La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos que dirige el vicepresidente primero necesita conocer bien su impacto en las tarifas de los consumidores antes de autorizar este mecanismo por 900 millones al año durante la próxima década.
La organización reclama acelerar la transición hacia renovables, almacenamiento y autoconsumo solar y critica la reducción del impuesto autonómico a las instalaciones de la central.
Afirma que la apuesta por esta energía deber ser "estructural" y formar parte de la "política de Estado".
El proyecto busca reforzar las reservas brasileñas y su peso en el mercado petrolero, pero genera críticas ecologistas por los riesgos socioambientales en una zona de gran valor biológico.