Argentina prevé una inversión de 4.000 millones de dólares en energía solar en los próximos cinco años

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Planta fotovoltaica de Terrazas del Portezuelo, en Argentina. FOTO: Ingeteam
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Durante el año pasado, el entusiasmo por las energías renovables en Argentina ha cobrado un gran impulso, primero con la aprobación de una nueva ley de energía renovable, a continuación, con la elección de un nuevo gobierno pro-renovables, y ahora culmina con la licitación del próximo mes de octubre en la que el Gobierno de Mauricio Macri licitará 1.000 megavatios de energías renovables, de los que 300 corresponderán a la energía fotovoltaica.  La agencia estatal de noticias Télam ha anunciado que se espera unas inversiones de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares en energía fotovoltaica en los próximos cinco años.

“Las empresas van a invertir entre 4.000 y 5.000 millones de dólares y generarán unos 2GW de energía adicional para sumar al sistema eléctrico del país”, adelantó Adrián Kolonski, titular de Intermepro, una compañía especializada en soluciones de sostenibilidad energética. Kolonski reivindicó tres valores centrales que facilitan y favorecen la producción de energía solar: “Es limpia, es fiable, ya que tiene un índice muy bajo de fallos, y casi no requiere mantenimiento”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Energías Renovables (CADER), Marcelo Álvarez, asignó particular importancia al actual debate parlamentario en torno al proyecto de ley de generación distribuida, que “beneficiará a industrias y consumidores residenciales, ya que podrán acceder a una tecnología que permitirá inyectar más electricidad al sistema en momentos de mayor demanda”.

Álvarez adelantó además que -si se aprueba esa iniciativa- “tendremos condiciones económicas favorables para la utilización de este tipo de tecnologías, para la creación de 60.000 puestos de trabajo en el país y para lograr mejoras en la cadena de valor industrial”.

El contexto de las iniciativas en materia de energía solar está determinado -en parte- por la Ley 27.191, que se sancionó en 2015 y que apuntó al Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables, en el que el Gobierno Nacional declaró “de interés nacional la generación de energía eléctrica a partir del uso de fuentes de energía renovables con destino a la prestación de servicio público como así también la investigación para el desarrollo tecnológico y fabricación de equipos con esa finalidad”. La ley estableció un objetivo de generación renovable del 8% para el 2018 y del 20% para el 2025“.

Asimismo, con los contratos de RenovAr, se propuso mejorar y ampliar la generación eléctrica a través del uso de fuentes renovables y limpias que contribuyan al cuidado del medio ambiente, y la sustitución de combustibles fósiles. Allí se inscribe la decisión de incorporar 300 megavatios solares al sistema nacional.

Kolonski se mostró muy confiado en que “se podrá lograr financiación a largo plazo, lo cual hará aún más atractiva la inversión” para empresas y usuarios domiciliarios. “El desarrollo de la energía solar vendrá a través de plantas fotovoltaicas y generación distribuida por medio de empresas y particulares”, explicó.

El presidente de CADER consignó que “actualmente, sólo tres provincias del país cuentan con normativas para que usuarios particulares puedan inyectar energía renovable a la red: Santa Fe, Salta y Mendoza”. Y pronosticó que el sistema podrá incrementar la producción si mejoran las condiciones tarifarias y se generaliza la legislación hacia otros distritos de Argentina.

“Un sistema fotovoltaico de 1,5 KW cuesta aproximadamente 90.000 pesos, por lo cual se recupera la inversión en un plazo de entre 7 y 8 años, con tarifas promocionales a cargo de los Estados locales”, precisó. Aclaró, no obstante, que “las perspectivas serán más alentadoras a medida que se vayan actualizando las tarifas”, situación que posibilitará que “este plazo vaya disminuyendo hasta convertirse en una opción conveniente para usuarios residenciales, comerciales o industriales”.

Los empresarios consultados se refirieron a la denominada “bi-direccionalidad, o sea la posibilidad de entregar a la red energía producida en el hogar”. “El mercado entre privados se irá expandiendo con el paso del tiempo y permitirá una diversificación federal de la matriz energética, tal como ocurre en Chile”, concluyó Álvarez.

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