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Era de prever que el Gobierno iba a haber movimientos en los próximos años en el sistema eléctrico. Varios medios de comunicación, entre ellos El Confidencial y Cinco Días, han informado esta semana sobre el recorte a las renovables que aplicará de nuevo el Gobierno del PP para 2019.

El 7,4% de rentabilidad razonable se quedará en poco más del 4% a partir del ejercicio de 2020, según los cálculos previstos por el Gobierno. Este nuevo recorte evidencia que hay algo que se ha hecho mal. Y son muchos los ejemplos.

Vayamos a diciembre del año pasado. El Gobierno aprueba la orden de peajes para 2017. Según los cálculos del Gobierno, con cierta trampa sobre los ingresos de los pagos por capacidad (720 millones de ingresos por solo 350 de coste), el sistema eléctrico cerraría este año con un superávit de 9 millones de euros.

Un dato muy justo, que por cualquier cosa, obtención de menos ingresos por caída de demanda o una sentencia mal avenida, se iba todo al traste. Muy complicado es cuadrar los ingresos y costes del sistema.

El caso es que, en pocos meses, el Gobierno ya sabe que el déficit de tarifa, ese fantasma que ha estado presente en España durante tantos años, se asoma de nuevo. La sentencia a favor de los purines no estaba en los cálculos del Gobierno, por ejemplo.

Para que le cuadren las cosas al Ministerio, le ha pegado un recorte a los purines en la nueva orden de retribución. En vez de cobrar 25 años, se lo ha reducido a 15 ejercicios y así la mitad de las plantas dejan de percibir ayudas.

Pero es que también está la sentencia del bono social. Más de 500 millones que se deben a las cinco grandes eléctricas que todavía está aún por saber cómo se van a pagar. Por eso el Gobierno ha decidido tirar del ahorro de los superávits de 2014, 2015 y 2016. De los 1.000 millones de superávit, en vez de ir contra el déficit podrán ir para pagar sentencias. Lo dicen los PGE recientemente aprobados.

Podría de momento salvar el escollo el Gobierno, pero los salvavidas se acaban en el barco. Ahora en mayo llegó el primer laudo en el que el Estado español salió perdiendo. 128 millones que tendrá que pagar. Ahora no, pero sí dentro de unos años. Y claro, hay que hacer cálculos.

Un laudo abre la posibilidad a que se produzcan más en contra y por tanto se tengan que devolver a inversores extranjeros en renovables miles de millones de euros en los próximos años. Pero para eso hay que esperar a que se produzcan esas sentencias.

Y para rematar, hay dos casos que podrían poner patas arriba el sistema eléctrico. Ambos están en Europa. El TJUE se tiene que pronunciar tanto del Fondo Nacional de Eficiencia Energética como de los impuestos eléctricos aprobados en la reforma. Algo que sucedería antes del verano de 2019, justo cuando el Gobierno tiene que preparar la nueva retribución razonable.

Si finalmente el Tribunal Europeo se pronuncia contra España, el sistema eléctrico español tendría de nuevo déficit, que se pagaría únicamente con un aumento de los peajes, es decir, que todos los españoles nos rascaríamos más el bolsillo para pagar aún más en la factura de la luz.

Es por ello, que el Gobierno, amparado en su desastre de reforma eléctrica de 2013, quiere a finales de 2019 o principios de 2020 recortar esa retribución a renovables, cogeneración y residuos.

La reforma de Alberto Nadal y José Manuel Soria se despedaza por momentos. Se puede ir al traste. Ha podido servir para cortar el grifo sangriento del déficit de tarifa en los primeros años, pero la alegría dura poco en la casa del pobre.

Ya en 2017 el Gobierno puede ver que se desvía un poco el sistema y lo que parece más que cantado es que en los siguientes ejercicios no será suficiente la reforma para mantener los ingresos del sistema. Por eso, quiere recortar aún más la partida de costes.

Probablemente no sean las únicas las renovables las que sufran el recorte, sino que habrá otras partidas que se vean afectadas a parte de la subida de la luz a los consumidores. Solo el cálculo de la devolución de los impuestos a la producción y el del combustible nuclear podría alcanzar los 6.000-7.000 millones de euros.

El puzle eléctrico se ha roto (o parece que se romperá) en mil pedazos. Se vuelve otra vez para atrás a la situación de 2012-2013. Pero con otros parámetros. La reforma ha servido de poco o casi nada. La pesadilla del déficit aún no ha acabado. Prepárense para la fiesta.

 

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