España se salta a la torera la directiva comunitaria sobre la prioridad de despacho de las renovables

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Parque de La Magascona, en Trujillo, uno de los proyectos de Procinsa. FOTO: Procinsa
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Parque de La Magascona, en Trujillo, uno de los proyectos de Procinsa. FOTO: Procinsa
Parque de La Magascona, en Trujillo, uno de los proyectos de Procinsa. FOTO: Procinsa

La prioridad de despacho, junto con la prioridad de conexión y acceso, es uno de los derechos de los productores de energías renovables que tienen garantizados a través del Derecho Europeo, según consta en la Directiva 2009/28/CE. 

El artículo 16.2 de esta directiva, dice lo siguiente: los operadores de los sistemas de transporte den prioridad a las instalaciones de generación que utilicen fuentes de energía renovables en la medida en que el funcionamiento seguro del sistema eléctrico nacional lo permita y con arreglo a criterios transparentes y no discriminatorios”. 

Hasta este año, España ha adoptado esta medida al pie de la letra, pero el Gobierno ha decidido acabar con este derecho de las instalaciones de energías renovables y cogeneración. Este derecho ha permitido el desarrollo las energías renovables en España, sobre todo de fotovoltaica y eólica. 

Según el artículo 6.2 del RD 413/2014, por el que se regula a las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos, “la energía eléctrica procedente de instalaciones que utilicen fuentes de energía renovable y, tras ellas, la de las instalaciones de cogeneración de alta eficiencia, atendiendo a la definición prevista en el artículo 2 del Real Decreto 616/2007, de 11 de
mayo, sobre fomento de la cogeneración, tendrá prioridad de despacho a igualdad de condiciones económicas en el mercado, sin perjuicio de los requisitos relativos al mantenimiento de la fiabilidad y la seguridad del sistema, en los términos que reglamentariamente se determinen por el Gobierno”.

Es decir, que estas instalaciones han perdido su derecho en España, por lo que el Gobierno se salta a la torera lo que dice el Derecho Europeo. 

Ante este atropello, según ha podido saber El Periódico de la Energía, el eurodiputado Ernest Urtasun, presentará, a instancia de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, una pregunta parlamentaria al Comisario de Acción por el Clima y Energía, el español Miguel Arias Cañete, sobre si piensa la Comisión Europea reaccionar ante la vulneración del Derecho Europeo que está cometiendo España, al vaciar de contenido la prioridad de despacho. 

Cambio de las reglas del juego

Fuentes jurídicas señalan a este diario que se trata de un nuevo varapalo a las instalaciones, sobre todo a las más antiguas, porque perjudica seriamente a las plantas que se conformaron cuando la tecnología aún era cara. “Es posible que con las instalaciones nuevas y en un futuro próximo, para que en Europa haya un verdadero mercado único de la electricidad, se pueda restringir este derecho a las renovables porque no lo necesitarán al haber logrado reducir sus costes, pero la gran mayoría de las instalaciones en España se crearon hace años cuando aún eran bastante caras”. 

Es por ello, que muchos productores han recurrido esto en el Tribunal Supremo. Estas mismas fuentes señalan que tanto APPA, en representación de sus socios, y miles de productores representados por el bufete Holtrop han recurrido el artículo 6.2 en su recurso al TS del Real Decreto 413/2014.

El objetivo de recurrir esteartículo es “garantizar el derecho de las instalaciones ya existentes”, explica Daniel Pérez, abogado del bufete Holtrop. El letrado cree que se están cambiando las reglas de juego una vez más a un sector que ha sufrido demasiados cambios respecto a la regulación que lo desarrolló.

 

 

 

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