Crean una plataforma de afectados por el Castor para reclamar indemnizaciones

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Almacén de gas Castor.
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La Plataforma de Afectados por el Proyecto Castor se personará como acusación particular en el proceso de instrucción penal abierto contra los responsables del almacén de gas situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) para reclamar indemnizaciones por los seísmos registrados en la zona.

Según fuentes del colectivo, esta plataforma (Aplaca) atribuye los terremotos detectados en municipios del norte de Castellón y del sur de Tarragona a la inyección de gas colchón a la planta, y estiman en 40.000 el número de perjudicados potenciales por el millar de terremotos que sacudieron la zona en septiembre de 2013.

La Plataforma ha sido presentada oficialmente en un acto celebrado en el Casino Antiguo de Castellón, en el que sus responsables han señalado que recurrirán a la vía civil en el caso de que no haya sentencia condenatoria tras el juicio del caso Castor.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga las presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto gasístico a la mercantil Escal UGS, inició el pasado octubre la ronda de declaraciones de los acusados.

El objetivo prioritario del colectivo es “reclamar, como perjudicados, las indemnizaciones derivadas de los hechos delictivos a los que puedan ser condenados los ahora investigados”, ha indicado Carlos Villacorta, el abogado que asumirá la representación de los afectados.

Una reciente resolución del Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs reconoce el derecho de los ciudadanos a personarse como acusación particular, advirtiendo que lo han de hacer bajo una misma dirección letrada.

Esta resolución es la que ha motivado la constitución de Aplaca, que ha iniciado una campaña para promover la adhesión de aquellos ciudadanos que quieran sumarse a la causa, ha informado el presidente de la entidad, Joan Ferrando, miembro a su vez de la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sènia, la asociación que presentó una petición al Parlamento Europeo para parar la planta de almacenamiento de gas.

El presidente de Aplaca recuerda que en dicha resolución el juzgado es “contundente” a la hora de reconocer el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por los daños materiales e inmateriales que pudieran haber sufrido por la inyección de gas sobre la plataforma Castor.

Por su parte, el abogado Carlos Villacorta ha incidido que las condiciones que fundamentan “esta oportunidad de defensa de los ciudadanos” están basadas “en la causalidad entre la inyección de gas a alta presión en el subsuelo del Castor y los más de mil seísmos registrados” sobre la que, dice, “no parece que pueda plantearse ninguna duda razonable”.

El presidente y portavoz de Aplaca ha concluido: “No queremos quedarnos frustrados viendo cómo cobran sólo los poderosos, cómo a quien ha hecho daño en quince días le dan 1.500 millones de euros”, ha indicado en alusión a la indemnización de Industria a Escal UGS -participada en más de un 66% por ACS- por el cierre de la planta.

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