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Hace unos días, Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, anunciaba que no solo la central nuclear de Santa María de Garoña “no es viable económicamente” sino que el resto de activos nucleares del grupo se encuentran en una situación idéntica a Garoña, ya que “se encuentran en pérdidas”. La eléctrica participa en la propiedad de seis de los siete reactores del parque nuclear español.

Pero no es la primera vez que lo dice. Desde hace cuatro años el sector nuclear se ha quejado de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que no solo incluye la aplicación del impuesto genérico del 7% sobre los ingresos de toda la generación sino además un impuesto específico sobre producción de residuos nucleares y consumo de combustible de uranio, porque les ha sobrecargado con unos costes elevadísimos (sin olvidar que junto a estas tasas, también habría que añadirles las ecotasas regionales).

En suma, esto supone que por cada euro que ingresa una central nuclear por la venta de su producción, la mitad se lo llevan los impuestos, y el resultado de estas cuentas es que “las centrales nucleares no son rentables desde el punto de vista financiero, al menos si se limitase la vida de operación de las centales a 40 años”, señalan expertos del sector.

Por eso, “en un mercado marginalista como es el español, las centrales nucleares tienen que entrar siempre, aunque sea a cero, para poder amortizar la inversión inicial todo lo máximo que se pueda, que es donde están sus grandes costes, aunque entre a pérdidas”, señalan, “de hecho, solo sería rentable si el precio mayorista está por encima de los 55 €/MWh, es decir, cuando no hay una alta participación de renovables”.

Pero entonces, si no son rentables, si uno de los objetivos empresariales es no perder dinero, ¿por qué las empresas propietarias no cierran las plantas? Una de las razones es porque “el cierre de los 7.800 MW actualmente instalados (contando con Garoña), en caso de no extender su vida más allá de los 40 años, supondría unas emisiones adicionales de alrededor de 170 MtCO2 hasta 2030 (equivalentes a la mitad de las emisiones totales de la economía española en 2013)”, según se explica en el estudio que realizó la firma Deloitte, “Un modelo energético sostenible para España en 2050. Recomendaciones de política energética para la transición“.

Pero también porque las centrales ya han acometido grandes inversiones en materia de seguridad, más aún con la normativa europea post-Fukushima, y tienen que amortizar esos gastos, necesitan continuar y extender su funcionamiento más allá de los 40 años de vida útil programada.

Por todo ello, una de las opciones sería que se buscara un equilibrio entre la recaudación impositiva y el balance de las cuentas de las centrales.

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