La relevancia de la regulación en el mundo de la energía es muy alta y prueba de ello es que no hay día en que los medios no informen de alguna modificación substancial de la misma ocurrida en algún lugar del mundo.
Si bien los inicios de la industria energética, principalmente la eléctrica se debieron a inversiones privadas, también desde el primer momento las administraciones tanto municipales como nacionales regularon la actividad, bien concesionándola por un periodo de tiempo, bien otorgando derechos de explotación de los recursos naturales o bien resolviendo permisos de paso a sus infraestructuras.
A lo largo de la primera mitad del siglo XX la industria creció varios múltiplos de 10 y después de la Segunda guerra mundial en muchos de los países contendientes fue privatizada facilitando que los respectivos Estados dedicasen ingentes cantidades de dinero a su reconstrucción.
A finales de los 80 y con el advenimiento de las tendencias impulsadas por los economistas formados en la Escuela de Chicago, el sector no es ajeno a las propuestas que devuelven a sus orígenes las actividades desvinculadas de las redes tales como la generación o la comercialización.
Con la liberalización, lejos de reducirse y simplificarse, la regulación sectorial se sofistica a niveles estratosféricos y la presencia del Estado se hace más patente a la vez que indispensable.
A día de hoy, el sector energético en general y el eléctrico en particular son receptores de un tejido regulatorio inextricable y es del todo imposible pretender que desde la simplicidad a que obliga un artículo periodístico o un comentario aportado en una tertulia al uso en los medios radiofónicos o televisivos, pueda elaborarse de forma eficiente una explicación entendible de los principios y consecuencias de este entramado normativo.
Preguntas tales ¿cómo es posible que la electricidad se transfiera instantáneamente (o casi) del punto de generación al de consumo, que en esta transacción intervengan tantos agentes a la vez (generadores, transportistas, distribuidores, comercializadores, operadores de sistema y de mercado) y que cada uno cumpla con sus obligaciones técnicas y económicas y además sean resarcidos de sus derechos? Solo pueden responderse de manera comprensible y sin entrar en las dificultades derivadas de la comprensión de los fenómenos físicos asociados diciendo: con una buena regulación.
Aún más mágico parece que sea un escenario como el de la Unión Energética promovido por la Unión Europea en el que los 27 países que la forman (post Brexit) aceptan eliminar todas las barreras para que la energía y en particular la electricidad fluya a través de todo el territorio comunitario desde el punto de venta o inyección al sistema hasta el punto de entrega o de consumo.
En este caso, el milagro se está logrando gracias a la implantación progresiva de una buena regulación de ámbito europeo que debe ser aplicada en todos los Estados miembros y que, con ella, se armonizan aspectos del mercado eléctrico europeo como la simultaneidad de sus cierres o las transacciones transfronterizas.
Evidentemente también debe aprenderse de las experiencias fallidas que se desprenden de malas regulaciones o regulaciones inexistentes. Es el caso del Estado español. Hubo mala regulación cuando se permitió que se acumulase una deuda de 30.000 millones al no pasar a tarifas el coste del servicio eléctrico.
Esta deuda la estaremos pagando y con intereses durante la próxima década. Hubo mala regulación cuando se modificaron de forma retroactiva los derechos de los inversores en energías renovables, situación que ha otorgado al Reino de España el triste honor de ser el campeón en denuncias ante el organismo de la defensa de inversiones, el CIADI organismo del Banco Mundial.
Hubo mala regulación cuando se transpuso incorrectamente la Directiva de eficiencia energética y su resultado ha sido una barrera a toda inversión de autoconsumo. Ha habido también mala regulación en España cuando se ha alcanzado una sobrecapacidad en las instalaciones de gas y de electricidad de más del 30%, sobreinversión que como en otros casos de infraestructuras fallidas, (almacén Castor, Radiales, Túnel AVE Pirineos) serán los consumidores quienes, directamente o indirectamente asumirán estos fallos de regulación.
La buena o la mala regulación son pues la carta de presentación de los países que funcionan o de los que afrontan graves crisis. Escoger a quienes hagan la regulación nos corresponde a los ciudadanos. Luego, no nos quejemos.
Jordi Dolader es senior partner de MRC Consultants y presidente del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.
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