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El Tribunal Constitucional (TC) alemán ha declarado ilegal el impuesto que gravó entre 2011 y 2016 los elementos combustibles usados por las centrales nucleares, que en ese periodo pagaron 6.285 millones por ese concepto.

El Constitucional, en respuesta a una demanda que presentó la eléctrica E.ON, rechaza en su sentencia que el Estado federal y los estados federados tengan competencias para crear ese nuevo impuesto, que no puede considerarse un impuesto al consumo porque grabó el uso empresarial de un medio de producción.

Desde comienzos de 2011 las nucleares se vieron obligadas a pagar 145 euros por cada gramo de elementos combustibles nuevos que se utilizaran en los reactores.

El impuesto se aprobó antes de la catástrofe de Fukushima (Japón) de 2011, cuando el Gobierno de Angela Merkel decidió establecer un plan para el cierre gradual de las centrales en funcionamiento en el país y consumar el apagón nuclear a más tardar en 2022.

La desconexión progresiva de reactores en el periodo de vigencia del impuesto hizo al final que los ingresos del Estado por el citado impuesto, creado con el objetivo de consolidar las cuentas públicas, fueran inferiores de lo previsto en un primer momento.

Según las cifras de las empresas obligadas a abonar el impuesto declarado hoy inconstitucional, E.ON pagó alrededor de 2.800 millones de euros por ese concepto; RWE, 1.700 millones; y EnBW, 1.440 millones.

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