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La elaboración del reglamento del bono social para luchar contra la pobreza energética sigue su curso y el Gobierno se está reuniendo con Ciudadanos y PSOE, con los que pactó el Real Decreto-Ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social, para incorporar sus propuestas.

Por el momento, ya conoce las de Ciudadanos y en las próximas semanas hablará con el PSOE para que antes de que finalice abril ya se apruebe el reglamento, justo los tres meses de plazo que dio el Gobierno para desarrollar esta normativa. El objetivo no es otro que sacar adelante la mejor regulación posible y que persevere durante años y no tenga que cambiarse cada ejercicio. Por eso se busca el mayor consenso posible entre las partes.

El nuevo bono social tiene que definir dos cuestiones. Por un lado, las categorías de consumidores vulnerables a los que se podrán aplicar diferentes niveles de descuento en función de su renta, y por otro, el sistema de financiación.

El bono social, desde 2009, ofrece un descuento del 25% en la factura a los hogares con una potencia contratada mínima de tres kilovatios, familias numerosas, pensionistas con prestaciones mínimas y hogares con todos sus miembros en paro. Sin embargo, a partir de ahora, se afina aún más y se amplía la definición entre consumidores vulnerables y consumidores de extrema vulnerabilidad.

Según ha podido saber El Periódico de la Energía, se utilizará el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) para definir esas categorías, y se valorará especialmente aquellas familias que tengan, al menos, un menor a cargo menor de 3 años, aunque es posible que se amplíe a las familias numerosas, también si alguno de los miembros tiene más de 60 años y es pensionista por jubilación, incapacidad permanente y viudedad, percibiendo por ello la cuantía mínima vigente o si hay miembros con discapacidad de más del 33% o si acredita la condición de víctima de violencia de género. Los tramos de cobertura irán del 25% hasta el 100%.

Según la propuesta de C’s, sería consumidor vulnerable aquel hogar que ingresara menos de 1,5 veces el IPREM (798,765 euros al mes), y en el caso de consumidor extremadamente vulnerable, menos de 0,5 veces el IPREM (266,255 euros al mes).

En el caso de la financiación, también hay cambios. Según el RDL, el bono lo financiarán las comercializadoras eléctricas en su conjunto. Ya no solo las de referencia (las cinco grandes más las de Ceuta y Melilla) sino las más de 200 que funcionan en el mercado. Pero el reglamento especifica que las administraciones públicas cofinanciarán el bono social en un 40-50%. Y cuando se habla de administraciones públicas se refiere a las Comunidades Autónomas. “Aunque ya se están llegando a acuerdos bilaterales entre gobiernos autonómicos y compañías eléctricas, de esta manera se pretende uniformar esas medidas para todas”, señalan fuentes conocedoras, “la política social es competencia autonómica pero ¿quién se van a negar a luchar contra la pobreza energética en su territorio?”.

El reglamento también incluye ampliar de dos a cuatro meses el periodo de tiempo que tiene que esperar la eléctrica para cortar la luz tras comunicar el impago a los hogares. Y además, se va a exigir una notificación fehaciente al deudor, no solo por carta, sino que se buscará un sistema que asegure que ha sido informado. Pero se prohibirá cortar la luz a las familias que estén tuteladas por los Servicios Sociales.

Por último, en el caso de que una compañía eléctrica ofrezca a un consumidor a pasarse al mercado libre, éste deberá ser informado de que pierde la posibilidad de acogerse al bono social, porque deja de pertenecer al PVPC, a la tarifa regulada.

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