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La Abogacía del Estado recomendó al Gobierno en 2012 reclamar en Bruselas la sobrecompensación de los CTC

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José Manuel Soria, en una intervención en el Senado. FOTO: EFE.
José Manuel Soria, en una intervención en el Senado. FOTO: EFE.

El Gobierno del Partido Popular, a los pocos meses de llegar a Moncloa en diciembre de 2011, elevó una consulta a la Abogacía del Estado para conocer si podían reactivar el caso de la sobrecompensación de los Costes de Transición a la Cometencia (CTC) a las eléctricas valorada en 3.400 millones por la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

En el informe de respuesta, al que ha tenido acceso El Periódico de la Energía, el Cuerpo del Estado considera que el caso ya ha prescrito desde el punto de vista del derecho nacional, según se relata en la denuncia que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presentará en Bruselas el 30 de septiembre contra el Reino de España por no haber reclamado la sobrecompensación a las eléctricas.

Pero el Abogado del Estado no se quedó ahí ya que "no descarta la posibilidad de acudir al Derecho Europeo para exigir la devolución" de los 3.400 millones de euros. En el informe, la Abogacía señala que "si llegase a hacerse patente que las cantidades abonadas en concepto de compensaciones por CTC a las distintas mercantiles beneficiarias han superado el importe que, en estricta aplicación del mecanismo legalmente establecido (atendida en particular, la disminución ligada a la evolución del precio de mercado de la electricidad), correspondería, podría la Comisión concluir que dichas eventuales cantidades indebidamente percibidas constituyen una ayuda nueva que no habría sido notificada (y por tanto, una ayuda ilegal en los términos del artículo 1.f) del Reglamento 659/1999) o, eventualmente, una ayuda aplicada de manera abusiva, en los términos del artículo 1 g). Y, en consecuencia, podría acordar la apertura de un nuevo proceso de investigación formal, siempre que no hubiese transcurrido desde la percepción de las tales cantidades hipotéticamente indebidas el plazo de diez años referido en el artículo del Reglamento 659/1999".

Como bien dice la Abogacía del Estado, los casos de ayudas de Estado no prescriben para la Comisión Europea hasta que transcurran 10 años. Y es por ello que la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético ha decidido acudir a Bruselas para elevar la denuncia contra el Reino de España. El abogado de la organización civil, Daniel Pérez, explicó la semana pasada en rueda de prensa que el caso no ha prescrito en Europa ya que el informe de la CNE de diciembre de 2009 sobre la propuesta de Orden Ministerial por la que se revisan las tarifas de acceso eléctricas a partir del 1 de enero de 2010 aseguraba que "hasta la fecha no se ha realizado una liquidación final de los costes de transición a la competencia". Además, las eléctricas cobraron los CTC hasta 2005 incluido por lo que aún no habría prescrito el caso.

Sin embargo, la Abogacía del Estado concluye en el informe de 2012 remitido al Gobierno que la Comisión Europea ya examinó en 2001 las compensaciones por los CTC y tomó una decisión el 25 de julio de ese año en la que no pudo afirmar que los CTC fueran ayudas de Estado. La Abogacía del Estado toma esta fecha de la decisión como punto de partida de los 10 años de plazo para que el caso prescriba, por eso le dijo al Gobierno que también se había superado el tiempo para reclamar el dinero en Bruselas.

El Gobierno hizo caso a la Abogacía del Estado y que se sepa no presentó ningún tipo de reclamación ante la Comisión. La Plataforma asegura en su denuncia que no le consta que el Reino de España haya intentado reclamar los 3.400 millones de euros. Un caso de esta índole se conocería públicamente ya que se trata de una cuantía muy alta. Lo que sí sabía el Gobierno es que los CTC se cobraron hasta 2005 ya que el Gobierno socialista decidió acabar con ellos en 2006.

Ahora, tras no haber reclamado la presunta sobrecompensación a las eléctricas, es la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético la que busca que Bruselas exija a las compañías eléctricas a devolver los 3.400 millones cobrados de más. El próximo 30 el caso llegará a las manos de los funcionarios de Competencia en Bruselas y en unos dos meses se conocerá si abre investigación o no ve caso digno de revisar. Todo indica que Competencia tendrá que ver si el caso ha prescrito o no. Ahí está la cuestión.

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