Cuando en 2020 nació el Pacto Verde Europeo con el objetivo de reducir las emisiones un 55% en 2030, sobre los niveles de 1990, y un año después se presentó el paquete legislativo Objetivo 55 para revisar las directivas europeas, en coherencia con el nuevo objetivo de emisiones, nadie podía imaginar que las nuevas directivas de 2023 podrían dar pasos atrás con respecto a los avances de las directivas de 2018, las del “paquete de invierno”, que suponían la irrupción en los mercados de la prioridad de la demanda sobre la oferta y del consumidor activo como centro del sistema energético.
En 2020 las instituciones europeas aprobaron el Reglamento (UE) 2020/852, sobre el marco para facilitar las inversiones sostenibles, que definía las “actividades facilitadoras” como cualquier actividad económica que permita a otras actividades contribuir sustancialmente a uno o varios objetivos de sostenibilidad ambiental. Las “actividades facilitadoras” podrán etiquetarse como sostenibles, aunque contaminen o emitan gases de efecto invernadero, y deberán ser tratadas en igualdad de condiciones que las actividades que no emitan gases de efecto invernadero. El principio de “neutralidad tecnológica” es el que rige en la revisión de las directivas por encima del de “neutralidad en carbono”.
El eje franco-alemán barre para casa
La taxonomía de 2020 marca el inicio del “retardismo” en la lucha contra el cambio climático. En la COP26 de 2021 en Glasgow, el eje franco-alemán puso en marcha la operación que ha finalizado en el Consejo Europeo de octubre de 2023 sin tocar ni modificar el diseño del mercado eléctrico y dando al gas, al carbón, al petróleo y la nuclear la etiqueta de energías sostenibles. Todas ellas contribuyen a la transición energética en aplicación del principio de “neutralidad tecnológica”, que es el arma de batalla de los monopolios nacionales para frenar la transición energética.
La invasión de Ucrania por Rusia en 2022 puso en evidencia el error de la dependencia de Alemania del gas ruso. El alza disparatada de los precios energéticos hizo declarar a la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Úrsula von der Leyen, que el mercado eléctrico estaba roto y que había que reformarlo. La estatalización de la industria nuclear francesa se produjo por la quiebra de Areva y su absorción por EDF debida a los defectos de fabricación de componentes de sus reactores que llevó a parar gran parte de las plantas en 2022. Estos hechos han influido en la negociación de las directivas y en el eje franco-alemán que ha decidido socializar sus errores que ahora pagarán los consumidores europeos.
Llegan las primeras directivas cargadas de “greenwashing”
La Directiva (UE) 2023/959, que establece el régimen para el comercio de derechos de emisión (RCDE), es la primera del Objetivo 55, publicada en mayo. Tiene como uno de sus principales objetivos la ampliación del mercado de derechos de emisión al transporte marítimo y a los sectores de los edificios y el transporte por carretera.
Sin embargo, el concepto de “entidad regulada” excluye expresamente a los consumidores finales por el gran número de emisores (edificios y vehículos). El acto que obliga a nuevos derechos de emisión es el suministro de combustibles utilizados en los edificios y el transporte. El mercado se amplía a los suministradores y deja fuera la huella de carbono de edificios y vehículos, que es la que se debería incorporar al RCDE y a sus propietarios y usuarios como sujetos de obligaciones.
En septiembre se publicó la Directiva (UE) 2023/1791, de eficiencia energética. Proclama cumplir el principio de “primero, la eficiencia energética” que implica, según la Recomendación (UE) 2021/1749, sobre la aplicación práctica de dicho principio, un cambio del modelo tradicional de producción y consumo de energía, basado en grandes proveedores de combustibles fósiles y consumidores pasivos, hacia un sistema flexible, que incorpore las energías renovables y consumidores activamente comprometidos para alcanzar la neutralidad climática.
Eficiencia energética, la gran olvidada
Sin embargo, cuando la nueva directiva de eficiencia energética trata los sistemas de calefacción y refrigeración, la nueva directiva deja claro que el objetivo es reducir el uso de combustibles fósiles, exceptuando el gas natural hasta 2030. Trata el gas fósil al mismo nivel que las renovables y deja fuera la participación de los consumidores finales y la gestión de la demanda cuando el consumidor final debería ser el principal actor de la eficiencia energética y de la descarbonización.
El pasado 17 de octubre el Consejo Europeo llegó a un acuerdo sobre la reforma del mercado eléctrico por el que el mercado, que estaba roto en 2022, ni se toca ni se modifica porque ha funcionado perfectamente. No es el único cambio de criterio ya que también ha rectificado el Reglamento (UE) 2019/943, del mercado interior de la electricidad, que restringía temporalmente los mecanismos de capacidad, solo cuando hubiera problemas de cobertura, y ponía límites a las emisiones de CO2. Si el Parlamento Europeo lo decide, volverán las subvenciones en forma de pagos por capacidad al gas, al carbón y las nucleares sin reparar en las emisiones.
Nadie ha pensado en la protección de los consumidores finales
Cuando el consumidor creía que los pagos por capacidad, como costes reconocidos que han supuesto una millonada no auditada en los peajes, habían desaparecido para siempre, ahora volverán para incrementar las facturas. El consumidor final cargará con el coste de las inversiones que ya están reclamando las grandes eléctricas en redes, ampliación de nucleares, infraestructuras gasistas y de hidrógeno, sin estudios de demanda o análisis de costes y beneficios a que obliga la nueva directiva de eficiencia energética. No querían intervencionismo, pero se garantizan las ayudas y los ingresos suficientes para una década.
Si el mercado mayorista va a seguir igual, el pool eléctrico sigue siendo un coto cerrado a la demanda y se mantienen las barreras regulatorias y no regulatorias a la eficiencia energética y a la generación distribuida o de proximidad, parece ofensivo decir que el acuerdo sobre el mercado eléctrico europeo va a beneficiar a los consumidores con precios estables. Todo lo contrario, si no se cambia lo acordado, los consumidores están ahora más desprotegidos que en 2022 ante una futura escalada de los precios energéticos. Y más cuando el BCE y el eje franco-alemán se dispone a poner fin al escudo anticrisis con nuevas reglas fiscales en 2024.
Reducir la dependencia de los combustibles fósiles, exceptuando el gas natural y abriendo los pagos de capacidad a todas las tecnologías es un objetivo ilógico que solo induce a que se piense que la neutralidad en carbono se va a cumplir cuando, en realidad, lo que se asegura es la neutralidad tecnológica para contentar a todos. Las reiteradas referencias a la protección de los consumidores y el medio ambiente no tienen credibilidad al mantener un diseño del mercado que sigue anteponiendo los intereses nacionales a una política energética común, la oferta a la demanda y el consumidor pasivo al consumidor activo.
El problema de la falta de liderazgo europeo
Si el liderazgo europeo en la lucha contra el cambio climático ya se perdió en la cumbre del clima de Glasgow en 2021 con la taxonomía que convertía el gas y la nuclear en energías verdes, la cumbre de 2023 en Dubai no lo va a recuperar por las contradicciones del Objetivo 55 sobre el uso de los combustibles fósiles y la energía nuclear.
Al mismo tiempo que se ha acordado no tocar la conformación de precios del mercado mayorista, el Consejo Europeo aprobó su posición negociadora para la COP28 basada en librar al sector energético de combustibles fósiles en 2050, un sistema eléctrico descarbonizado en 2030 y la eliminación progresiva de subvenciones a los combustibles fósiles. La contribución de la Unión Europea (NDC) incluirá las medidas del Objetivo 55 para reducir las emisiones un 55% en 2030 y la neutralidad climática en 2050.
El Fondo Monetario Internacional acaba de advertir que cumplir los retos climáticos disparará la deuda pública entre el 45% y el 50% del PIB. Los “halcones” del BCE, del Bundesbank y de los países “frugales” del norte de Europa tienen un buen argumento para retardar aún más la transición energética. Es la situación en la que el perfil de Úrsula von der Leyen no ayuda a recuperar la credibilidad europea, lo que deja a Francia y Alemania la última decisión. Como ahora, como siempre.
Javier García Breva es presidente de N2E y consultor especializado en energía, así como miembro del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.
Miguel
25/10/2023