El Gobierno de Castilla-La Mancha remite a las Cortes la ley ‘antifracking’

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El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo.
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El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado el proyecto de ley por el cual se impide la práctica del fracking en la región y ha acordado remitir esta normativa a las Cortes autonómicas, con lo cual se iniciaría su tramitación parlamentaria.

“A partir de ahora los grupos parlamentarios se tienen que poner de acuerdo sobre un proyecto de ley que debe aprobarse en Castilla-La Mancha con el máximo consenso”, según ha asegurado el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno.

Asimismo, ha confiado en que a partir de ahora, a nivel nacional, “se den los pasos necesarios para que esta práctica se prohíba en toda España” ya que, según ha explicado, la competencia en materia de energía es una competencia estatal y debe de ser el Congreso de los Diputados quien prohíba esta práctica en España.

En todo caso, ha señalado, “desde Castilla-La Mancha damos el paso necesario y dificultamos esta técnica hasta tal punto que será muy difícil que haya fracking”.

Igualmente, ha explicado que, una vez aprobado, “previsiblemente, esta primavera” se elaborará un Plan Estratégico para delimitar las exigencias a las empresas que quisieran realizar fracking en Castilla-La Mancha.

Ha indicado que entre los inconvenientes para el desarrollo del fracking está que es “muy exigente” desde el punto de vista de la utilización de agua y, evidentemente, “en Castilla-La Mancha hay muchas cuestiones pendientes en materia hídrica”.

En cualquier caso, el consejero ha recordado que “la energía es competencia estatal” y, por tanto, se ha extremado la prudencia desde el Gobierno regional para impedir la técnica en la práctica a través del “endurecimiento de los requisitos medioambientales”, teniendo en cuenta el precedente de las comunidades autónomas que la prohibieron y que la Justicia no permitió.

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