La sostenibilidad en el sector energético requiere propugnar los cambios necesarios para que ese equilibrio entre lo heredado, lo conveniente y lo sensato puedan coexistir pacíficamente, y ayudar a optimizar el gran avance en energía verde. En el 2050 se quiere una Europa energéticamente neutra, que tampoco lo es , si fabricamos en China porque la interconexión lo es también a efectos de contaminación.
La Comisión Europea en el marco del “Paquete de Invierno” propuso situar a la ciudadanía en eje de la transición energética, exigiendo a los Estados que garanticen a los consumidores el derecho a producir, consumir, almacenar y vender su propia energía renovable. La Directiva 2019/944, del 5 de junio sobre Normas Comunes del Mercado Interior de la Electricidad, cuándo fue publicada, supuso una ventana de aire fresco para permitir el efectivo empoderamiento del consumidor, y sobre todo para los que pensamos que otro sistema energético es posible.
Este año tuve que impartir una formación a un gran consumidor energético, y cuando llegó el momento de tratar las legalizaciones de las instalaciones fotovoltaicas, la ventana se cerró de golpe. Las comunidades autónomas con competencias en la materia permiten aplicar cada una sus propios procedimientos, para la tramitación de las instalaciones, todo ello al amparo del art 149 apartados 22 y 25 de la Constitución Española. Consultar la guía profesional de tramitación del autoconsumo publicada por el IDAE, y sus diversas regulaciones autonómicas da vértigo cuanto menos.
La deslocalización de las grandes empresas no es solo producto de la subida de la luz, los costes salariales van de la mano, pero no olvidemos que en algunos procesos productivos el precio de la luz puede llegar a alcanzar el 40% de los recursos que necesita una empresa.
El autoconsumo y las empresas que requieran potencias superiores a 100 kW no son compatibles, al tener que entrar en el régimen de la generación, con las complejidades, trabas y suspicacias que genera interactuar en un sector donde existen multiplicidad de cuestiones, que no pueden ser controladas por las empresas, y que por tanto no interesa explorar, y más si son multinacionales europeas con una manera de trabajar diametralmente opuesta al “desparpajo” latino, la suspicacia que se reiteró en el reparto de fondos europeos.
No hace falta cotizar en el Ibex para no aguantar el tirón, nuestras comunidades de regantes están haciendo equilibrios cada vez más complicados, y para algunas no es viable económicamente autogenerar, las comunidades de energía son una necesidad a normalizar.
Como abogada urbanista, actividad que compagino con el sector energético, he vivido procesos urbanizadores de veinte años de duración a los que les queda otros 15. Una vez acabada la obra se va a tener que recepcionar por parte de la Administración, o la distribuidora. Una vez recepcionada se ha de tener que mantener por estas, eso ya cuesta dinero y encima del trabajo, así que mejor dejarla en manos del urbanizador todo el tiempo que se pueda. Así cuanto más tengas la pelota en el campo contrario mejor, los tiempos pueden eternizándose hasta la obsolescencia de las obras, y donde ya procede la reurbanización de las obras ejecutadas, porque lo hecho ya no está conforme a normativa, y las entidades de conservación en vez de estar 5 años operativas, siguen activas 40 años después.
Tengamos un cambio de paradigma, aprovechemos los medios electrónicos que constituyen la gran baza para la simplificación administrativa, trabajemos en comunidades energéticas, sentemos a las comunidades autónomas y unifiquemos procesos. Que la sostenibilidad se una a la simplicidad, si realmente queremos permitir la liberalización y el empoderamiento del consumidor, lo demás son cantos de sirenas.
Cristina Ucelay Canosa es Letrada Técnico Urbanista
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