electricidad. Es más, a Hacienda se le comunican los hechos y el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro pide explicaciones a Industria, encargada de sancionar. Pero, la Agencia Tributaria no ha actuado contra la compañía.

Fuentes del mercado aseguran que la empresa se podría haber llevado limpios más de la mitad de la deuda, cobrado a todos sus abonados. Y luego le sancionan con 150.000 euros y un año sin poder comercializar.

Diferencia de trato

Este caso demuestra, sin duda alguna, las lagunas que tiene el actual sistema. Está mal concebido por el simple hecho de que es demasiado permisivo con el que se salta la normativa.

Si se comparase con lo que sucede con otros actores del mercado, este caso sonrojaría a cualquiera. Por ejemplo, si un consumidor deja de pagar un solo recibo de la luz, ya tiene a los pocos días un aviso de que se le va a cortar el suministro. El banco le pone en la lista de morosos y la eléctrica le corta la luz. Además, si quiere volver a tener electricidad tiene que pagar unos 300 euros por el reenganche.

Un trato que se mire por donde se mire no es igual para unos que para otros. Aquí, tanto la CNMC como el Ministerio de Industria deberían recapacitar por los hechos acaecidos en este caso que clama al cielo. Es hora de ponerse a trabajar.

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5 Comentarios

  1. Muy buen articulo aunque pierde credibilidad cuando afirma que un consumidor tiene que pagar 300€ de reenganche despues de un corte por impago. El coste del reenganche son apenas 20 € IVA incluido, amen de la deuda que generó el corte.

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