El subsecretario de Industria, Pablo Garde, ha confirmado que el Ministerio no tiene previsto intervenir para impedir la construcción de la macroplanta de biogás de Soandres, en el municipio de A Laracha (A Coruña), a la que se oponen los alcaldes de la comarca, miles de vecinos y Sumar, socio del PSOE en el Gobierno.
Garde ha llamado, en una comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso, a "respetar" que las "competencias" para autorizar la instalación de dicha planta son de la Xunta de Galicia y ha defendido que "España cuenta con una normativa estatal que garantiza el desarrollo equilibrado de estas instalaciones en relación con el entorno".
El subsecretario ha contestado así al diputado de Sumar Manuel Lago, que le ha replicado que, si bien la responsabilidad es de la Xunta, el Gobierno central "tiene que ser extraordinariamente estricto e impedir negocios de amiguetes que van en contra de la salud de la ciudadanía".
A este respecto, ha recordado que el Ejecutivo ya lo hizo con la macroplanta de celulosa de Altri (la Xunta inició el proceso para archivar el proyecto después de que el Gobierno de España no incluyera la conexión eléctrica necesaria para que pudiera operar en la planificación estatal de la red).
La planta de biogás
En esa línea, ha sugerido que el Gobierno podría establecer unos criterios básicos estatales que garanticen una implantación territorial adecuada de las plantas de biogás, incluyendo límites de localización respecto a núcleos habitados y recursos hídricos, mecanismos de evaluación ambiental acumulativa, garantías de retorno económico y social para las comunidades afectadas y participación de los vecinos.
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