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El Tribunal Constitucional considera “inconstitucional y nulo” que el Gobierno haya prohibido el autoconsumo compartido. Una sentencia que podría marcar un antes y un después en un sector que lleva años denunciando que el RD 900/2015 supone una “barrera económica al autoconsumo” y una “señal inequívoca del escaso apoyo del Gobierno a esta tecnología”

Ya en 2014, un estudio realizado por el Instituto ISTAS de CCOO calculó que se podrían crear 135.779 empleos si se impulsaran las instalaciones de autoconsumo, de los cuales, 79.111 serían empleos directos y 56.668 empleos indirectos, además de reactivar las economías locales y crear empleo de ca­lidad.

El autoconsumo dinamizaría también toda la industria auxiliar y actuaría como un motor de arras­tre para otras actividades económicas y áreas de negocio de las zonas donde se implantara como la construcción, la rehabilitación de edificios, las empresas de servicios energéticos, la domótica o la ges­tión de redes inteligentes en aquellas zonas donde se apostara firmemente por su desarrollo.

Con esta sentencia, se abre el camino para que sean ahora las comunidades autónomas las que tengan que empezar a regular el autoconsumo energético. Pero, ¿qué territorios serían los primeros en hacerlo? El primero, como es obvio, sería Cataluña, ya que ha sido la Generalitat la que presentó el recurso que ha abierto esta brecha en la regulación estatal. Además, hace dos años, el gobierno autonómico dejó claras cuáles eran sus estrategias en esta materia al elaborar su Pacto Nacional para la Transición Energética, donde incluía, entre otros objetivos, “el apoyo al autoconsumo y la generación distribuida”.

¿Y después? “Es de esperar que en las comunidades autónomas donde gobiernan grupos políticos que han defendido el desarrollo de las renovables y del autoconsumo sean las primeras que legislen a favor del autoconsumo compartido, y lo que es más importante, las que apliquen la eliminación del registro obligatorio estatal de las nuevas instalaciones”, señalan fuentes de Unidos Podemos, “es una nueva derrota del Gobierno por parte de los tribunales, y en este caso es muy buena noticia, porque abre una puerta a su desarrollo”.

En esa línea se encontrarían PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC, PDeCAT y Compromís, ya que a principios de año se unieron para presentar una Proposición de Ley para acabar con el impuesto al sol y acabar con las trabas administrativas que impedían el desarrollo del autoconsumo en España.

De las 17 comunidades autónomas, solo en Galicia gobierna con mayoría absoluta el Partido Popular, y en otras cuatro, Madrid, Castilla y León, Murcia y La Rioja, el PP está en el poder con el apoyo de Ciudadanos. Sin embargo, no hay que olvidar que Murcia se convirtió en la primera comunidad en plantar cara al RD de Autoconsumo del Gobierno central.

En el caso del PSOE, en todas aquellas donde gobierna, lo hace o con el apoyo de Unidos Podemos (Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón), junto a más partidos (Comunidad Valenciana e Islas Baleares, o en Asturias con IU), o con el apoyo de Ciudadanos (Andalucía).

En otras autonomías, es el PSOE el que ha dado su apoyo al gobierno regional, como es el caso de Cantabria (PRC), Canarias (CC) o en el País Vasco (PNV). En Navarra, gobierna una coalición de izquierdas.

Ya está preparada la casilla de salida para iniciar la batalla por el desarrollo del autoconsumo compartido. Las primeras podrían ser aquellas comunidades donde sus ciudades tengan un peso específico, pero también donde sus gobernantes consideren que podría ser un beneficio económico y generador de riqueza y empleo.

Y es que España es un país que presenta un entorno favorable para el desarrollo de la generación solar y en particular del autoconsumo: precios de electricidad elevados y radiación solar suficientemente atractiva, según un informe de PwC.

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