Poco a poco los juicios de los recursos contra el recorte a las renovables van tomando cuerpo. Los peritos de los recurrentes que han presentado sus informes de la reforma eléctrica llevan varias semanas prestando declaración en los distintos casos. El pasado 2 de julio, el encargado de acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo fue el expresidente de Red Eléctrica y exconsejero de la Comisión Nacional de la Energía, Jorge Fabra. El economista acudió al Alto Tribunal para explicar su informe pericial, presentado por el recurrente Anpier, la asociación nacional de productores de energía fotovoltaica, que defienden en su caso a miles de afectados por los recortes.
Fabra explicó brevemente su informe de 33 páginas, titulado Ausencia de diagnóstico, alternativas no analizadas, arbitrariedad y discriminación en la nueva regulación del Sector Eléctrico, al que ha tenido acceso este diario. El expresidente de REE se dedicó a desmontar la teoría del Gobierno de que las energías renovables fueron las únicas culpables del enorme agujero que se creó en el sistema eléctrico español hasta 2013. Un déficit que llegó a alcanzar los 30.000 millones de euros en su mayor auge.
El exconsejero de la CNE es uno de los mayores expertos del funcionamiento del sistema eléctrico. Como tal, conoce los entresijos de toda la regulación del sector eléctrico en los últimos años. Fabra explicó a los magistrados del Supremo que la Administración actuó de forma totalmente arbitraria y discriminatoria a la hora de legislar la reforma eléctrica de los últimos años al conocer sobradamente la verdadera causa del déficit eléctrico generado en buena parte en los últimos 10 años.
Informes de la CNE
Según la prueba pericial, "el Informe de la Comisión Nacional de la Energía CNE de 20 de mayo de 2008 sobre la propuesta de revisión de la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de ese mismo año refleja con claridad que la principal responsabilidad de la brecha entre precios y costes del mix energético recae en la retribución de la generación de las centrales históricas y, entre ellas, en particular, por la retribución de las centrales nucleares e hidroeléctricas".
Fabra explica la procedencia de estas sobre retribuciones que en el argot económico se conocen como los wind fall profits del sector eléctrico español, los beneficios inesperados que las centrales nucleares e hidroeléctricas han percibido durante los últimos años.
Para ello, Fabra echa la vista para atrás y traslada al Supremo y a la Abogacía del Estado hasta 1997. "El Gobierno pactó con las empresas de Unesa el conocido como Protocolo para el establecimiento de una Nueva Regulación del Sistema Eléctrico Nacional, que acordó la fijación del sistema marginalista de fijación precios por el cual todas las centrales de generación pasarían a cobrar el precio de la última central que completa la cobertura de la demanda de electricidad. Es decir, el precio más alto ofertado en las subastas horarias realizadas cada 24 horas".
"En el Protocolo igualmente se estableció la compensación a las centrales históricas, vía los llamados Costes de Transición a la Competencia (CTC), por los quebrantos que se estimó podría causar el nuevo sistema regulatorio a las inversiones correspondientes a aquellas centrales históricas. El Protocolo y su conexión con la Ley del Sector Eléctrico 54/97, constituyen una prueba fehaciente de que empresas y Gobierno fueron conocedores y conscientes de que, ingresados por las empresas por las dos vías previstas en las normas legales (vía tarifa y vía mercado por exceso sobre el precio estimado) la compensación pactada (CTC’s por 8.664 millones de euros) además de precios de mercado superiores a 36 MWh y otros complementos retributivos regulados, las inversiones a las que nos referimos quedaban ya recuperadas", explica el economista en su informe. Es decir, con lo percibido por los CTC las inversiones realizadas en las centrales nucleares e hidroeléctricas fueron devueltas a las eléctricas.
"La Comisión Nacional de la Energía (CNE) en un informe de fecha 2 de diciembre de 2009, (...), concluye que los CTC’s cobrados entre el 31 de diciembre de 1997 y el 30 de Junio de 2006 por las empresas eléctricas firmantes del Protocolo han sido 10.187,20 millones de euros, en valor actual neto a 31 de diciembre de 1997, es decir, 1.523.60 millones por encima y a pesar del límite máximo autorizado de 8.664 millones", explica Fabra en su informe. Por cierto, que el informe de la CNE fue a petición del Ministerio, por lo que tenía total conocimiento de la situación.
Sobre retribución
Pero la cosa no se queda ahí. El informe pericial muestra cómo las instalaciones nucleares e hidroeléctricas se han llevado cuantiosos beneficios en los últimos años desde que el Gobierno socialista acabara con los CTC en 2006. La prueba que ha presentado el exconsejero de la CNE fue un informe del regulador datado el 20 de mayo de 2008. "El Informe de la Comisión Nacional de la Energía CNE de 20 de mayo de 2008 sobre la propuesta de revisión de la tarifa eléctrica a partir del 1 de julio de 2008 refleja con claridad que la principal responsabilidad de la brecha entre precios y costes del mix energético recae en la retribución de la generación de las centrales históricas y, entre ellas, en particular, por la retribución de las centrales nucleares e hidroeléctricas".
Además, el informe de la CNE "refleja con claridad que la posición de ventaja de las tecnologías nuclear e hidroeléctrica que les suministra, con el actual diseño de mercado, una alta retribución, no es una posición o ventaja competitiva que pueda ser legitimada por los mercados. La moratoria nuclear (de derecho o de hecho) y la inexistencia (en términos significativos) de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos económicamente explotables, determinan la inexistencia de libertad de entrada en estos segmentos tecnológicos para que nuevos entrantes puedan disputar los beneficios observados. Por consiguiente, no hay posibilidad alguna de que exista competencia real con estas tecnologías, cuestión que las deja fuera del mercado con toda independencia de que las normas reconozcan los precios del mercado el baremo de su retribución".
Las cuentas de Fabra
En su reflexión final, Fabra se pregunta: ¿Qué rentabilidad están teniendo desde hace casi ya diez años las centrales históricas, típicamente nucleares e hidroeléctricas?. En su informe hace el cálculo:
1- La energía producible media de las centrales hidroeléctricas es de 30.007.000 MWh; considerando que sus costes remanentes de producción se sitúan, bajo hipótesis generosas, en torno a 11 € MWh, y que sus ingresos se han situado entre 53 y 66 euros MWh, el conjunto de estas centrales estarían experimentando anualmente, desde junio de 2005 hasta el presente, beneficios inesperados entre 1.275 y 1.670 millones de euros anuales.
2- La energía producible media de las centrales nucleares es de 59.888.000 MWh; considerando que sus costes remanentes de producción se sitúan, bajo hipótesis igualmente generosas, en torno a 22 € MWh, y que sus ingresos se han situado entre 40 y 50 euros MWh, el conjunto de estas centrales estarían experimentando anualmente, desde junio de 2005 hasta el presente, beneficios inesperados entre 1.078 y 1.692 millones de euros anuales.
"En resumen: desde junio de 2005, fecha de recuperación de los CTC’s, las centrales nucleares e hidroeléctricas, cuya inversión se produjo, en todos los casos, antes de 1997 bajo un marco regulatorio que retribuía sus costes incluyendo una tasa razonable de rentabilidad, han generado unos ingresos inesperados (Wind Fall Profits en la literatura económica) que se han situado –según las moderadas hipótesis antes mencionadas- entre 2.335 y 3.361 millones de euros anuales. Es decir, en 10 años estos ingresos inesperados han alcanzado una cifra de orden de magnitud semejante a la del Déficit Tarifario -30.000 millones de euros- que hoy representa el desequilibrio financiero que pretendidamente ha justificado el conjunto de normas de diferente rango emitidas bajo la genérica denominación de Reforma Eléctrica, sin que ninguna de estas normas haya, no solo no analizado, ni siquiera hecho mención a esta cuestión", asegura Fabra en su informe.
Por todo esto, Fabra acusa al Gobierno de haber actuado con deslealtad, de forma arbitraria y discriminatoria, en los recortes a las renovables, convirtiendo a estas tecnologías como las únicas culpables del agujero del déficit cuando en realidad no ha sido así. Y quien lo dijo fue la CNE. Por cierto, ante la explicación de Fabra, los abogados del Estado se quedaron enmudecidos y no le preguntaron absolutamente nada. Ahora el recurso de Anpier sigue su curso (valga la redundancia) en el Supremo tras presentarse toda la documentación tras las declaraciones de los peritos. Además de Fabra, Anpier presentó otro informe más técnico sobre el cálculo de las retribuciones a las instalaciones de los afectados.
santaklaus
30/07/2015