Los fotovoltaicos estudian recurrir ante Bruselas la sentencia del Supremo

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Productores fotovoltaicos en uno de los numerosos actos de protesta contra el 'hachazo' a las renovables. FOTO: EFE.
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Productores fotovoltaicos en uno de los numerosos actos de protesta contra el 'hachazo' a las renovables. FOTO: EFE.
Productores fotovoltaicos en uno de los numerosos actos de protesta contra el ‘hachazo’ a las renovables. FOTO: EFE.

La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) estudia recurrir ante Bruselas la «absolutamente injusta» sentencia del Tribunal Supremo que avala que todas las empresas de energía fotovoltaica contribuyan a financiar el déficit de tarifa, y advirtieron de que el recorte a la retribución puede alcanzar el 70% debido a la bajada del bono del Tesoro.

Así lo señaló el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, en declaraciones a Servimedia en el marco de la VI Asamblea General de la asociación, en las que explicó que la sentencia supone «una piedra más en el camino» y «un engaño más» al hacerles responsables de contribuir y soportar en parte el déficit de tarifa «generado por la sobre retribución que reciben nucleares e hidráulicas».

El Alto Tribunal dictó el viernes una sentencia en la que desestimaba un recurso contencioso-administrativo presentado por varias empresas renovables, en el que pedían la nulidad de una orden ministerial por la que se revisan los peajes de acceso de energía eléctrica para 2014 y se fijaba esta obligación.

Las empresas alegaban en su recurso que la financiación del eventual déficit tarifario debería corresponder a las eléctricas integradas, como ocurría antes de esta normativa, y no a todos los agentes del sistema, como sucede ahora.

Sin embargo, el Supremo no comparte esta pretensión ya que no existe discriminación porque la obligación de financiar el déficit no se distribuye a partes iguales entre los agentes del sistema, sino “de modo proporcionado” a su tamaño.

El Tribunal rechaza igualmente el resto de argumentos presentados por las empresas y finalmente no encuentra “razones que nos induzcan a plantear ni la cuestión de inconstitucionalidad” sobre la ley del sector eléctrico “ni las cuestiones prejudiciales sugeridas”.

 

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