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Dentro del paquete de invierno, una de las directivas más esperadas es la del mercado eléctrico. La Unión Europea mantiene la idea de que el consumidor sea el centro de las de las políticas energéticas, y en breve se conocerán las claves para los próximos años.

Sin embargo, ya se han adelantado algunas de ellas. La Unión Europea espera que la renovación del mercado de electricidad vendrá de la mano del almacenamiento, de las baterías, especialmente las instaladas en el ámbito doméstico. Sin embargo, sigue habiendo dudas sobre quién va a facilitar la infraestructura para su integración.

El objetivo es ajustar un mercado donde haya cabida para una proporción creciente de energía a partir de fuentes renovables intermitentes, principalmente eólica y solar, y que coincida además con un rápido desarrollo de las baterías recargables y los vehículos eléctricos. Si se consigue, podría ser una señal para el siguiente peldaño, un mayor papel del almacenamiento en el sistema eléctrico del futuro.

Pero ¿cómo se orquesta todo esto? A falta de conocer las modificaciones de última hora, parece que hay algo ya cierto: hay 2.700 empresas a lo largo de todo el territorio europeo que trabajan para que la electricidad transportada a través de cables de alta tensión, se entregue a los clientes a través de redes locales. Y para esta directiva, las distribuidoras (DSO) serán las protagonistas del cambio del sistema.

La Unión Europea pretende que las distribuidoras eléctricas sean las que actúen como interfaz entre los usuarios finales y el nuevo mercado mayorista de electricidad unificado. Además, el director de la división de energía de la Comisión, Klaus-Dieter Borchardt, ya anunció hace un mes que el nuevo diseño pretende acabar con todas las formas de regulación de precios. Los consumidores estarán expuestos a las fluctuaciones de precios, pero también podrán reaccionar a ellos, por ejemplo, moderando el consumo durante las horas punta y comprando kilovatios-hora cuando la demanda y los precios estén bajos.

“Las distribuidoras serán clave porque proporcionarán la infraestructura técnica para la llamada respuesta de la demanda“, dijo Borchardt. Pero para su decepción, también anunció que “no se permitirá que puedan poseer, desarrollar, administrar u operar instalaciones de almacenamiento de energía”. Aunque, como en todo, habrá excepciones en los casos en que una oferta pública no pueda encontrar un inversor, o cuando las distribuidoras utilicen el almacenamiento sólo para garantizar un funcionamiento seguro de la red.

Aunque todas estas decisiones no se tomarán de un día para otro. El proceso legislativo no se acabará el 30 de noviembre, cuando se prevé publicar el paquete de invierno. Es sólo el preludio de meses o incluso años de negociaciones entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo antes de que la legislación se complete y ocupe su lugar.

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