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En los próximos años finalizará la concesión de explotación para las eléctricas que construyeron las centrales hidroeléctricas a principios del siglo XX y éstas pasarán a formar parte del Estado. Según la Ley de Aguas 1/2001 de 20 de julio, ‘toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a 75 años’. De esta manera, en los próximos diez años hasta 45 centrales dejarán de ser explotadas por una empresa privada y pasará a hacerlo el Estado, en principio a través de las Confederaciones Hidrográficas correspondientes.

“Cuando termina el plazo de una concesión hidroeléctrica, el salto con todas sus instalaciones pasa a pertenecer al Estado. El concesionario debe entregar la central y sus instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento”, señalaban fuentes del Ministerio de Agricultura hace unos meses a este diario.

Y aunque así lo dice la Ley desde 2001, algunos partidos políticos, como Podemos, piden la renacionalización de las centrales hidroeléctricas conforme vayan caducando las concesiones públicas a empresas privadas, y en Aragón (gobernado por Podemos con el apoyo de CHA e IU), sus Cortes autonómicas aprobaron hace un año una resolución para hacerse con la gestión de las instalaciones de su territorio con el objetivo, dicen, de bajar el recibo de la luz. Una decisión que, a bote pronto, puede ser beneficiosa para los consumidores pero que no beneficia a todos.

Y es que mientras la concesión esté en manos de empresas privadas cuya cifra de negocio supere el millón de euros, la ley establece la obligación de pagar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), un tributo gestionado por los ayuntamientos y del que reciben el 90% del importe total, además de un recargo que va a parar a la Diputación Provincial correspondiente.

Por ejemplo, para municipios como el oscense de Mequineza, donde se encuentra el salto de agua más importante de Aragón por producción eléctrica, supone el 26% de sus ingresos.

El problema surge cuando el Estado recupera la concesión otorgada a las eléctricas, ya que según la Ley Reguladora de Haciendas Locales, como está exento de pago del IAE, al igual que las comunidades autónomas y las entidades locales, los ayuntamientos dejan de recibir esa contribución. Es el caso del Ayuntamiento de Panticosa, municipio donde se encuentra la central hidroeléctrica del Pueyo de Jaca, que fue revertida en 2013 y desde entonces, al ser gestionada por la Confederación Hidrográfica del Ebro, no ingresa por este concepto.

Por eso, la pasada semana, el partido socialista presentó una Proposición no de Ley relativa a la tributación por el Impuesto sobre Actividades Económicas de las Centrales Hidroeléctricas e instalaciones anexas que reviertan al Estado por el transcurso del plazo de concesión, donde señala que esta circunstancia supone una “pérdida de ingresos que afectará de una manera fundamental a muchos de los ayuntamientos donde radican las centrales hidroeléctricas ya que son en su mayoría municipios pequeños y los ingresos procedentes del IAE de estas centrales suponen una parte importante de su presupuesto de ingresos”.

Para solucionarlo, ha propuesto adoptar cuantas medidas sean necesarias, incluso modificar la normativa del IAE, para que el Estado pague ese impuesto en los supuestos de reversión de centrales hidroeléctricas y sus instalaciones anexas, cuando la actividad económica haya estado previamente gravada y se continúe en el ejercicio de la misma, además de actualizar el tipo impositivo aplicable a estas actividades, inmovil desde 1990, y garantizar el nivel de ingresos de las entidades locales afectadas.

Sin embargo, para la Asociación de Municipios afectados por embalses y centrales hidroeléctricas no es suficiente. Llevan décadas reivindicando un cambio en la tributación del IAE y en poder aumentar el valor catastral de las instalaciones. Por ejemplo, en 2012, las eléctricas pagaron menos de 20 millones al Gobierno por el caudal de los ríos, pero gracias a ellos ganaron 1.000 millones de euros.

Mientras se busca una solución, ya tienen ya algo ganado, la decisión de Tribunal Supremo que avala que los ayuntamientos puedan cobrar una tasa a las eléctricas por la utilización privativa o el aprovechamiento del dominio público que hacen con sus infraestructuras de distribución y transporte.

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1 Comentario

  1. el término “arruinar” me parece muy poco objetivo. Uno se arruina cuando tiene unas obligaciones a las que no puede hacer frente. Si yo no tengo deudas y mis ingresos bajan, pues tendré que apretarme el cinturón, pero no me arruinaré. Siendo realistas el titular deberia ser que IAE para estos municipios es o ha sido un “chollo”, y que la gallina de los huevos de oro puede agotarse… Dicho lo cual, estos municipios pasarían a una situación similar a la de muchos pequeños municipios que ya les gustaría haber tenido esos ingresos durante los últimos años, y que de manera generalizada debería buscarse potenciarlos. No potenciar más a los que tenían embalse que a los que no, ni viceversa.

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