El Partido Popular descarta extender al conjunto de España el impuesto sobre las instalaciones fotovoltaicas aplicado en Castilla y León y apuesta por reducir la fiscalidad eléctrica, con la eliminación del impuesto a la generación entre sus principales medidas. Así lo aseguró Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP, durante el XIII Foro Solar organizado por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), donde también reclamó un plan de choque para reforzar las redes eléctricas y resolver los principales problemas de acceso y conexión en un plazo de entre 12 y 18 meses.
Preguntado por la posibilidad de trasladar el gravamen autonómico a otros territorios en los que gobierna el PP, Nadal fue tajante: "No hay ninguna intención". El dirigente popular defendió, por el contrario, que la política energética debe avanzar hacia una reducción progresiva de los impuestos sobre la generación y el consumo eléctrico para abaratar el suministro y mejorar la competitividad de la industria.
Nadal sostuvo que ha llegado el momento de eliminar el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, al considerar que los objetivos para los que se creó están próximos a cumplirse. También abogó por revisar otros gravámenes que afectan al sistema eléctrico y avanzar hacia una fiscalidad que permita reducir los costes del suministro. No obstante, reconoció que estas rebajas deberán aplicarse progresivamente y en función de la evolución de las cuentas públicas.
Más allá de la fiscalidad, el dirigente popular situó los problemas de acceso y conexión a la red eléctrica entre los principales obstáculos para el desarrollo del sector. Según explicó, las limitaciones impiden tanto la evacuación de parte de la generación renovable como la conexión de nuevos proyectos industriales y consumidores, lo que agrava las dificultades de rentabilidad de las instalaciones fotovoltaicas.
Para afrontar esta situación, el PP propone un plan de choque de inversiones en redes que permita resolver los principales cuellos de botella en un plazo de entre 12 y 18 meses. La iniciativa combinaría una planificación más flexible, el aprovechamiento de los instrumentos legales de la Administración para acelerar proyectos estratégicos y un mayor control sobre las inversiones prioritarias.
Nadal considera que el crecimiento de las renovables no ha ido acompañado de un desarrollo suficiente de las infraestructuras necesarias para integrar su producción y atender el aumento de la demanda. Esta situación provoca que se desaproveche electricidad limpia y que sea necesario recurrir a otras tecnologías para garantizar la estabilidad del sistema. En este contexto, defendió actualizar la regulación para facilitar la participación de las instalaciones fotovoltaicas en el control de tensión.
El almacenamiento constituye otro de los pilares de la propuesta popular. Nadal reclamó impulsar tanto las baterías como el bombeo hidroeléctrico mediante un plan nacional que permita aprovechar mejor la electricidad renovable y desplazar su utilización a los momentos de mayor demanda. También defendió facilitar el autoconsumo, especialmente en la industria y la agricultura, cuando permita reducir costes y necesidades de inversión en las redes.
El objetivo del PP es consolidar a España como una de las principales potencias europeas del sector fotovoltaico, con un sistema capaz de integrar más generación renovable sin comprometer la seguridad del suministro ni la competitividad de los precios.
Sumar pide revisar el mercado marginalista y acelerar la electrificación
La necesidad de adaptar el funcionamiento del mercado eléctrico al creciente peso de las renovables centró parte de la intervención de Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales y co-coordinadora de Movimiento Sumar. La representante de la formación defendió que España debe aprovechar su potencial fotovoltaico para impulsar una transformación industrial que contribuya a reducir los costes energéticos, reforzar la autonomía del país y avanzar en la lucha contra el cambio climático.
Sumar propone alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2040 y acompañar ese objetivo de una mayor electrificación de la demanda, inversiones en redes y un despliegue más rápido del almacenamiento. Martínez también defendió una fiscalidad más favorable para la electricidad frente a los combustibles fósiles, limitar el uso del gas en los edificios en 2040 y mantener el calendario de cierre de las centrales nucleares en 2030.
En el ámbito fotovoltaico, la formación apuesta por facilitar la hibridación de las plantas existentes con sistemas de almacenamiento, simplificar los procedimientos administrativos y agilizar las conexiones a la red. También planteó impulsar el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas mediante una mayor flexibilidad operativa, cambios en la estructura de las tarifas y una reducción de la parte fija de la factura para quienes participen en estas modalidades.
Para mejorar la situación financiera de las instalaciones afectadas por los bajos precios del mercado eléctrico, Martínez propuso recurrir al Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar la financiación y explorar un mayor uso de los contratos por diferencias. En materia tributaria, defendió que el impuesto sobre la producción eléctrica se aplique a la generación fósil y nuclear y avanzar hacia su eliminación en 2028.
La representante de Sumar también cuestionó el funcionamiento del mercado marginalista, en el que la tecnología más cara necesaria para cubrir la demanda determina habitualmente el precio de la electricidad. A su juicio, el creciente peso de las renovables hace necesario estudiar nuevas fórmulas de fijación de precios que reflejen mejor la estructura de generación y reduzcan el impacto del gas sobre el coste final de la electricidad.
El PSOE defiende orientar la fiscalidad hacia las emisiones
Por su parte, Marc Pons, secretario de Transición Justa del PSOE, defendió mantener la hoja de ruta energética impulsada desde 2018 y revisar la fiscalidad para orientarla mejor hacia las emisiones de dióxido de carbono. Entre sus propuestas figuran retirar de la factura eléctrica determinados costes que no están asociados al suministro y establecer un calendario para poner fin a algunos subsidios a los combustibles fósiles.
Pons reivindicó los resultados del despliegue renovable de los últimos años y aseguró que ha contribuido a reducir los precios de la electricidad, las emisiones y la dependencia energética exterior. Según los datos expuestos durante su intervención, España ha instalado 47 GW de nueva potencia renovable desde 2018, frente a los 2,2 GW incorporados durante los dos mandatos anteriores.
El representante socialista también defendió la planificación de las redes eléctricas prevista hasta 2030, que contempla inversiones por valor de 17.900 millones de euros. La planificación, explicó, debe atender no solo a la evacuación de la generación renovable, sino también a las necesidades de la industria, la población y el crecimiento económico.
En materia de almacenamiento, Pons reiteró el objetivo de alcanzar los 22,5 GW en 2030 y apostó por impulsar el bombeo hidroeléctrico, la repotenciación y la hibridación de instalaciones existentes, además de las comunidades energéticas y el autoconsumo.
El dirigente socialista también advirtió de los riesgos de introducir nuevos gravámenes autonómicos sobre la fotovoltaica. En referencia al impuesto de Castilla y León, alertó de que una carga fiscal adicional puede frenar el desarrollo de nuevos proyectos y defendió que las comunidades autónomas establezcan criterios transparentes de zonificación para determinar dónde resulta más adecuado instalar nuevas plantas.
Pons sostuvo que las decisiones fiscales deben evitar nuevos obstáculos a la inversión renovable y defendió la continuidad de las políticas energéticas actuales frente a cambios que, en su opinión, podrían generar incertidumbre para el sector.
Vox reclama más planificación y almacenamiento antes de ampliar la potencia
Ricardo Chamorro, portavoz adjunto de Vox en la Comisión de Transición Ecológica, coincidió con el PP en la necesidad de reducir impuestos y eliminar trabas administrativas, aunque puso el acento en la falta de planificación energética y territorial. El diputado aseguró que su partido no está en contra de la fotovoltaica, pero considera que el despliegue de los últimos años no ha ido acompañado de las infraestructuras necesarias para aprovechar toda su producción.
Chamorro defendió una planificación energética de Estado que determine dónde debe generarse y consumirse la electricidad y por dónde deben discurrir las redes. A su juicio, el sistema debe priorizar el refuerzo de las infraestructuras y el almacenamiento antes de seguir incorporando potencia renovable que no pueda integrarse de manera eficiente.
El representante de Vox advirtió de que la falta de capacidad de las redes está impidiendo conectar tanto nuevas instalaciones renovables como proyectos industriales. También criticó el volumen de electricidad renovable que se desaprovecha por las limitaciones del sistema y reclamó actualizar la regulación para permitir que la fotovoltaica participe en el control de tensión.
En paralelo, defendió mantener una combinación de tecnologías que garantice la seguridad del suministro, con un papel para la energía nuclear y la hidroeléctrica como respaldo de la generación renovable. Vox también apuesta por impulsar el autoconsumo, desarrollar la agrovoltaica y priorizar las instalaciones en cubiertas y edificios industriales para reducir la presión sobre los terrenos agrícolas.
En materia fiscal, Chamorro reiteró que la posición general de su partido es reducir los impuestos y eliminar obstáculos al sistema productivo, aunque reconoció que las decisiones adoptadas en gobiernos de coalición responden a acuerdos entre sus integrantes. No anunció, en cualquier caso, una extensión del gravamen fotovoltaico de Castilla y León a otras comunidades.
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