1984

Lo que pretende este artículo es cuestionar la moda normativa actual en el sector eléctrico español, tendente a concentrar los esfuerzos en debatir y regular el sistema energético del 2050. No seré yo quien critique la planificación a largo plazo en un sector cuyo único denominador común ha sido justamente la inestabilidad normativa. Ahora bien, es preciso advertir contra los Estudios, Planes, Libros Blancos, consultas, grupos de trabajo y demás esfuerzos variopintos que luego quedan en nada y que a la vez copan la agenda e impiden debatir sobre el futuro más cercano. Es sabido que el papel lo aguanta todo, incluso si éste lleva el membrete del Boletín Oficial del Estado.

Pues bien, es preciso recordar la obviedad de que, en el 2017, nos separa lo mismo del 2050 que del 1984. Por eso, resulta de dudosa utilidad tratar de regular a tan largo plazo, cuando se está totalmente a ciegas sobre la evolución tecnológica que está por venir. Exactamente igual que si en 1984 el legislador hubiera decidido ponerse metas energéticas para el 2017, cuando pervivía un sistema eléctrico en el que no existía el mercado eléctrico, en el que la red de transporte estaba en manos de las empresas de UNESA y en el que el mix energético se dividía entre térmicas, hidráulicas y nucleares.

La mayoría de centrales eléctricas en funcionamiento en 2017 habrán llegado al final de su vida útil en el 2050. Incluso las que están por construirse con motivo de las tres subastas renovables celebradas en los dos últimos años, habrán cerrado para entonces. Todo ello independientemente de los objetivos que España se fije o de la regulación que adopte.

Medidas vs. Objetivos

Es obvio que la transición energética no llegará poniendo objetivos muy ambiciosos (como el de 150.000 vehículos eléctricos en 2020) y haciendo lo contrario a esos objetivos (falta de dotación presupuestaria, barreras administrativas). Frente a ello, es preferible la opción británica o noruega, de señalar ya la fecha de prohibición de venta de vehículos de combustión.

La experiencia legislativa energética europea nos lo demuestra. El Tercer Paquete Energético (2010-2020) se centró en imponer unos objetivos de renovables, emisiones y eficiencia, dando casi total libertad a los Estados Miembros para alcanzarlos. El resultado ha sido el de unas políticas nacionales dispares, en algunos casos caóticas e inestables y el de una Comisión Europea y un Tribunal de Justicia de la UE que avalan la tesis de que mientras se apruebe el examen (objetivos 2020), no pasa nada si se hacen trampas (recortes retroactivos, conectarlo todo en el último minuto). Por el contrario, en el Cuarto Paquete (2021-2030) se establecen objetivos más modestos y difusos, pero se adoptan toda una serie de medidas concretas que, de cumplirse, traerán los objetivos por sí solos.

En el caso español, mientras se debate sobre la transición energética a largo plazo, esta legislatura se deben tomar algunas decisiones esenciales al respecto, el signo de las cuales permitirá comprobar si además de declaraciones de intenciones, hay compromiso real. En particular, habrá que decidir, entre otras cosas: (1) cerrar las centrales de carbón en 2020 o dejarlas abiertas más allá de 2025, especialmente en el caso de aquellas que las empresas quieren cerrar y el Gobierno puede impedir que cierren; (2) desincentivar el autoconsumo eléctrico renovable por decreto o facilitar su desarrollo; (3) seguir incrementando la factura de las redes eléctricas, optando por grandes centrales de generación alejadas del consumo y por costosos cables submarinos, o apostar por una generación descentralizada y sistemas extrapeninsulares con elementos de acumulación; (4) cerrar las centrales nucleares a medida que caduquen sus permisos o renovarlas, agrandando el problema de los residuos nucleares; (5) continuar o no con una tarifa eléctrica cuyo término fijo tan elevado desincentiva el ahorro y la eficiencia entre los consumidores; (6) terminar con las prórrogas ilegales de las concesiones de las centrales hidráulicas para incrementar la intervención pública sobre ellas (con gestión o mediante concesiones equilibradas) y así reducir la volatilidad de precios eléctricos y evitar manipulaciones del mercado eléctrico o seguir como hasta ahora; (7) mantener, bajo el velo de una supuesta necesidad de capacidad eléctrica, los pagos millonarios a las centrales fósiles, muchas de las cuales apenas funcionan o acabar con esas ayudas de Estado ilegales; (8) exigir o no la devolución de los 3.600 MM EUR abonados de más a las grandes eléctricas en concepto de Costes de Transición a la Competencia.

En función de cómo se resuelvan estas y otras cuestiones candentes, la transición energética será o no creíble en España. No hace falta informe alguno para decirnos que el futuro de la electricidad es renovable y el de la movilidad, eléctrico. La clave no es el a dónde vamos, sino el cuándo llegaremos. Y para eso, hay que ponerse manos a la obra ya.

Daniel Pérez Rodríguez es abogado especializado en el sector eléctrico @danielperezr87