Almacenar CO2 en el mar: una apuesta millonaria con riesgos inciertos

La industria del petróleo y el gas planea invertir miles de millones de dólares en grandes proyectos de almacenamiento de dióxido de carbono (CO₂) en el Golfo de México, trasladando su estrategia desde tierra firme hacia zonas marinas. El objetivo: aprovechar incentivos fiscales y simplificar permisos para desarrollar infraestructuras de captura y almacenamiento de carbono (CCS).

Sin embargo, un informe del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero (IEEFA) revela que esta expansión implica riesgos significativos. Entre ellos, la falta de una regulación clara para operaciones en aguas federales y el historial débil de supervisión de las agencias responsables. Además, el modelo financiero depende en gran medida del crédito fiscal federal 45Q, lo que podría suponer un coste de cientos de miles de millones de dólares para los contribuyentes.

Megaproyectos de un tamaño nunca probado

Los planes contemplan megaproyectos capaces de almacenar más de 100 millones de toneladas de CO₂ al año, una escala hasta ahora no probada en ningún lugar del mundo. Actualmente, el almacenamiento global apenas alcanza unos 10 millones de toneladas anuales, lo que evidencia la magnitud del salto propuesto.

“La prisa de la industria por pasar de modestos proyectos de almacenamiento a "centros" que prometen almacenar colectivamente más de 100 millones de toneladas métricas al año es una idea sin probar ni demostrar”, afirmó Anika Juhn, analista de datos energéticos de IEEFA y autora del informe.

“Las enormes cantidades de dinero disponibles a través de subsidios federales incentivan el despliegue de tecnologías y sistemas que no han sido probados a la escala propuesta por las grandes petroleras, y los contribuyentes podrían terminar pagando miles de millones”, añadió.

En la costa de Texas y aguas federales cercanas, ya se han arrendado extensas áreas submarinas —equivalentes a miles de kilómetros cuadrados— para estos proyectos. Grandes compañías como ExxonMobil, Chevron y Repsol lideran iniciativas para crear “hubs” de almacenamiento masivo, aunque muchos detalles permanecen confidenciales.

El atractivo de las zonas offshore radica en su cercanía a grandes emisores industriales y en la menor oposición pública frente a proyectos en tierra, donde los gasoductos de CO₂ han generado resistencia social y preocupaciones de seguridad.

Pese al optimismo empresarial, analistas subrayan que el almacenamiento geológico de CO₂ aún está en fases tempranas de desarrollo y que la mayoría de experiencias previas se han limitado a proyectos en tierra vinculados a la extracción mejorada de petróleo.

El coste podría dispararse

El mayor interrogante sigue siendo económico: si los incentivos fiscales se mantienen o se amplían, el coste para el erario público podría dispararse. Solo uno de los proyectos podría recibir más de 130.000 millones de dólares en subvenciones hasta 2050, cifra que podría triplicarse si se prolongan las ayudas.

La industria cree que un proceso de permisos simplificado, la alta concentración de emisores de CO2 industriales y de procesamiento de gas, y la seguridad a largo plazo del crédito fiscal federal 45Q harán que este desarrollo de infraestructura sea rentable. Según las normas actuales, si ExxonMobil cumple sus objetivos de almacenamiento, los contribuyentes tendrían que asumir un costo de 133.000 millones de dólares para 2050.

La industria del petróleo y el gas ha estado presionando para que se extienda el crédito 45Q a 30 años para garantizar el pago continuo por la captura de carbono. Si el crédito se extendiera a 30 años, los costos del 45Q se dispararían hasta alcanzar los 227.000 millones de dólares acumulados para 2050 y continuarían pagándose hasta 2069, con un costo total para los contribuyentes de 416.000 millones de dólares.

En definitiva, la carrera por almacenar CO₂ bajo el mar avanza más rápido que la evidencia sobre su viabilidad técnica, regulatoria y financiera, dejando en el aire quién asumirá los riesgos si la apuesta falla.