En Ciudadanos creemos que esta es una buena noticia, pero lejos de la complacencia, es necesario insertar este hecho en el contexto económico y climático, nacional y global respectivamente.
Al contrario que en otros casos, nuestro país afronta este proceso inmerso en la mayor incertidumbre económica, política y social desde hace décadas. Los efectos de la crisis sanitaria se hacen notar, más allá de las terribles pérdidas humanas, una caída del 22% del PIB interanual, más de 800.000 desempleados nuevos y también unas 800.000 personas en situación de ERTE. Asimismo, las previsiones de déficit público escapan de cualquier antecedente cercano y conducen a una situación extremadamente delicada.
Detrás de estas cifras, existe una realidad social que a la vista de estos indicadores corre un serio riesgo de verse tremendamente perjudicada. A situaciones estructurales como la precariedad laboral, la falta de conciliación, la extrema pobreza, etc. Se sumará el impacto de esta crisis tanto en la vida de los ciudadanos como en las restricciones fiscales que se aplicarán.
Por todo ello, a la hora de legislar sobre cualquier sector, es imprescindible orientarse de manera prioritaria sobre aquellos elementos que contribuyan a una recuperación económica rápida, robusta y eficaz; máxime tratándose del sector energético, industrial, etc. Es por ello que más que nunca la transición energética debe orientarse a los tres principios básicos de competitividad, seguridad de suministro y sostenibilidad medioambiental, sin detrimento de ninguno de ellos.
Partiendo de esta realidad y estos principios, existen tres estrategias contra el cambio climático: la mitigación (o reducción de las emisiones de efecto invernadero propias), la adaptación (estrategia para transformar usos de recursos vulnerables ante este fenómeno, mejora de infraestructuras vulnerables, etc.) y la innovación tecnológica (desarrollo de nuevas tecnologías que posibiliten una descarbonización de la economía).
El Ministerio para la Transición Ecológica, ya desde la primera publicación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, muestra una enorme ambición en materia de mitigación para 2030. Esta ambición se plasma en una meta de reducción de emisiones mucho más ambiciosa que la exigida por Europa (se propone reducir un 21% respecto a 1990 cuando la UE exigía retornar a esos niveles de emisiones que, dada la situación de la España de entonces, eran menos intensivos que en la actualidad), una presencia del 42% de energías renovables sobre el consumo final de la energía (frente al 32% exigido por la UE), una eficiencia energética del 39,6% (frente al 32,5%) y todo ello apoyado en una estrategia de intensiva electrificación, especialmente en el transporte donde se pretende alcanzar una cuota de 5 millones de vehículos eléctricos en 2030 (frente a los 50.000 actuales).
En el Proyecto de Ley en trámite, las cifras propuestas han sido en su mayoría rebajadas ligeramente, pero manteniéndose muy por encima de la ambición europea.
La cuestión que nos hacemos es ¿hasta qué punto tiene sentido científico y económico que la mitigación sea casi la unívoca meta en nuestra transición energética? El CO2 (y el resto de Gases de Efecto Invernadero) no son contaminantes locales sino que se absorben por la atmósfera generando el problema en cuestión. Es irrelevante donde se emite, lo que marca la diferencia es el volumen del mismo.
A este respecto, con un breve vistazo a los indicadores de los últimos años se puede concretar cuáles son los principales emisores del mundo: China con un 27% de las emisiones totales del planeta, Estados Unidos con un 14,5%, India con casi un 7%, Rusia con un 4,5% y Japón con algo más de un 3%.
Como se constata, ningún país europeo está entre los 5 primeros emisores mundiales (entre los cuáles a su vez existen grandes diferencias, siendo India la mitad de EEUU y China casi cuatro veces superior a su vecino, en tercer lugar). Asimismo, España apenas supone un 0,7% de las emisiones mundiales de efecto invernadero.
Hay que contextualizar el esfuerzo del que se está hablando: existe un claro contraste entre nuestro 0,7% con el 27% responsabilidad de China y el casi 15% de EEUU, primer y segundo país respectivamente en el ranking de países contaminantes de GEI. En otras palabras: nuestra ineludible aportación a la reducción de emisiones (mitigación), por ambiciosa que sea, no va a cambiar decisivamente el curso de los acontecimientos.
Por tanto, reconociendo que tenemos que cumplir y que ese es el fundamento de un acuerdo multilateral (único instrumento político para solucionar este problema global) debemos pensar si lo que estamos haciendo es realmente lo más útil para solucionar el problema y lo más eficiente para no generar otras externalidades igualmente indeseables; porque incluso a día de hoy, sigue matando más la pobreza que los desastres naturales (de hecho las muertes por el segundo supuesto han experimentado un abrupto descenso el último siglo).
De hecho, a la hora de exigir más a los países emergentes y con tendencias más emisoras; como China, India, Rusia, Indonesia, Brasil, etc. Su respuesta es similar: primero acabar con la pobreza y luego mitigar las emisiones. Y no es una respuesta ilógica; existe una relación clara entre las emisiones y el crecimiento poblacional y económico de los países, así como en todas las variables de desarrollo social, con especial acento en aquellos que están experimentando un mayor desarrollo respecto a unos estándares de vida muy bajos. De este modo se llega a una primera conclusión: la historia del progreso reciente de la humanidad está ligada al uso de la energía fósil tras la revolución industrial.
Como se puede apreciar, en términos generales El reto es pues casi tan fácil de enunciar como difícil de conseguir: ¿cómo mantener (y si es posible incluso acelerar) el desarrollo económico y humano, reduciendo a la vez las emisiones de GEI que amenazan nuestro futuro?
Ya hemos señalado los dos contextos esenciales en los que se inserta la lucha contra el cambio climático en nuestro país: una gran incertidumbre económica y social junto con un peso relativamente escaso en emisiones de efecto invernadero.
En este sentido creemos que la respuesta más óptima es convertir a España y a Europa en un ‘hub’ o proveedor de tecnología de descarbonización, para que no solamente reduzcamos nuestras propias emisiones sino que contribuyamos a que el resto del mundo reduzca las suyas sin renunciar al crecimiento y el progreso social, a través de tecnologías competitivas. Debemos recurrir más a la innovación.
La innovación siempre ha sido un fenómeno complejo; no es clara o unívoca la ruta para alcanzarla, pero sí que podemos relacionarla con unas condiciones de oferta adecuadas (singularmente en el ámbito educativo y la capacitación profesional) y con un sistema de mercado dinámico, con incentivos claros y especialmente guiado por los consumidores como eje prioritario.
Compartimos que los dos principales vectores de cambio, al menos actualmente, para esta transición energética son las energías renovables como de manera más general, la electrificación de un importante número de consumos energéticos. Sin embargo, ello no es impedimento para diseñar un marco normativo que abra las posibilidades, explicitando el objetivo a alcanzar pero en el que sean los consumidores los que decidan las tecnologías que prefieren.
En coherencia con esta idea y en relación a la Ley; creemos que el principio de neutralidad tecnológica, ligado a la competitividad, debe presidir la lógica del proceso, de tal modo que no se excluyan por razones dogmáticas o electoralistas ningún aporte beneficioso que en última instancia, pagarían los ciudadanos y empresas.
Por ello compartimos con la amplia mayoría de los sectores que se debe emplear la metodología comunitaria y hablar de emisiones ‘netas’ y no ‘directas’, sobre los vehículos, dado que de este modo se está excluyendo a la mayoría de tecnologías. Como se ha expuesto anteriormente: se debe exigir y mejorar progresivamente el estándar medioambiental de nuestros vehículos y usos energéticos en general, pero esa es una carrera en la que los consumidores deben determinar cuál es la oferta (tecnología) más óptima para sus intereses.
Habrá quien diga que ya existe la panacea en una tecnología en concreto; le damos nuestra más sincera enhorabuena porque en ese caso no tendrá miedo ni problemas para competir en el mercado, pero si para alcanzar sus objetivos necesita el BOE, es que no se cuenta realmente con una solución unívoca.
En esta línea, desde Ciudadanos consideramos que hay que vehicular el sector energético al sector industrial, para potenciar el enorme valor que aporta: más cantidad de empleo indefinido (y con ello, las mayores cuantías salariales y por ende mayores aportes a la recaudación de la seguridad social) y una mayor capacidad exportadora (contribuyendo así al equilibrio favorable de la balanza comercial española).
Asimismo, no concebimos que en un momento de honda preocupación por la denominada ‘España vaciada’, España sea el único país que cierra la posibilidad al conocimiento y explotación de sus recursos en hidrocarburos.
Además de las ventajas económicas, hay que asumir dos verdades evidentes: 1) estos recursos seguirán siendo necesarios, tanto para el consumo energético en menor medida como para la fabricación de materiales y 2) en virtud de la anterior, es menos contaminante el transporte nacional de estos recursos que su importación por vía marítima internacional, por lo que también en ese aspecto existe una contradicción entre la medida y los fines que la Ley quiere perseguir.
En conclusión y a falta de entrar en detalle en otros aspectos clave (simplificación administrativa, coordinación territorial, etc.), creemos que esta Ley debe establecer un marco integral y comprensivo que contribuya a la recuperación económica y a una respuesta eficaz contra el cambio climático. Estos objetivos sólo pueden conseguirse a través de un marco competitivo en el que se desarrollen tecnologías diversas y sean los consumidores quienes tienen la última palabra.
Con ello, además de descarbonizar a través de varios instrumentos nuestra economía, contribuiremos a que este proceso se dé también en el resto del mundo, habilitando el legítimo crecimiento económico y social de las economías emergentes al tiempo que se evitan nuevas emisiones de efecto invernadero; porque si la reducción de emisiones sólo se produce en España o en Europa, se habrá conseguido limpiar nuestras conciencias, pero no el planeta.
Javier Viñarás es asesor parlamentario de Ciudadanos en el Congreso.
Diego Rosell
14/09/2020