La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, junto con el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) y el despacho especializado Holtrop SLP, han interpuesto una nueva denuncia ante la Comisión Europea.
En este caso, la Plataforma ha denunciado los pagos por capacidad del sistema eléctrico español.
Esta denuncia informa a la Comisión de la existencia de los pagos por capacidad, una serie de mecanismos de pago a las compañías eléctricas en el mercado español que consideran “violan el Derecho de la UE relativo a las ayudas de Estado, son desproporcionados y no obedecen al interés general”. “No hay justificación a que los consumidores tengamos que pagar estos sobrecostes”, señalan desde estas organizaciones.
Los mecanismos de pago denunciados consisten en ayudas de Estado a la producción de energía con el objetivo de garantizar la disponibilidad del suministro. Buena parte de estos pagos los perciben las centrales de ciclo combinado, que perciben un dinero por estar disponibles para el sistema, aunque gran parte del año estén apagadas.
En la denuncia se pone de manifiesto la innecesariedad de estos pagos y que no son de servicio público, dado que en el sistema eléctrico español “existe una sobrecapacidad de potencia instalada y, sobre todo, porque no tenemos constancia de que el Estado español los haya notificado a la Comisión Europea”, indican representantes de la Plataforma.
Las organizaciones denunciantes recuerdan que los Estados miembros están obligados a informar de cualquier ayuda de Estado pues si la Comisión Europea no los aprueba pueden considerarse ilegales, además de ser contrarias a las directivas de la Unión Europea sobre medio ambiente y energía.
Dentro de los pagos por capacidad, también se encuentra lo que se conoce como servicio de interrumpibilidad. Solo en esta partida se dan unos 550 millones.
El Gobierno llevaba varios años reduciendo esta partida de pagos por capacidad para las centrales de carbón y gas natural. Pero en este 2017 ha inflado la partida de estos ingresos hasta los 725 millones de euros.
Algo que la propia CNMC se lo recordó en el informe sobre peajes eléctricos de 2017. El organismo supervisor le dijo al Gobierno que está "financiando" costes del sistema mediante un exceso de recaudación de 355 millones de euros en la partida de pagos por capacidad.
Según la orden de peajes, el coste de los pagos por capacidad es de 390 millones, por lo que se registra "un saldo positivo de los pagos por capacidad de 355 millones" que se destinará a financiar los costes regulados distintos al transporte y la distribución, entre los que figuran, especialmente, los incentivos a las renovables o la amortización de la deuda eléctrica.
"Teniendo en cuenta que los peajes de transporte y distribución implícitos en la propuesta de orden son suficientes para recuperar la retribución de las redes, el superávit de los pagos por capacidad está destinado a la financiación del resto de costes regulados del sistema", afirma el regulador.
La organización también ha informado de la situación jurídica de otras denuncias interpuestas con anterioridad, tanto ante la Comisión de Energía en Bruselas por los 3.400 millones de euros en concepto de costes de transición a la competencia - conocidos como CTC´s - como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo por el impuesto eléctrico del 7%.
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