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El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha afirmado que el Gobierno va a redactar “en semanas” un real decreto ley para regular el bono social eléctrico que pagarán todas las comercializadoras eléctricas “sin hacer exclusiones”.

Nadal, que se ha reunido con todos los grupos parlamentarios, ha destacado que habido unanimidad entre todos los partidos para seguir manteniendo el modelo del bono social, solo que salvando los “escollos” que ha planteado la sentencia del Tribunal Supremo sobre la forma de financiarlo.

El Supremo ha anulado el actual sistema de financiación por hacer discriminaciones entre las empresas que deben pagarlo.

Desde 2013 la financiación del bono social corre a cargo de empresas con actividades de producción, distribución y comercialización, lo que se conoce como “integradas”.

Sobre el papel, se trata de 23 empresas aunque a cada una le corresponde un porcentaje en función de los clientes que tiene.

Así, entre Endesa (41%), Iberdrola (37,9%), Gas Natural (14,7%), HC (3,2%) y Viesgo (2,2%) se hacen cargo del 99% del coste, que ronda los 200 millones anuales.

Ampliarlo a todas las comercializadoras extendería el reparto entre unas 250 empresas.

Según la sentencia, “no se puede discriminar entre comercializadoras”, ha señalado Nadal, que ha concretado que el objetivo del nuevo real decreto será “mantener el bono social eléctrico como hasta ahora”.

Para abordar este asunto, Nadal ha mantenido una reunión con todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados.

Según Nadal, ha habido unanimidad entre todos los partidos para seguir manteniendo como hasta el modelo del bono social, solo que salvando los “escollos” que ha planteado la sentencia del Supremo.

El Gobierno tiene previsto aprobar “en breve” el citado real decreto.

Posteriormente, Nadal ha explicado que la actuación del Ejecutivo se va dividir en dos áreas: por una parte se va abordar el régimen de financiación de esta iniciativa y sus requisitos para poder acceder a él y por otro lado se quiere mejorar la definición para proteger las situaciones de vulnerabilidad.

Respecto a la financiación, el ministro ha señalado que no “quiere merendarse la cena” en referencia a que no va adelantar nada en concreto hasta que las diferentes alternativas se negocien con los grupos políticos.

En relación con la mejora de la definición del modelo actual del bono social eléctrico, Nadal ha señalado que todo se irá negociando con los grupos, ya que “todos tienen en sus programas electorales propuestas en relación al bono social”, que se debatirán próximamente.

Nadal también ha afirmado que, más allá de la negociación con los diferentes partidos, se deben respetar las competencias de las autonomías.

“El modelo debe ser muy respetuoso con las competencias autonómicas y locales”, ha concretado.

En relación al consumidor en situaciones de extrema vulnerabilidad, el ministro ha señalado que es función de las entidades locales y regionales buscar una solución a su situación.

El bono social eléctrico entró en vigor en 2009 y desde 2014 es un descuento del 25% que se aplica sobre el importe de las factura de la luz y que está pensado para determinados colectivos vulnerables: hogares con un potencia inferior a los 3 kilovatios (KW), familias numerosas, hogares con todos sus miembros en paro y jubilados que perciben la pensión mínima.

A cierre de mayo de este año, había 2,4 millones de consumidores acogidos a este bono, lo que supone un descenso del 1 % frente al mismo mes de 2015 y del 17,5 % desde 2010.

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