No es una afirmación de un programa electoral de un partido de izquierdas. Es lo que ya marca la ley. Ni prórrogas automáticas, ni renovaciones y en los próximos 10 años, al menos 45 concesiones de explotación de centrales hidroeléctricas caducarán en España.
Según ha confirmado a este diario el Gabinete de Prensa de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, "cuando termina el plazo de una concesión hidroeléctrica, el salto con todas sus instalaciones pasa a pertenecer al Estado. Nunca hay una prórroga automática. El concesionario debe entregar la central y sus instalaciones en perfectas condiciones de funcionamiento. No obstante la Confederación Hidrológica podría licitar la explotación del aprovechamiento hidroeléctrico, y durante el periodo que media entre la fecha de entrega del salto y la nueva adjudicación puede explotarlo transitoriamente la Confederación".
Y para conocerlo de primera mano, estos vencimientos "salen a información pública, en los boletines oficiales que determine el alcance de la actuación (provincial, nacional…)", añade el organismo público. La ley marca un plazo de 18 meses desde el momento en que se inicia el expediente de caducidad hasta que finaliza todo el proceso, pero en caso de recibir alegaciones se abrirían trámites paralelos que se sumarían a ese periodo de año y medio.
Excepciones para conseguir la prórroga
La Ley de Aguas 1/2001 de 20 de julio señala que ‘toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos, con carácter temporal y plazo no superior a 75 años’. Si no se previó ese plazo para una central en concreto, podría darse el caso de una prórroga, tal y como señala el Ministerio, "ninguna concesión hidroeléctrica se renueva cuando se extingue por transcurso del plazo. Solo cabe la posibilidad de conseguir un aumento de plazo cuando el vigente es menor de 75 años y mediante un expediente de modificación de concesión se solicita y se justifica el aumento de plazo. El plazo concesional de 75 años (el máximo que permite la ley de aguas) es absolutamente improrrogable".
Algo así es lo que ocurrió en 2012 con la concesión del salto de Los Peares (Lugo), la central hidroeléctrica de Los Peares III, que data de 1948. Según la Resolución de 11 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Modificación de características de esta concesión, "el 26 de noviembre de 2009, el anterior Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino aprueba el aumento de caudal concesional en 23 m3 /s aprovechando el caudal ecológico en la nueva central Los Peares II con nuevo plazo concesional (hasta 4 de septiembre de 2059)".
"En España tenemos una legislación muy favorable en el caso de las concesiones hidroeléctricas, pero no porque establezca una prórroga automática, sino porque el otorgamiento es discrecional aunque se prevé que se haga mediante resolución motivada y adoptada en función del interés público y se ajuste a los principios de publicidad y tramitación en competencia", señala Blanca Manzanares, abogada del despacho especializado en el sector energético Ejaso, "esto se traduce en que siempre se adjudica a las mismas compañías eléctricas y se retribuye a las concesionarias por la inversión realizada en las centrales hidráulicas y no por la energía producida (de manera que habría que demostrar que éstas ya han recuperado con creces la inversión)".
"Es uno de los temas más conflictivos que hay ahora mismo en el sector eléctrico", explica Jorge Morales, experto en energía, "pero habría que distinguir entre las centrales con capacidad de gestión, que son las de mayor producción y pertenecen a las grandes eléctricas, y las no gestionables, como es la minihidráulica".
Aunque para César Rodríguez, secretario general de la asociación AEMS-Ríos con Vida, también habría que tener en cuenta la cuestión medioambiental, "en los próximos cuatro o cinco años caducan algunas concesiones importantes, sobre todo en sobreexplotación intensiva y abuso fosilizado por esos plazos tan largos e intocables, como es el caso de las centrales situadas a lo largo del río Nansa en Cantabria, en el río Sil o en el Navia, en Asturias. Cuando caduquen, si las eléctricas quieren recuperar la concesión deberá ser con medidas medioambientales más estrictas, ya que deben ajustarse a la normativa de la Unión Europea, y no como han venido funcionando desde los años 40 y 50 del siglo pasado".
Deja tu comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Todos los campos son obligatorios