Cataluña, indignada con el pago a ACS por el almacén Castor

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El consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig. FOTO: EFE
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El consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig. FOTO: EFE
El consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig. FOTO: EFE

Ya lo habían anunciado hace unos días, pero tras conocerse que el Gobierno ya ha pagado a través de Enagás y gracias a un crédito de un pool bancario, la indemnización a Florentino Pérez, presidente de ACS y matriz de Escal, la encargada del almacén hasta hace unos meses.

ACS ya tiene los 1.350 millones de euros, y eso ha indignado al Gobierno catalánEl portavoz de la Generalitat y consejero de la Presidencia, Francesc Homs, ha admitido su “indignación y estupor” ante la “escandalosa” indemnización que aprobó el Gobierno a la concesionaria del almacén de gas Castor, una medida que ha sugerido que se ha intentado hacer “por la puerta de atrás”.

“Lo encuentro escandaloso. No se entiende de ninguna de las maneras. Tengo la sensación de que intentaban hacerlo un poco por la puerta de atrás; no es un acto de transparencia que hace que sepamos todo esto. Me genera estupor e indignación”, ha dicho en declaraciones a Rac1.

“Nosotros creemos que hay recorrido para hacer las cosas de otra manera, seguro, y no pagar de manera tan inmediata”, ha señalado el conseller de Presidencia. 

Recurso

Esa manera distinta de hacer las cosas conlleva que la Generalitat impondrá un recurso por la indemnización. El consejero de Empresa, Felip Puig, ha anunciado que el gobierno catalán ultima un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley por el que se ha abonado la indemnización de 1.350 millones de euros a Florentino Pérez.

Según ha detallado el conseller, el Consejo de Garantías Estatutarias trabaja en los estudios previos preceptivos para presentar el recurso que, según ha detallado Puig, se basará en tres puntos.

“En primer término, negligencia de contrato” ya que, según el consejero, el documento contractual presenta numerosos defectos y “repercute únicamente en beneficio de la empresa concesionaria”.

En segundo lugar, “no se han estudiado los riesgos” que suponía implantar esta industria sobre el territorio por lo que: “estamos ante un problema de posible negligencia también a la hora de hacer proyectos y estudios sísmicos que parece que no se hicieron. No tenemos aún toda la información del expediente”, ha remachado.

Por último, el recurso se basará también en la “valoración que se hace de la infraestructura, que se le da un valor del 100 % de la inversión”.

“Una infraestructura que no se pone en servicio -ha asegurado- debería tener un valor residual muy reducido. Una indemnización que se hubiera basado en este valor debería haber sido de coste cero o del 10%. Ellos aplican un elemento jurídico dudoso que es hibernarlo para pagar este 100%”, ha subrayado el consejero.

Puig ha lamentado “las decisiones incongruentes del Estado español” ya que: por un lado suspende el decreto contra la pobreza energética y, por otra parte, corre mucho para atender la indemnización por Castor“.

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