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Ya se ha puesto en marcha la subasta de interrumpibilidad para el ejercicio de 2018. Para los que no lo sepan, se trata del mecanismo por el cual se subvenciona a la gran industria que consume mucha electricidad. Se les dan unos 550 millones anuales a las empresas por si algún día es necesario que apaguen sus plantas y dejen de consumir por necesidades técnicas, algo que con la actual sobrecapacidad del sistema eléctrico no es necesario. Pero los consumidores bien que lo pagan a través del recibo de la luz.

Este jueves finaliza el plazo para que las compañías que quieran presentarse a la subasta lo hagan ante Red Eléctrica, operador del sistema y encargada de realizar la subasta. Aunque aún no hay fecha, previsblemente se organice dentro de dos meses y medio aproximadamente, a mediados de noviembre, como el año pasado.

Desde su creación, la subasta de interrumpibilidad ha tenido un mismo patrón. Se anuncia, y en poco tiempo se activan los resortes de la gran industria para presionar al Gobierno. Quejas, amenazas de deslocalización, miedo en los trabajadores. Un cóctel explosivo que la industria lo ha utilizado cada año por estas fechas con tal de sacar el mayor rédito en la subasta de interrumpibilidad.

Los grandes actores de la subasta de interrumpibilidad son las grandes empresas de la industria española, es decir, Alcoa, Arcelor, Asturiana de Zinc, Ferroatlántica y Celsa. Entre estas cinco empresas se reparten los grandes bloques de 90 MW. Poseen potencia para alcanzar 11 bloques y por ejemplo, el año pasado, se les dieron 10 bloques para cubrir sus necesidades. Aunque otros años son menos bloques.

El caso es que todos los años se escucha la misma cantinela, el mismo cuento. Que si la subasta de interrumpibilidad no es la solución, que si la subasta no se hace de la mejor forma para la industria, que si no nos das más bloques peligran puestos de trabajo.

Este miércoles se ha conocido que las empresas asturianas (Alcoa, Arcelor y AZSA) van a participar en la subasta. Normal por otro lado. Como van a negarse a percibir un dinero gratis. Lo raro sería lo contrario.

Pues bien, no han tardado ni dos horas los sindicatos para alzar la voz. Comisiones Obreras de Alcoa en Avilés ya ha dicho que la subasta podría poner en peligro si no consigue el bloque de 90 MW para esa planta.

“Confiamos en poder conseguir otra vez un bloque de 90 MW, pero eso no nos da capacidad para arrancar la fábrica al cien por cien, para ello se necesita energía suficiente y a buen coste”, dice José Manuel Gómez de la Uz, portavoz del sindicato en Alcoa.

No le falta razón a la industria. El precio de la energía en España es muy caro frente a otros países del entorno, y eso en industrias electrointensivas es decir mucho. Merma las cuentas de las compañías y si no se produce con cierta rentabilidad se produce lo que ellos llaman la deslocalización silenciosa, es decir, despidos con cuentagotas que no hacen sino agravar aún más el problema.

Pero de eso a estar continuamente quejándose porque les regalan el resto de consumidores unos 550 millones al año hay un trecho. La interrumpibilidad es un sistema que prácticamente no existe en otros países, principalmente porque tienen otros mecanismos de ayudas. Por ejemplo, en Alemania la industria no paga las primas a las renovables que se cargan en la tarifa eléctrica al resto de consumidores.

Algo de lo que se han quejado en más de una ocasión en España, y justo el próximo año también van a percibir un dinero por ello. Tal y como contó este diario, la industria percibirá vía Presupuestos Generales del Estado un total de 131 millones de euros por aguantar las primas a las renovables en España.

Estaban previstos 150 millones de euros, pero la entrada de Nueva Canaria en el acuerdo final mermó esa cantidad en 19 millones.

Como el Gobierno consiguió aprobar esta compensación, se rumoreaba en el mercado que la partida destinada a la subasta de interrumpibilidad se iba a reducir a aproximadamente unos 400 millones.

Es decir, que lo destinado en ayudas por soportar las renovables se restaría de la cifra anual para la subasta. Pero se desconoce si realmente el Gobierno hará eso finalmente.

Lo que sí se puede asegurar es que desde la Unión Europea se están revisando todos los pagos por capacidad y la subasta de interrumpibilidad no iba a ser menos. Conseguir que 550 millones de euros no sean ayuda de Estado no es tarea fácil. Así que si se da la señal de reducir esta partida, será bien visto desde las altas esferas europeas.

Pero para eso habrá que esperar unas semanas. Mientras tanto, toca oír la misma cantinela.

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