Política energética

El Gobierno recurre ante el Constitucional la ley 'antifracking' de Cataluña

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Un pozo de shale gas en EEUU.
Un pozo de shale gas en EEUU.

El Gobierno ha acordado recurrir al Tribunal Constitucional los artículos de la ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público en Cataluña por los que se prohíbe la técnica de fractura hidráulica ("fracking") en esa comunidad autónoma.

El Ejecutivo ha decidido, tras recibir el dictamen favorable del Consejo de Estado, que es preceptivo, aunque no vinculante en la presentación de recursos ante el Constitucional.

En la justificación del recurso, el Gobierno explica que el artículo 167.1 de la ley catalana "establece una prohibición -que en la práctica es absoluta- de uso de la técnica de fracturación hidráulica en el aprovechamiento de hidrocarburos" en el territorio de esta comunidad.

Recuerda además que Cantabria estableció en su momento una prohibición análoga que ha sido anulada por el Constitucional.

La normativa básica estatal permite la fractura hidráulica y garantiza, al mismo tiempo, los valores medioambientales, supeditando los proyectos que requieran la utilización de dicha técnica a la evaluación de impacto medioambiental, afirma el Ejecutivo.

Además de la ley catalana que el Gobierno recurrirá ahora al TC, el Parlamento de esta comunidad, con el único voto en contra del PPC, rechazó el pasado 1 de octubre "de manera definitiva" la fractura hidráulica en Cataluña, al considerar que esta técnica de prospección y explotación de hidrocarburos supone "una grave amenaza" para el territorio.

El "fracking" es una técnica por la que se fractura la roca madre y se extrae el gas atrapado en la misma, que lleva años aplicándose en varios países, especialmente en Estados Unidos.

En España, cuatro comunidades autónomas han sacado adelante leyes o acuerdos en sus parlamentos para prohibir el uso de esta técnica: Cantabria, Navarra, La Rioja y Cataluña.

El Tribunal Constitucional declaró el pasado 24 de junio inconstitucional y nula la ley cántabra que prohibía la fractura hidráulica. Estimaba así el recurso del Gobierno y consideraba inconstitucional la norma por invadir competencias del Estado.

La ley del Parlamento de La Rioja que prohibía la fractura hidráulica fue también declarada inconstitucional el 21 de junio.

En julio, el Consejo de Ministros recurrió al TC la ley navarra que prohibía el uso de esta técnica en la comunidad foral.

Hoy, el Gobierno ha hecho lo propio con Cataluña.

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