Si en algo están de acuerdo todos los consumidores españoles es que la electricidad es cara y que las eléctricas ganan demasiado. Por ello, una iniciativa como la de la alcaldesa de Barcelona queriendo crear una nueva eléctrica tiene buena prensa y merece la aprobación de la mayoría de sus conciudadanos.
Pero si bien toda nueva iniciativa de mayor competencia en el sector eléctrico español debería ser bienvenida, que un municipio, aunque sea importante como el de Barcelona, sea el impulsor de la creación de una nueva empresa pública dedicada a la comercialización de la electricidad no parece que vaya en dirección adecuada.
Se ha explicado hasta la saciedad que la factura final que recibe el consumidor de electricidad cubre tres costes bien diferenciados y que de forma aproximada se pueden identificar como un tercio cada uno del importe final: el propio coste de la energía eléctrica cuyo valor se crea de forma horaria en el mercado ibérico consecuencia del cruce de la oferta y de la demanda y que oscila cada cierto periodo de tiempo como consecuencia del tipo de tecnología que domina; los costes de acceso que deberían retribuir a los activos involucrados en las infraestructuras eléctricas que se precisan para unir microsegundo a microsegundo la oferta y la demanda (y que se han prostituido agregándoles todo tipo de otros cargos regulatorios como el de los apoyos a las energías renovables) y tres; los impuestos que la actividad soporta como el impuesto eléctrico, el IVA y otros impuestos subsumidos en los otros dos conceptos como el impuesto a la generación eléctrica.
La iniciativa de la alcaldesa de Barcelona no puede modificar ni los impuestos a que está sometida la actividad sectorial, ni los costes de acceso que se están generado en los monopolios naturales tales como el transportista único de la electricidad en España, Red Eléctrica de España, ni a los cinco distribuidores que se agrupan en la Patronal UNESA, ni el más de un centenar de otros pequeños distribuidores que reúnen las organizaciones ASEME y CIDE, ni el resto de cargos regulatorios cuyo responsable es el Ministerio de Industria.
¿Qué le queda pues a la iniciativa de Colau? Solo la compra y venta de electricidad en el mercado liberalizado, ya que la venta a tarifa regulada queda limitada a las comercializadoras que están habilitadas para vender al llamado Precio de Venta del Pequeño Consumidor, eufemismo que permite que unos 14 millones de consumidores españoles no cumplan lo estipulado en las Directivas europeas.
En realidad, la Directiva contempla una tarifa protegida llamada de último recurso que no tiene nada que ver con el PVPC sino más bien con la tarifa subsidiada española que atiende a las familias con todos sus miembros en el paro y con ingresos mínimos llamada bono social.
Pues bien, en este contexto, a lo máximo que puede pretender esta nueva empresa, es a vender electricidad a los consumidores que la elijan a un precio algo mayor a que logre comprar a los generadores o al mercado mayorista. Como se tratará de una empresa pública, el peligro de manipulación política de sus recursos es obvia y el de colocaciones de personal a dedo, que nos sitúa en un “déjà vu” que creíamos olvidado.
Si encima y como se dice en su declaración fundacional, se quiere ser paladín de atender a la pobreza energética sin acudir a la pólvora del Rey típica que viene siendo, “que paguen las eléctricas que ganan demasiado dinero”, estamos ante una iniciativa de difícil viabilidad o, que, como en tantas otras ocasiones, se tratará de una empresa pública con pérdidas que deberán ser sufragadas por los ciudadanos de Barcelona, como una tasa más.
No parece pues muy afortunada esta iniciativa, aunque se venda como una fórmula para superar los oligopolios al uso y se quiera ser puntero en la defensa de los derechos de los consumidores. Parece que la época del “unbundling” por el que el rol de los poderes públicos y el de los responsables de una determinada actividad era mejor separarlos, se ha terminado. Vuelen los aires de recuperar la actividad desde lo público. Veremos en que quedan todos estos fuegos de artificio.
Jordi Dolader es Senior Partner de MSC Consultants y presidente del Consejo Editorial de El Periódico de la Energía.
Casimiro
18/07/2016