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El mundo está lleno de los que se conocen como Illuminati. Son aquellos que tienen tanto poder que no necesitan hacerlo a grito pelao sino que más bien lo hacen a la chita callando. Es decir, los más peligrosos. En España hay unos cuantos de esos, casi todos de sobra conocidos.

Pero los Illuminati de la política española es la especie que más se ha dado si extrapolamos el término a una segunda variante. La de los iluminados. Aquellos que toman decisiones a sabiendas de que está mal o que lo hacen así por puro desconocimiento. En ambos casos, se trataría de ejemplos nefastos.

Todo lo que ha sucedido con el almacén de gas Castor es un compendio total de lo que no se debe hacer en política. Pero en España tenemos unas tragaderas que no importa ya nada, pero hay que decirlo bien alto y claro. Castor ha sido el mayor de los despropósitos de los últimos años en materia energética, ambiental y ahora también económica.

Me acuerdo cuando empecé a escribir de esto de la energía, que había un compañero de profesión, Rubén Esteller, que escribía un día sí y otro también sobre Castor. Era el único. Los compis ya hasta nos reíamos. “Deja a Floro tranquilo”, le espetábamos. El caso es que tenía más razón que un santo, y el fallo fue que casi ninguno le siguió.

Solo nos empezamos a hacer eco del desastre de Castor cuando empezaron a inyectar gas y provocaron los terremotos en Vinaroz y alrededores. Pero el problema, tal y como contó Rubén en su día en El Economista, venía de más lejos.

El proyecto Castor fue aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, siendo ministro de Industria, Miguel Sebastián, por el Real Decreto de 16 de mayo de 2008. Dicho proyecto fue adjudicado a Escal UGS, filial de ACS, para que lo construyera y se quedase como gestor de la instalación.

El coste previsto para el almacén era de unos 500-600 millones de euros. Pero a lo largo de los años, ese coste se fue incrementando. Los famosos sobrecostes de las constructoras. Tiran los precios para llevarse el contrato con el Estado y luego empiezan a meter sobrecostes a la construcción hasta inflarlo de una manera desmesurada respecto al precio original de adjudicación. De 600 millones nos vamos a más del doble.

Según indicó el por entonces ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el coste total del Castor ascendió a alrededor de los 1.700 millones.

Escal tenía reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones, a lo que se añaden hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento.

Pero claro. En Escal UGS, o mejor dicho, en ACS ya se habían ocupado de lo importante de un proyecto de estas características. Negoció muy bien y le salió la jugada a la perfección por si las moscas. Se cubrió totalmente la inversión. Riesgo cero para la compañía gracias a una normativa que le dejaba abandonar el proyecto en cualquier momento y sería indemnizado por ello siempre y cuando no hubiese negligencia.

El encargado de hacer esta normativa fue el Gobierno de Zapatero. En su momento, el PP, con Mariano Rajoy a la cabeza criticó con dureza esta permisividad. Anunció a bombo y platillo que lo iba a quitar en cuanto llegase a Moncloa. Pero ni ZP ni Rajoy se atrevieron a hacerlo.

Entonces en 2013 empezaron los terremotos, uno tras otro, y así hasta contabilizar cientos de ellos. Eran pequeños pero lo suficientemente grandes para que los habitantes de la zona lo notaran y pusieran el grito en el cielo. Ahí fue cuando se creó la alarma y los medios giraron su atención hacia Castellón.

Me acuerdo de Florentino Pérez, que le dijo a Jordi Évole que eso no era nada. Que no había terremotos, que no los notaban los ciudadanos porque a 25 kilómetros, donde se inyectaba el gas, prácticamente ni se notaba.

Este miércoles, con información propia de ACS y de Enagás, tanto el MIT como la Universidad de Harvard le han quitado la razón al señor Pérez y aseguran que los terremotos se debieron a la inyección de gas y encima que provocaron un mayor daño en la falla de Amposta y que por tanto se podría producir terremotos más fuertes si se desmonta la infraestructura.

Ya no es que tratasen de engañarnos sino que encima querían tomarnos por tontos. ACS, que sabía perfectamente lo que pasaba decidió bajarse de la burra y retirarse del proyecto. Eso sí, con el bolsillo lleno por si las moscas. Negoció con el Gobierno y le salió la jugada perfecta. Entre medias, se vio al ministro Soria disfrutar de los Rolling Stones en el palco del Bernabéu invitado por el propio Florentino. Como gusta tener amiguitos así.

A la vuelta del verano, consigue los 1.350 millones de euros para dárselo a Florentino, que cierra la operación con sus bonistas y hasta luego. Que paguen los tontos de siempre, los consumidores, que para eso están. Bueno, mejor dicho, hasta este miércoles, cuando se ha sabido que se pasaron inyectando gas creando terremotos en la zona.

Lo peor de todo es que desde el actual Gobierno no se señala a nadie. Mutis. No hay reponsables. El informe del MIT y de Harvard exculpa a ACS porque era lo habitual hacer esas inyecciones de gas. A lo que no entran era si la localización era la idónea, que parece ser que no. Ni entran en saber si hubo negligencia a la hora de dar los permisos. Para eso está la Justicia.

Hay varios casos abiertos, en justicia ordinaria, el Tribunal Supremo incluso la Comisión Europea. Este caso seguirá dando que hablar. Porque se hicieron las cosas mal. Sobre todo por parte de ambos partidos políticos. Una pésima legislación, como tantas otras, lleva a que los consumidores paguen el pato, y eso no puede seguir así. No más Illuminati.

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