Bono social y pobreza energética: menos populismo, más realismo

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Jorge González Cortés. FOTO: Gesternova.
Jorge González Cortés. FOTO: Gesternova.

Leo atónito estos días en los medios de comunicación que el nuevo ministro de Energía, Álvaro Nadal, a la sazón hermano del anterior secretario de Estado de Energía, Alberto, quiere que el bono social de la electricidad en España sea soportado por todas las compañías comercializadoras de electricidad. La medida, obviamente, cae simpática entre todos los grupos políticos y supongo que también entre muchos de los electores, pero quizás convendría hacer una reflexión. No, mejor varias reflexiones para saber de qué estamos hablando y quién asumirá realmente ese coste.

  • En primer lugar, no hay duda de que la pobreza energética es un hecho, e independientemente de que afecte a más o menos ciudadanos, es necesario combatir este gravísimo problema.
  • En segundo lugar, debe quedar claro que es un problema social y que por tanto es el Estado quien debe encararlo a través de los Presupuestos Generales, tal y como hace con otros problemas de índole similar.
  • Claramente, se deben repensar las condiciones en las que los ciudadanos puedan acceder al bono social. La renta disponible debe ser decisiva y no la cantidad de hijos o la potencia contratada. Dos familias similares, con viviendas de iguales características, pero en distintos barrios de una ciudad, con diferentes rentas medias, tendrán hábitos de consumo de electricidad parecidos. Pero el porcentaje de sus ingresos destinados a la energía será completamente distinto en cada caso.
  • También es injusto e insolidario que sean la mayoría, la mitad o todos los comercializadores los que tengan que asumirlo, porque es el Estado quien debe hacerlo. Es cierto que es tentador publicar las cuentas de resultados de las cinco operadoras dominantes del mercado, asumir que el resto de comercializadores obtiene resultados tan abultados en sus cuentas y que, por tanto, si se les quita un pellizquito no se van a enterar. Pero no es menos cierto que este razonamiento es más propio de un gobierno populista, al estilo de países poco democráticos, que de un gobierno que se dice liberal y de centro derecha.
    • Si el coste del bono social se reparte entre todos los comercializadores, estos harán lo mismo que con el resto de sus costes, repercutirlos en el precio final de la electricidad, por lo que los paganos del asunto serán los consumidores eléctricos y no el conjunto de los contribuyentes los que ayuden a paliar el problema grave de la pobreza energética. Yendo más allá, podríamos incluso llegar a la situación en la que parte de los comercializadores libres no quieran asumir el suministro de los consumidores domésticos ante el riesgo de tener que hacerse cargo del coste de su electricidad lo cual pondría en situación de indefensión y de injusticia a muchos consumidores.
    • Si además se aplica un criterio de reparto similar al del Fondo Nacional de Eficiencia, los comercializadores asumirán el coste del bono social independientemente de que tengan o no clientes en situación de pobreza energética.
  • Eso sí, al margen de decidir quién debe asumir el coste del bono social, sería imprescindible reducir los costes del sistema con una revisión profunda de todos aquellos costes regulados que, durante la última década, por la que han pasado gobiernos de todos los colores, se han disparado y han contribuido a agravar el problema en cuestión. En línea con la escasa rigurosidad de los planteamientos del gobierno podríamos decir que el problema del bono social se solucionaría, por ejemplo, partiendo por la mitad los costes de interrumpibilidad que el sistema otorga a la gran industria. Si de los 500 millones de la partida de interrumpibilidad quitamos 250 y los pasamos al bono social, “voilà”, habremos resuelto el problema de un plumazo. Para esto no hace falta haber estudiado en Harvard.

Hasta aquí las reflexiones de partida. Si mantenemos el tono demagógico de la propuesta de Nadal, podríamos decir que la carencia de alimentos de algunos colectivos debía ser suplida por las empresas que venden dichos alimentos, que los hospitales deberían proporcionar sanidad gratuita a aquellos que no pudiesen permitirse pagarla y que los hoteles deberían cobijar a las personas sin hogar cuando sus habitaciones no estuviesen ocupadas por huéspedes de pago, por poner ejemplos absurdos pero ilustrativos de la incoherencia.

El gobierno de esta manera ejerce de Robin Hood al estilo populista de los que entraban en Mercadona y se apoderaban de los alimentos que consideraban de justicia. Cambiamos arroz por kilovatios hora de energía, pero la actitud es similar, con la diferencia de que el gobierno cuenta con el Boletín Oficial del Estado para dictar normas, independientemente de que estas sean razonables, poniendo -como es costumbre en el sector eléctrico- la seguridad jurídica en entredicho.

Las empresas comercializadoras pagan impuestos como el resto de empresas y es el gobierno el que debe decidir qué hacer con el dinero recaudado, pero cargar indirectamente a los consumidores eléctricos con la responsabilidad de resolver un problema social es absolutamente injusto.

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